Horacio Rodríguez Rueda se convirtió en el octavo fallecido por covid-19 en Santander. Su muerte puso en evidencia la gravedad de que el Hospital Manuela Beltrán del Socorro no haya podido hacer la expansión de camas UCI ni resolver el lío jurídico que tiene con IPS Corpo Medical SAS. Cuando necesitaron una UCI para atenderlo, todas estaban ocupadas en el municipio. Horacio tenía 48 años, ingresó a urgencias el 3 de junio con fiebre y síntomas respiratorios, tenía diabetes, hipertensión y obesidad mórbida. Le tomaron la prueba de covid-19 y determinaron que necesitaba manejo médico intrahospitalario. Tres días después llegó el resultado de la prueba, era positivo para coronvirus. Sin embargo, el estado de salud de Horacio decayó definitivamente el 10 de junio a las 2 de la mañana. “Presenta episodios de saturación sin mejoría con maniobras ventilarais no invasivas con riesgo de entrar en falla respiratoria, por lo que se indica la necesidad de traslado a unidad de cuidados intensivos con disponibilidad de aislamiento de contacto y respiratorio para continuar los cuidados y vigilancia de la vía aérea”, informó el hospital.
Pero fue el mismo hospital el que dejó registrado que para el momento en que Horacio requirió la UCI no había disponibilidad, estaban ocupadas por pacientes con otras patologías. “En dicho momento nuestra institución no contaba con cubículo disponible por lo que se encontraba nuestra unidad de cuidado crítico con una ocupación del 100%. Se inician trámites pertinentes de remisión siendo aceptado para manejo en la ciudad de Bucaramanga”, indicó la ESE. El hospital cuenta con cuatro camas UCI para adultos y una para cuidados intermedios, sin embargo, ninguna de esas UCI estaba en el área de aislamiento para covid cuando se agravó el paciente, por tanto el proceso era dispendioso, debían esperar a que una cama se desocupara y trasladar el equipo hacia la zona de aislamiento. La esposa de Horacio envió una carta al hospital diciéndole que sabía que el hospital de Socorro tenía UCI y que por eso no entendía por qué debían remitir a su esposo Bucaramanga, donde no tenía nadie quien la respaldara ni recursos económicos para hacerlo por su cuenta. “En ese momento estaban todos los cubículos ocupados, entonces la clínica San Luis (de Bucaramanga) lo aceptó. Resulta que la familia nos pasa un comunicado, quedó dentro de las anotaciones de la historia clínica, que ellos no tenían a nadie en Bucaramanga para el traslado. Nuestras especialistas lo siguieron manejando en Socorro, pensando que el paciente iba a mejorar, y efectivamente empezó a mejorar en horas de la mañana, pero a mediodía el paciente empieza a desmejorar, tenía enfermedad de base. Cuando se desocupó la UCI la trasladamos al área covid. Al paciente se le hace la intubación y ahí empieza el progresivo deterioro clínico y en ese momento es cuando fallece, pero teníamos la UCI montada en el área”, aseguró a SEMANA Pablo Cáceres, gerente del hospital. Mientras la familia de Horacio asegura que presuntamente hubo negligencia médica, el gerente del hospital dice que la UCI estuvo disponible a tiempo. Sin embargo, hay otro elemento a tener en cuenta, en caso de que lo hubieran remitido a la clínica, entre Socorro y Bucaramanga hay dos horas y media de carretera, así que esta demora también hubiera podido jugar en contra de la salud del paciente. “La carretera son dos horas y media de transporte también hubiera tenido otro desenlace, en el traslado se hubiera complicado”, dice el gerente del hospital.
Justamente por esas dificultades, hay preocupación en el Socorro y en las tres provincias del sur de Santander (Guantenina, Veleña y Comunera) que atiende el hospital Manuela Beltrán, que suman 500.000 personas. El hecho que que el hospital con mayor capacidad de todo el sur del departamento solo tenga cuatro UCI y tenga ocupación del 100 por ciento por pacientes no covid prende las alarmas. La personera María Fernanda Cárdenas envió un oficio a la Gobernación, por la preunta vulneración de los derechos de los socorranos ante la falta de UCI en el municipio que ya cuenta con dos personas fallecidas por coronavirus. “Formalmente no me ha llegado ninguna queja, de igual forma desde la Personería se ha oficiado a la Gobernación resaltando la presunta vulneración de los derechos fundamentales al no contar con servicio de UCI y tener casos por covid-19”, explicó a SEMANA. Hace unos meses en Socorro había 20 camas UCI más, pero en mayo dejaron de funcionar por un proceso jurídico que en medio de la pandemia terminó por agravar la situación. Se trata de la UCI San Gabriel, que aunque funcionaba en las instalaciones del hospital público, era privada, estaba a cargo de la IPS Corpo Medical SAS. El proceso legal es por 5.000 millones que la UCI San Gabriel le adeuda a al hospital Manuela Beltrán. A su vez, a la UCI San Gabriel le adeudan las EPS por el servicio prestado, tienen una cartera de 26.000 millones.
El 30 de abril la UCI San Gabriel dejó de funcionar, sin embargo, en las instalaciones todavía están las camas, sin utilizar, justo en estos momentos en que son vitales. “Mientras no haya un paz y salvo de esa representación legal desafortunadamente no se va a poder buscar una salida jurídica, por eso, está en el tribunal, hay demanda, embargos. Si ellos estuvieran a paz y salvo la UCI estaría funcionando, eso no ha sido negligencia del equipo jurídico. El equipo fue a Socorro, estamos buscando una salida temporal, así no sea una nueva concesión”, explicó el gobernador Mauricio Aguilar a la emisora de Socorro La Nueva Stereo. Tras el fallecimiento de Horacio el mandatario departamental aseguró que próximamente habrá 23 camas UCI para el hospital del Socorro. Sin embargo, hay un problema no menor, esa expansión hospitalaria a la que se refiere Aguilar depende en su totalidad de que el gobierno nacional envíe los ventiladores, lo que depende a su vez del mercado internacional. Así que por el momento Socorro, y por tanto todo el sur del departamento solo tiene 4 camas UCI.