Parece un chiste, pero en un juzgado de la ciudad de Ibagué, hay una tutela de una mujer que asegura ser víctima de espionaje de los Estados Unidos. La supuesta víctima asegura que en su cuerpo fue implantado un dispositivo que rastrea sus movimientos y actividad, por eso pide una millonaria compensación al presidente Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris.
La mujer en Ibagué está convencida de sus pretensiones. Radicó la acción de tutela luego de no obtener una respuesta a un derecho de petición que remitió al presidente norteamericano. Insistió en su solicitud que era víctima de un espionaje y por eso invitaba a las partes a reunirse con el objetivo de llegar a un acuerdo que la misma mujer fijó en 50 millones de dólares.
“Hechos: implantación de objeto extraño en el cuerpo con tecnología de inteligencia artificial. Tengo una prueba en mi cuerpo que demostraré con un examen de espionaje. Vulnerando los derechos de la víctima (…) demanda en contra del presidente de Estados Unidos y vicepresidente (…) demanda en la cuantía por valor de 50 millones de dólares libres de impuestos”(sic), señala el documento con la tutela.
Resulta particular que este tipo de tutelas se presenten, sobre todo cuando se remite a hechos tan absurdos y escasos de rigor como un supuesto espionaje a una mujer en la ciudad de Ibagué. El problema está en el esfuerzo que se requiere para que la justicia tenga que darle trámite. Son funcionarios, leyendo, revisando y tramitando la tutela por los despachos.
Un juez tendrá que dedicar parte de su tiempo para revisar y concluir —seguramente— que los hechos, al parecer vulnerados, no revisten una afectación a derechos fundamentales y, por tanto, no procede la tutela. Es un asunto que se tiene que resolver en derecho y que obliga al juez a ocupar su tiempo y esfuerzo en redactar por qué rechazar la tutela.
Un esfuerzo, tiempo que los jueces podrían dedicar a resolver asuntos serios y que tienen en crisis a ciudadanos, esperando una solución a sus dificultades y que, por responder asuntos tan absurdos como la tutela contra el presidente Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris, se quedan en sala de espera.
En este caso, la mujer que asegura ser víctima de espionaje, advierte que tiene las pruebas para demostrar cómo su cuerpo se convirtió en el vehículo para extraer información “sensible”. Advirtió que remitió, como corresponde, un derecho de petición al presidente norteamericano y no hubo respuesta, dice ella, un “silencio administrativo positivo”.
“Derecho de petición interpuesto Joe Biden, en calidad de presidente de Estados Unidos, y Kamala Harris, en calidad de vicepresidenta de Estados Unidos. El cual fue interpuesto desde septiembre 23 de 2024 y hasta la fecha no he recibido respuesta alguna haciendo caso omiso a mi solicitud, convirtiéndose en un silencio administrativo positivo”, explica la tutela de la mujer.
La tutela pasa a la revisión y en cuestión de días se podría conocer cuál es la postura del juez, si acepta la solicitud de la mujer o rechaza de plano las pretensiones contra el presidente de los Estados Unidos.