Privados de la libertad, aunque sea de manera transitoria, como ocurre en un Centro de Detención de Montería (Córdoba), las personas allí recluidas permanecen en condiciones infrahumanas.
En una región con temperaturas que superan los 34 grados centígrados, promedio que se ha desbordado en medio del fenómeno de El Niño, en su fase calurosa, los retenidos en el lugar se quejaron ante la Defensoría del Pueblo, entidad que ahora denuncia la grave situación que allí están viviendo.
El hacinamiento es monumental. Mientras la capacidad del centro de detención transitoria es para 30 personas, hay más de 98, lo que implica que se supera el 225 %.
En consecuencia, todos los servicios están colapsados, según pudo establecer la entidad que hace parte del Ministerio Público y se encarga de defender los derechos humanos de las personas.
Los hechos que están sucediendo fueron corroborados por la Defensoría, luego de una visita de inspección en la que el defensor Carlos Camargo escuchó a los detenidos, quienes le manifestaron la precariedad del servicio de agua, las dificultades con el transporte cuando deben acudir a una cita médica o la falta de idoneidad del cableado eléctrico. Pero esas dificultades serían lo de menos, en comparación con la inexistencia de un sistema de ventilación en una región extremadamente calurosa y húmeda como lo es la capital cordobesa.
Es decir, “los hallazgos que vulneran los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad”, según confirma la Defensoría.
Que no sea una tragedia anunciada
Camargo enfatizó en que la visita realizada busca evitar que ocurra una tragedia, por lo cual hace un llamado a las entidades competentes para que “pongan en marcha medidas reales y de fondo que permitan solucionar la problemática que atenta contra la dignidad humana”, sostuvo Camargo.
El funcionario expuso sus impresiones, luego de conocer de primera mano la situación que viven los detenidos, y dijo que encontró una radiografía de lo que ya ha venido denunciando esta entidad. “Hay una vulneración de los derechos fundamentales de los detenidos, la gran mayoría, si no todos, en condición de sindicados”, asegura.
Están de paso, pero duran dos años
En un centro de detención transitoria, se supone que llegan los casos, pero para que se resuelvan rápidamente, es decir, si el implicado cometió el delito que se imputa, deberá ir a la cárcel y a juicio, y si no, tendrá que ser absuelto. No obstante, en Montería, permanecen durante dos años, a veces durante varios meses, sin que evolucionen los procesos judiciales por los cuales fueron retenidos.
La situación se desató luego de la pandemia, teniendo en cuenta que en las cárceles no se podía tener tanta gente en un solo espacio, con lo cual los centros de detención transitoria fueron opción para distribuir a los detenidos.
Pero ahora, el panorama se ha vuelto más lúgubre, pues los detenidos permanecen largos períodos en el sitio de reclusión, donde no funcionan las puertas de los baños, entre otras. Hay que recordar que los sindicados de delitos, según la ley, no pueden superar las 36 horas en un centro de esta naturaleza.
Insólito
Dentro de lo que pudo establecer la Defensoría, en el centro de detención casi no hay agua y, cuando llega, lo hace con baja presión, por lo cual “los mismos detenidos decidieron comprar, con la ayuda de sus familiares, una motobomba; aun así, no hubo mejoras. Los voceros de las personas privadas de la libertad manifestaron tener dificultades para que trasladen a las personas que lo requieren, a los centros de salud. El internet, necesario para las audiencias virtuales es deficiente. En el momento de la visita defensorial, se cayó la señal y no fue posible restablecer una audiencia que era llevada a cabo”, dice el informe de la entidad.
¿Cuál es la alternativa?
Es claro que en Colombia el sistema penitenciario tiene grandes deficiencias. En el caso de la situación de Montería, según la Defensoría, se necesitaría juntar los esfuerzos de las administraciones locales, ahora en el arranque con nuevos mandatarios, con el apoyo nacional. La situación trasciende, más allá de este caso, pues ya ha habido denuncias en otras zonas del país. Lo que está en juego son los derechos fundamentales de las personas detenidas, lo que podría ser una bomba a punto de estallar.