Definitivamente el exsenador Musa Besaila Fayad saldrá de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los dos expedientes en su contra pasarán a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Así lo determinó la Sección de Apelación de ese tribunal, que determinó que en efecto el excongresista del partido de ‘La U’ no entregó información que permitiera la construcción de la verdad en los casos del ‘cartel de la toga’ y la ‘parapolítica’.

Besaile, quien fue capturado en septiembre de 2017, se había sometido a la JEP manifestando su compromiso de colaborar con el esclarecimiento de los dos hechos por los que era investigado en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, tras cuatro años, sus aportes no fueron los esperados, relatando lo que ya se conocía en las investigaciones preliminares y lo que estaba en los respectivos expedientes.

Esta ineficiencia en la colaboración llevaron a concluir que había faltado a los compromisos de aporte y construcción de la verdad. De esta forma se ratificó el fallo emitido por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que en julio de 2021 ordenó expulsar a Besaile al considerar que sus aportes “no son relevantes y denotan falta de seriedad y de compromiso”.

Besaile es investigado por presuntamente haber pagado 200 millones de pesos al entonces magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández, con el fin de que se suspendiera la orden de captura en su contra en el proceso que se le adelantaba por presuntos nexos con los grupos paramilitares.

En su indagatoria ante la Corte, el entonces senador corroboró que en efecto entregó esta suma de dinero, justificando su acción por las presiones que recibió del magistrado de la Corte y los comentarios hechos por varios abogados a los que consultó.

Aduciendo que las dos conductas por las que era investigado tenían una relación directa con el conflicto armado, el excongresista oriundo de Sahagún (Córdoba) se sometió a ese tribunal de paz. No obstante, tras muchos años no entregó mayor información sobre estos hechos ni vinculó a otras personas.

Ya en diciembre pasado, la JEP le había negado por improcedente una acción de tutela al excongresista que reclamaba la protección de sus derechos a la defensa material, el debido proceso y la dignidad humana. Esto al considerar que nunca le habían permitido expresarse ni colaborar.

En el marco del estudio de la tutela, se encontró que el exsenador había manifestado ya su intención de no continuar sometido a la JEP. Debido a esto, se determinó que existían muchos recursos por parte de Besaile que le daban una gran complejidad al caso.

“(...) al existir un trámite judicial en curso, respecto del cual depende la remisión de los expedientes penales pretendida por el señor Besaile Fayad, la acción de tutela resulta por este aspecto improcedente. En efecto, no puede invocarse el amparo constitucional con el fin de acelerar el cumplimiento de una decisión judicial, en el sentido pretendido por el actor, cuando la misma no ha cobrado ejecutoria en virtud de los recursos legales interpuestos contra esta, los cuales se encuentran surtiendo”, precisa la decisión.

En la actualidad, el exsenador se encuentra privado de su libertad en Centro de Reclusión Militar de Alta y Mediana seguridad en Puente Aranda en Bogotá.

En los próximos días, el voluminoso expediente en su contra pasará a conocimiento de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que deberá definir si en efecto lo llama a juicio por estos hechos.

En el caso de parapolítica, el exsenador es investigado por el delito de concierto para delinquir agravado, mientras que en el del cartel de la toga por el de concusión (entrega de sobornos).