Este domingo 9 de junio se vivieron momentos de angustia en el Parque Nacional, ubicado en Bogotá. Un bebé de tan solo tres meses de edad se vio tan mal en su estado de salud que la comunidad indígena Emberá que está asentada allí desde hace varias semanas, llamó una ambulancia para que la atendieran.
“Al iniciar la valoración, el equipo de salud se encontró con una menor de edad de 3 meses, con rigidez y pupilas midriáticas. El médico regulador confirmó menor fallecida y solicitó apoyo por parte de Policía y Red de Emergencias para atención en el lugar”, dijeron desde la alcaldía en un comunicado.
El cuerpo de la pequeña se encuentra en Medicina Legal, hasta allí fue trasladada por funcionarios de la Fiscalía General de la nación, donde se le realizará la autopsia para determinar la causa de su muerte.
El distrito advirtió que la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Policía y el Instituto Colombianos de Bienestar Familiar Icbf, brindan acompañamiento a los padres de la menor, quienes deberán acudir a la Fiscalía de Puente Aranda para presentar entrevista ante fiscal, y se les entregará el acta para poder retirar de Medicina Legal el cuerpo de su hija.
“La administración distrital expresa sus condolencias a la familia de la menor y su comunidad; además, reitera su compromiso de seguir implementando acciones de atención y cuidado”, se lee en el comunicado.
De igual manera insisten en el llamado al Gobierno Nacional para seguir en un trabajo mancomunado para la atención integral de la comunidad Emberá y que se realicen todas las acciones necesarias que permitan un retorno efectivo y seguro a sus territorios ancestrales.
Sin embargo, es importante aclarar que en sus territorios también se están muriendo los niños de estas comunidades. En promedio dos al mes, solo en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, fallecen por malaria y/o desnutrición, tal cual lo reveló SEMANA en un informe especial realizado recientemente.
históricamente las cifras de niños que mueren en Pueblo Rico son alarmantes. Tanto así que en junio de 2018 se profirió la sentencia T-187 que reconoce la vulneración de los derechos de esta población en cuanto al acceso a medidas de salud, seguridad alimentaria y nutricional, agua potable, entre otras.
En el primer año de la sentencia murieron 27 niños menores de 5 años, de los cuales 17 no alcanzaron a cumplir un año de vida. En 2019 el panorama empeoró porque murieron 30, 14 de ellos menores de un año, y los otros no alcanzaron a vivir los cinco. En 2020, murieron 17 niños durante la primera infancia. En 2021, la comunidad tuvo que despedir a 20 pequeños menores de 5 años y el siguiente año a 13. En 2023 las cifras volvieron a dispararse a 28; a la mitad de ellos no les alcanzaron a celebrar su primer cumpleaños.