Marco Antonio Rueda Soto es actualmente magistrado en la Sala Especial de Instrucción y se ha destacado como uno de los togados que más investigaciones han adelantado en contra de aforados (congresistas), participando incluso en decisiones como el Caso Uribe y otros.
Curiosamente, Rueda presentó hace unas semanas una tutela en contra de la sala especial de primera instancia (otra distinta a la que pertenece) por posibles falencias en el juicio que se adelanta contra Musa Besaile, excongresista involucrado en el cartel de la toga y en parapolítica. Pedía, entre otras cosas, suspender la audiencia pública.
En resumen, la decisión involucra tres salas: la Sala de Instrucción, a la que Rueda pertenece y fue quien presentó la tutela; la Sala de Primera Instancia, porque fue contra quien el magistrado Rueda presentó la tutela, y la Sala Civil, que la acaba de negar.
Besaile es investigado por, presuntamente, haberle pagado 200 millones de pesos al entonces magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo Fernández, con el fin de que este suspendiera la orden de captura en su contra en el proceso que se le adelantaba por presuntos nexos con los grupos paramilitares.
Pero en esta situación, el despacho del magistrado Jorge Caldas investiga al exsenador Besaile por, presuntamente, incurrir en el delito de peculado por apropiación. En ese momento, la defensa del excongresista había pedido también aplazar la audiencia que adelantaría la Corte Suprema en su contra, pero el Alto Tribunal negó dos peticiones planteadas por el abogado del exsenador.
La tutela del magistrado Rueda argumentaba, por ejemplo, protección de los derechos al «debido proceso y acceso a la administración de justicia». Pidió que se le enviaran copias del proceso de Besaile a su despacho, con la finalidad de materializar un preacuerdo con él. Además, pedía frenar audiencia pública, entretanto no hubieran “concluido tales negociaciones”.
“Finalmente, (Marco Rueda) enfatizó en que la Corporación que representa es titular del «derecho fundamental al debido proceso», garantía que, en su sentir, «resultó quebrantada (…) al impedírsele (…) celebrar negociaciones con miras a un preacuerdo», debido a que «las decisiones mediante las cuales se concretó la violación de tales derechos fundamentales se les imprimió el carácter de autos de sustanciación, en especial, tratándose de la exclusión de todo recurso para expresar cualquier inconformidad».
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia defendió la legalidad de su proceder y resaltó la inviabilidad del auxilio, toda vez que no observaba «afectación alguna de derechos fundamentales»”.
Al final, la Corte Suprema, a través de la Sala Civil, negó la tutela, entre otras cosas, argumentando que las decisiones que se han tomado están basadas en derecho:
“Significa, entonces, que ningún desatino se advirtió en las determinaciones refutadas, puesto que son el producto de un pormenorizado examen de los hechos; al margen de que se compartan o no tales argumentos, los mismos no pueden tildarse de sesgados o caprichosos, ya que obedecen a una legítima exégesis, avalada por el contexto particular que revelaba el dossier”, se lee en la decisión conocida por SEMANA.
¿En qué va la situación del exsenador Musa Besaile Fayad?
Pues, en primer lugar, cabe recordar que en enero, SEMANA informó que el excongresista saldría de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los dos expedientes en su contra pasarían a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia.
Precisamente, así lo determinó la Sección de Apelación de ese tribunal, que determinó que en efecto el excongresista del partido de La U no entregó información que permitiera la construcción de la verdad en los casos del cartel de la toga y la parapolítica.
En el caso de parapolítica, el exsenador es investigado por el delito de concierto para delinquir agravado, mientras que en el del cartel de la toga por el de concusión (entrega de sobornos).
Besaile, quien fue capturado en septiembre de 2017, se había sometido a la JEP manifestando su compromiso de colaborar con el esclarecimiento de los dos hechos por los que era investigado en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, tras cuatro años, sus aportes no fueron los esperados, relatando lo que ya se conocía en las investigaciones preliminares y lo que estaba en los respectivos expedientes.