Francy Araque, abuela de Any Antonella, una menor de solo siete meses de edad que fue asesinada y presuntamente abusada sexualmente, se encadenó frente al búnker de la Fiscalía para exigir la celeridad del caso que lleva 16 meses sin arrojar resultados.
La abuela de la menor tomó la decisión de encadenarse para protestar y pidió a la Fiscalía que traslade su caso a Bogotá ya que en Bucaramanga, donde se lleva a cabo la investigación, no hay ningún avance.
De acuerdo con el informe de Medicinal Legal, la menor habría muerto por estrangulamiento y en el cuerpo había evidencia de violencia sexual.
“Una doctora le mostró la niña a mi hija, por eso podemos hablar del abuso sexual. Tenemos que ver que hay un pedófilo suelto en las calles, si una persona es capaz de violar una bebé de siete meses es capaz de hacerle daño a cualquier niño”, subrayó Francy Araque.
Por su parte, Nely Patricia Mosquera, defensora de la niñez y quien ha acompañado a la familia en esta denuncia aseguró que es “lamentable” que Francy tenga que llegar desde Santander hasta Bogotá y encadenarse para tener una respuesta por el asesinato y presunto abuso de la menor de parte de su padre.
“La respuesta el 22 de enero de 2022 es que tiene que pagar diez millones de pesos para un peritaje, de resto desde que sucedió el hecho en 2020 no han tenido ninguna respuesta. Hoy acompañamos a Francy y a todos los que han sufrido el flagelo de la violación en Colombia”.
Además, aseguró que en Colombia no se habla de los niños y que simplemente “no les interesan los niños, hoy una vez mas levantamos nuestra voz para pedir justicia por los niños de Colombia, con ellos es ahora o nunca”.
“Apoyamos a esta mujer que hoy pide justicia. Es inconcebible que cada 20 minutos se produzca una denuncia por abuso sexual a niños y que los delincuentes sigan las calles. De 2011 a 2020, 16.350 presos por violencia sexual contra menores de edad quedaron en libertad, es decir que cada 12 horas sale uno de prisión”, afirmó la defensora de la niñez.
Además, de acuerdo con la información de Mosquera, durante 2021 el número de exámenes médico-legales por delito sexual a menores ascendió a cerca de 17.500. “Es una realidad alarmante frente a la que Colombia no puede seguir dando la espalda y que tiene relación con casos como el de Any Antonella”, enfatizó.
Estudio entre jóvenes demostró que el 41 % fue víctima de violencia antes de cumplir la mayoría de edad
Luego de que en el país se conocieran múltiples casos de violencia sexual en contra de niños y niñas en establecimientos educativos, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), urgido por la Presidencia, lanzó el Protocolo de Prevención de Violencia sexual en Entornos Escolares.
Desde la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia se informó que se iniciaría un trabajo en conjunto con las demás instituciones de Colombia para garantizar que este protocolo sea socializado y llevado a la práctica en todos los departamentos y municipios del territorio nacional.
En entrevista con SEMANA, la consejera para la Niñez y la Adolescencia, Carolina Salgado, explicó cómo se pretende desarrollar esta gestión alrededor de las comunidades educativas nacionales, y habló sobre la alianza interinstitucional que enmarca este protocolo y la lucha en general frente a la violencia infantil.
Alianza nacional
De acuerdo con la consejera, la Alianza, que se consolidó en 2019 bajo los parámetros del Plan Nacional de Desarrollo (PND), es desde donde se fundamenta la petición del presidente Iván Duque de trabajar con urgencia frente a los casos de violencia que fueron denunciados en semanas recientes en diferentes establecimientos.
Salgado explica que uno de los pilares fundamentales de esta lucha es el trabajo conjunto y articulado, a través del cual se han adelantado iniciativas que buscan potenciar la eliminación y abordaje de cualquier violencia hacia niños, niñas y adolescentes.
Es así como se emite de parte del Ministerio de Educación, el día 4 de marzo, la directiva número uno de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, que está dirigida tanto a gobernadores, alcaldes y secretarías de Educación, como a entes territoriales, directivos, docentes, orientadores y todos los actores del sector que deben velar por la protección y garantía de la seguridad de los niños y niñas.
“El propósito de esta directiva era, justamente, hacer un llamado a la acción en este marco de corresponsabilidad, donde a cada uno nos corresponde un rol importante de asistir y proteger a los niños y niñas, como garantes”, afirma la consejera.
Según Salgado, esta orientación del MEN exhorta también a atender la normativa que ya existe, haciendo énfasis en el fortalecimiento y la activación de protocolos que deben aplicarse cuando hay situaciones que ponen en riesgo a los niños y niñas, o cuando se ha presentado alguna vulneración.