Son dos pesos pesados de la institucionalidad del Estado. Ambos tienen amplios conocimientos del derecho. Los llaman ‘los intocables’, por el poder de los entes de control que dirigen. A pesar de que hasta hace poco estaban en sintonía en la lucha contra la corrupción, acaban de partir cobijas en cuanto al proceso de paz. El procurador Alejandro Ordóñez, y el fiscal Eduardo Montealegre, se pusieron en guardia desde orillas opuestas. El primero, para advertir que no puede haber participación política de los guerrilleros que han cometido delitos graves, y el segundo, para defender la tesis de que es posible sacrificar algo de justicia a cambio de la paz. Cada postura deja claro que el pulso para abrir el espacio político a las Farc, en caso de que dejen las armas, no va a ser tranquilo. Todo comenzó cuando Ordóñez presentó un concepto jurídico en el que pidió a la Corte Constitucional que se declare inhibida para pronunciarse sobre el marco legal para la paz. Esta reforma constitucional, que busca allanar el camino para que a los guerrilleros se les suspendan las penas si dejan las armas, está actualmente demandada. El concepto de la Procuraduría pidió, en caso de que la Corte se pronuncie sobre el fondo de la norma, que declare inexequibles las expresiones que permiten seleccionar para proceso judicial solo los casos más graves de violaciones a los derechos humanos. Para el procurador esto podría significar que ningún guerrillero pague cárcel.Pasaron solo unos días y Montealegre le reclamó de manera inusual el pasado 9 de abril que se sumara a la marcha a favor del proceso de paz. De hecho, durante la jornada a favor de las víctimas se paró frente a la Procuraduría y dijo: “Extrañamos la presencia del procurador… Para el país es muy importante que se acerque a la paz y que escuche el clamor nacional. Yo le pido que entienda que su papel en este proceso histórico es fundamental”. Horas antes, había asegurado que a los guerrilleros se les debía dar penas alternativas para que participen en política, que la prisión no es la única forma de hacer justicia y aseguró: “En este momento no existe ninguna condena contra un miembro del secretariado por delitos de lesa humanidad”, con lo que dio a entender que ellos podrían participar en política.La respuesta no se hizo esperar. El procurador, quien se encontraba en Washington, se declaró a sí mismo el “polo a tierra” del proceso de paz frente al “entusiamo”. “No se pueden sacrificar las víctimas en el altar de la impunidad”. Luego, en directo, increpó al fiscal: “¿Los comandantes de las Farc, los responsables de genocidios, pagarán siquiera un día de prisión? El fiscal ha dicho tranquilamente que no”. Añadió que es una caricatura de la Justicia hacer una investigación, imponer una sanción y después suspenderla. “Eso hay que decirlo con toda claridad al país: se trata de unos escenarios de impunidad”.  Y al final, le puso una cereza al pastel cuando dijo que el fiscal no fungía como el jefe de la entidad investigadora sino como ministro de Santos.De esta manera los representantes, del ente investigador y del ministerio público, marcaron su territorio justo ad portas de que el Consejo de Estado resuelva si el fiscal debe quedarse otros tres años o termina su periodo. El debate entre fiscal y procurador dejó al descubierto que si la discusión política en La Habana no ha sido fácil, la salida jurídica todavía es un atolladero.  A los dos se les fue la mano, al fiscal por sentar una posición que parece más política que jurídica, en un momento en que en La Habana ni siquiera se ha comenzado la discusión sobre cómo será la participación política de los guerrilleros, y al procurador por considerar que el proceso va camino a la impunidad. El enfrentamiento no solo evidenció dos visiones antagónicas sobre el proceso de paz, sino que puso en él un debate más profundo: qué tanta tolerancia tendrá la sociedad con exguerrilleros en la actividad política y hasta dónde la Justicia se puede soslayar. Las preguntas quedaron abiertas.