Las diferentes agencias del Estado se encuentran a la tarea de confirmar la información sobre el posible asesinato de Wilmar Antonio Giraldo Quiroz, alias Siopas, el segundo cabecilla del Clan del Golfo. Al parecer, la muerte del narcotraficante habría sido causada por hombres de la misma estructura criminal que desde la captura y extradición de Dairo de Antonio Úsuga se están disputando la jefatura del Clan del Golfo.

Información de inteligencia daría cuenta que los familiares de Siopas estarían reclamando por el cadáver ante los otros integrantes de la banda criminal, por eso las autoridades están intentando establecer si efectivamente el temido narcotraficante fue asesinado por su círculo más cercano en medio de una lucha sin cuartel por el poder.

Se elevaron los montos de las recompensas para ubicar y capturar a los principales cabecillas del Clan del Golfo y Los Pachenca. | Foto: Ministerio de Defensa Twitter @mindefensa

Interceptación de comunicaciones y fuentes humanas revelarían que los familiares de Siopas ya habrían tenido contacto con otros comandantes de la zona para exigir la entrega del cuerpo sin vida. Sin embargo, debido a lo que ha ocurrido en otras oportunidades, las autoridades quieren confirmar con varias fuentes la muerte del comandante de la banda criminal.

Teniendo en cuenta, además, las estrategias conocidas del Clan del Golfo, que se ha destacado por filtrar información falsa con el fin de afectar operativos y desviar la atención, los agentes de inteligencia y contrainteligencia quieren corroborar lo que ocurrió con alias Siopas.

Es de recordar que, luego de la captura de Dairo Antonio Üsuga David, alias Otoniel, en noviembre de 2021, el Clan del Golfo entró en una guerra interna entre los otros cabecillas que buscaban quedarse con el control de las rutas por el control de narcotráfico.

Hay que mencionar que el Clan del Golfo se encuentra en negociaciones con el Gobierno en el marco de lo que se conoce como el proyecto de la ‘paz total’. Precisamente, el presidente Gustavo Petro ordenó en diciembre del año pasado que la fuerza pública frenara las operaciones ofensivas en contra de dicha estructura criminal y decretó un cese al fuego.

Sin embargo, el Clan del Golfo siguió con sus actividades criminales, entre estos, el secuestro de tres fiscales en Tarazá, Antioquia, y una funcionaria de un juzgado. Estos actos fueron ordenados por alias Gonzalito, el tercer comandante más importante dentro de la estructura criminal.

Incluso el fiscal general, Francisco Barbosa, reveló que el presidente Gustavo Petro le había pedido que fueran suspendidas las órdenes de captura con fines de extradición en contra de Gonzalito.

Dicho secuestro generó un fuerte enfrentamiento entre el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, y el fiscal general. Pues el ministro dijo que Barbosa decidió cerrar la sede de la Fiscalía de Tarazá por el secuestro de los funcionarios judiciales, porque “no había garantías de seguridad para sus funcionarios en esa región del país”.

El máximo jefe del Clan del Golfo, alias Otoniel, hoy preso en Estados Unidos, busca que su organización se suba a la paz total. Ya tienen puntos definidos para negociar.

Hay que mencionar que el pasado 10 de febrero se conoció que un juez de control de garantías, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, emitió órdenes de captura contra los máximos cabecillas del Clan del Golfo, organización criminal dedicada al narcotráfico, secuestro y homicidio, y a la que el gobierno de Gustavo Petro busca le sean levantadas órdenes de captura a sus miembros en el marco de la llamada ‘paz total’.

Las órdenes obtenidas por el ente acusador ahora pesan sobre Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo; Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, alias Siopas; y José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, integrantes del denominado Estado Mayor del Clan del Golfo y señalados como presuntos responsables de contactar e instrumentalizar menores de edad para realizar diversas conductas delictivas en el norte de Antioquia.

“Abundante material de prueba da cuenta de que, entre 2021 y 2023, la organización criminal ha contactado a niñas, niños y adolescentes que se sometieron a procesos de resocialización y reinserción a la vida civil, y los ha inducido para que se vinculen a la subestructura Julio Cesar Vargas”, determinó la Fiscalía General tras las pesquisas.