El presidente Iván Duque está a solo un paso de cumplir con una de sus promesas de campaña: eliminar la conexidad entre los delitos del secuestro y el narcotráfico con el delito político. La plenaria del Senado le dio luz verde a la reforma constitucional en su octavo debate, por lo que solo le resta la conciliación con Cámara. Aunque el acto legislativo recibió sendas críticas, al final consiguió las mayorías que requería. En el artículo se encuentra un parágrafo clave que garantiza que esta norma no sea retroactiva, es decir, que no afectará a quienes se acogieron al proceso de paz con las Farc. Puede leer: La batalla jurídica por tumbar la conexidad con los delitos políticos “En ningún caso afectarán las disposiciones de los acuerdos de paz anteriores ni sus respectivas disposiciones, y serán aplicados a conductas cometidas con posterioridad a la entrada en vigencia del presente acto legislativo”, así quedó consignada esta aclaración, a pesar de que algunos parlamentarios creían que no era necesario hacerla. “Se deja el parágrafo que solo tendrá efectos hacia futuro, aunque es inane porque el principio de retroactividad de la ley no lo permite”, explicó en la plenaria el senador uribista Santiago Valencia, ponente de la reforma. En momentos en que el Centro Democrático, autor del acto legislativo, ondea la bandera contra el narcotráfico, la aprobación de la reforma le ayuda en su propósito. “Este proyecto obedece a unas necesidades jurídicas y técnicas, porque Colombia necesita desarrollar el alcance del delito político que se viene desbordando a raíz de decisiones que han determinado como conexos al delito político, delitos muy graves que no pueden ser ni amnistiables ni indultables, pero que lo están haciendo por la vía de la conexidad”, aseguró la senadora Paola Holguín. Sin embargo, una de las principales críticas que tiene esta reforma son los efectos a futuro que puede traer en posibles procesos de paz. La Farc se opuso a la iniciativa, porque a juicio del senador Julián Gallo, es una forma de atravesar obstáculos en la “necesaria salida política y la consecución de lo que hemos denominado una paz completa”. Puede leer: Delito político El senador Alexander López (Polo) cree que es una forma de cerrar cualquier posibilidad de un acuerdo de paz que se pueda construir en el país, es decir, cerrar la puerta y “botar la llave”, tanto en el caso del ELN como en el de otro tipo de organización criminal. Para el senador Rodrigo Lara (Cambio Radical) la reforma carece de sentido. “No le veo la finalidad a esta norma, por el contrario nos va a hacer daño en el mediano y largo plazo”, aseguró. Antes de la votación en plenaria Lara advirtió que este acto legislativo condena a las generaciones futuras a las circunstancias actuales, a la visión que tiene el gobierno Duque de la política criminal, y también a la posibilidad de una salida negociada con grupos al margen de la ley: “Qué tal que el día de mañana llegue una dirigencia (del ELN) distinta que entienda los errores cometidos y esté dispuesta a negociar, estaríamos en la imposibilidad de hacerlo porque en lo que dure de vigencia esta norma ellos se financiaron con narcotráfico”. A pesar de la popularidad que puede lograr una iniciativa de esta naturaleza, y la coherencia que guarda con el discurso político del presidente Duque, entre juristas y expertos en el conflicto armado, no es claro que la iniciativa sea necesaria, por un lado, y aplicable, por el otro. Frente al artículo que establece que en ningún caso los delitos asociados con el narcotráfico serán considerados conexos a los delitos políticos, ni serán amnistiables ni indultables, exministros, exnegociadores de paz y académicos aseguran que no es necesario negar la conexidad, pues esa conexidad nunca ha existido como tal. En otras palabras, que en ninguna norma anterior se considera que el narcotráfico o el secuestro son amnistiables por sí mismos, y que lo que se ha amnistiado es la rebelión, que la historia reciente ha sido financiada con esas conductas. Le recomendamos: Iván Duque y una reforma que sí podría hacer trizas el acuerdo con las Farc Esta última idea esta fue considerada en el proyecto inicial de la Ley de Justicia y paz de 2005, en la que paradójicamente el uribismo defendió la alternatividad penal para paramilitares que no hubieran tenido como el fín último de sus actividades el narcotráfico. Ese planteamiento implicó que la alternatividad sí fue posible para aquellos que usaban el narcotráfico no para un enriquecimiento personal, sino para mantener la organización dedicada a la ‘sedición’, una conducta propia del conflicto armado. Varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia han establecido, desde 2010, que frente a casos específicos de personas vinculadas al narcotráfico y a las autodefensas el narcotráfico puede ser considerado un delito relacionado al conflicto. No obstante las críticas, la reforma está a punto de ser realidad y el gobierno nacional ha celebrado que así sea, porque es uno de sus escasos éxitos en materia legislativa. En palabras de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, significa que en el futuro, si hay un proceso con grupos al margen de la ley, “no habrá impunidad para delitos como el narcotráfico o el secuestro”.