Los abogados de Andrés Camilo Sotelo evalúan acciones legales luego de que un juez de control de garantías lo dejara en libertad por falta de pruebas. En un inicio, el joven detenido y señalado por la Fiscalía General de ser el autor del crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del inspector de la Policía Nacional, general William Rincón.

El abogado Saúl León, quien asumió el caso mientras la Fiscalía se disponía a pedir la medida de aseguramiento, señaló que se está estudiando la posibilidad y viabilidad de radicar una demanda en contra del ente investigador. En la acción judicial se argumentarán las “graves fallas” que se presentaron en la etapa de investigación y que fueron puestas de precedente por el juez de control de garantías en la audiencia celebrada el pasado lunes 2 de diciembre.

“Se está evaluando demandar al Estado”, explicó el jurista, quien considera que la privación de la libertad por ocho días de Andrés Camilo Sotelo se debió a “irregularidades severas” por parte de la Fiscalía General que, sin evidencia, lo presentó ante un juez para hacerle todo tipo de señalamientos.

Con la demanda, se pediría una “indemnización” por los daños provocados en los últimos días a los familiares de Sotelo, de 20 años.

En las audiencias de imputación de cargos, la Fiscalía General señaló que el joven habría amenazado, golpeado y disparado contra Juan Felipe Rincón, en medio de una discusión registrada en la mañana del pasado domingo 24 de noviembre en el barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá.

Por estos hechos, le fueron imputados los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. El fiscal del caso puso de presente que Sotelo se enfrentaría a una sentencia de 50 años de cárcel de ser hallado culpable por estos gravísimos hechos.

Sin embargo, el pasado lunes, por considerar que existían falencias en los señalamientos y falta de evidencia, el juez de control de garantías ordenó dejar en libertad inmediata a Sotelo, que se encontraba en el Hospital de El Tunal, recuperándose de una cirugía en su pierna izquierda tras recibir un impacto de bala en los confusos hechos.

“Esos elementos los usó la Fiscalía para construir su inferencia razonable, pero no logró sustentarla”, cuestionó el juez. En su argumentación tuvo en cuenta el informe de balística elaborado por investigadores de la Fiscalía General, así como los resultados de la necropsia que envió el Instituto de Medicina Legal.

Igualmente, advirtió que ni el escolta del hijo del general ni Sotelo tenían permiso para portar armas de fuego. El juez cuestionó el hecho de que se le imputara este delito a Sotelo, puesto que varios testigos señalan que él portaba una pistola plateada de balines, es decir, no era de fuego.

Finalmente, se advirtió que muchos de los señalamientos presentados por la Fiscalía General no superaron el grado de inferencia razonable que exige la ley. Hecho por el cual la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario no tenía un soporte.

Frente a esto, ni la Fiscalía ni la Procuraduría presentaron recurso de apelación. Los abogados de las víctimas (los padres del joven Juan Felipe Rincón), quienes se presentaron a la audiencia, pidieron que se revise la decisión.