El Consejo de Estado condenó a la Nación representada por el Inpec, por la muerte de José Flores, Harbey González y Wilson Hernando Bolaños Ávila, quienes perdieron la vida en un incendio en la cárcel de Bucaramanga.
Según el Consejo de Estado, el Inpec respondió mal ante la situación que se presentó en el centro penitenciario de la capital de Santander, además le ordenó hacer un acto de excusas públicas, y crear y divulgar un protocolo de capacitación sobre uso de armas no letales en las prisiones en todas las cárceles del país.
Según la investigación, José Flores estaba recluido en la cárcel de Bucaramanga, además tenía VIH y el 7 de enero de 2011 pidió el suministro de sus medicamentos y un permiso para ir al baño, pero los guardianes no se lo concedieron.
Después, en el almuerzo, el recluso tuvo una fuerte reacción contra los uniformados del Inpec. La respuesta de los guardias fue echarle gas pimienta y otro reaccionó y usó el lanzador de gases denominado ‘truflay’ lo que generó el incendio en una de las celdas de este centro penitenciario.
Tras estos hechos, Flórez, Harbey González y Wilson Hernando Bolaños Ávila, quienes sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en el 97 por ciento del cuerpo, murieron.
Fue así, como años después la investigación determinó que el gas fue el que generó una chispa que incendió los colchones de las celdas, además los extintores que usaron los guardias no sirvieron. Luego de 20 minutos lograron apagar el fuego y sacaron a los reclusos.
Sin embargo, el protocolo que debe implementar el Inpec tiene que ser acorde con el respeto a la dignidad humana y velar por los derechos a la vida y a la salud de los internos.
La familia de Harbey González, tuvo la asesoría de la firma Javier Villegas Posada Abogados en su demanda contra la nación. En la defensa argumentaron que él salió gritando por las heridas y cuando salió de la celda habría sido golpeado con una patada por uno de los guardias.
Los tres reclusos fueron llevados al Hospital Universitario de Santander donde fallecieron debido a la gravedad de las quemaduras en su cuerpo.
El inpec aseguró ante el Tribunal Administrativo de Santander, que llevó el caso en primera instancia, que González fue quien prendió fuego a una colchoneta, un argumento que desmintió la Procuraduría, que meses después advirtió que el recluso estaba en la celda y en ese lugar no contaba con elementos para iniciar el incendio.
El caso pasó al Consejo de Estado, en donde la Sección Tercera del alto tribunal determinó que la muerte de González se dio por una “falla en el servicio” de los funcionarios del Inpec y se demostró que la conflagración de ese día inició por la utilización de proyectiles de gas lacrimógeno.
Para tomar esta decisión fueron escuchadas las versiones de otros reclusos que las entregaron a la Procuraduría Regional de Santander, los cuales confirmaron el accionar de los guardias.
La condena contra la Nación, representada por el Inpec, implica una indemnización a las víctimas y dio un plazo de dos meses para hacer el protocolo además de realizar un acto de disculpas públicas ante los familiares de los reclusos, Harbey González, José María Flórez Duarte y Wilson Hernando Bolaños Ávila.