Todo el país esperaba su versión de la historia. Después de una semana de duros cuestionamientos por sus millonarios contratos en la Fiscalía, Natalia Springer decidió salir al aire en radio en la mañana del jueves. En una aguda entrevista con todo el equipo de la W Radio, la analista política intentó explicar las dudas sobre su verdadero nombre, sus títulos académicos y la labor que realiza en la Fiscalía General de la Nación. La entrevista comenzó en un tono amable con una cordial presentación de Julio Sánchez Cristo. “Estoy muy ansiosa porque no hay concesiones”, comenzó la politóloga. Sin embargo, a medida que comenzaron las preguntas, se subió el tono. Springer alegó que el cambio de nombre que tanto le han criticado en este último mes es “un asunto de mi vida privada”. Explicó que decidió realizarlo hace cerca de 20 años cuando se casó con un profesor austríaco, pues la ley de ese país así se lo exigía. Y añadió que luego formalizó ese cambio en una notaría en Bogotá. Aunque dijo que no entraba en detalles pues era un tema estrictamente personal, sí comentó que a su papá le molestó mucho cuando decidió quitarse el apellido de su familia. “Para mi familia la determinación que tomé fue muy terrible. Yo me fui en la época en que una mujer salía de la casa o casada o muerta”, explicó. También aclaró que luego de que se separó, no volvió a tomar el apellido Lizarazo, pues la ley colombiana prohíbe hacer el cambio de apellido dos veces. Sin embargo, al final de la entrevista dijo que el señor Springer estaba a su lado acompañándola a contestar la entrevista. Sobre el segundo apellido que sale en la sociedad con la cual contrató con la Fiscalía y la alcaldía de Valledupar, “Von Schwarzenberg”, no quiso dar explicaciones. Dijo que no era el segundo apellido de su exmarido, pero que cualquier persona puede ponerle el nombre que quiera a su empresa. Sobre sus títulos académicos también dio explicación. Aseguró que cada uno de estos se los “ha ganado a pulso”. Se declaró desconcertada por la forma como han “puesto en duda mis niveles académicos”. Dijo una y otra vez que siempre fue la mejor del curso y que podían ir a preguntar a todas las universidades por donde pasó, pues ella nunca “pasaba desapercibida”. Sorpresivamente cuando la mesa de trabajo le preguntó qué doctorado había hecho y en qué idioma, Springer comenzó a hablar en alemán. Ofuscada, explicó que se había graduado de la universidad de Viena, una de las más importantes del mundo, y que podía mostrar su diploma. Sobre los cursos de varias semanas que ella presenta como especializaciones aclaró que lo que importa en esos títulos no es cuántos meses duran sino “cuántas horas de clase se toma”. Y dio su palabra de que todos los cursos “son reales”. Agregó que estos programas eran tan reales, que estudió con la reina de Suecia. El tonó subió aún más cuando llegó la hora de las preguntas sobre sus contratos en la Fiscalía. La politóloga se fue lanza en ristre contra el exdirector de la Unidad de Contexto de la Fiscalía, Alejandro Ramelli. Lo acusó de no haber hecho “nada” en esa entidad y de hacer “todo lo posible lo posible para sabotear mi trabajo” y “sacarme de la Fiscalía”. Como se sabe, en diciembre, Springer presentó un primer informe sobre los secuestros cometidos por las FARC, que fue considerado decepcionante. Palabras más, palabras menos, citaba múltiples datos sin mucho rigor y llegaba a conclusiones simplistas y algo arbitrarias. La Unidad Nacional de Análisis y Contextos, encargada de supervisar el contrato, concluyó que "no cumple con las obligaciones estipuladas en el contrato”. A pesar de esa evaluación, la Fiscalía no sólo autorizó el primer pago del desembolso, sino que le otorgó un nuevo contrato en el 2015 por 3.085.600 millones para hacer un trabajo similar con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ELN y las bacrimes. Esto llevó a la renuncia de Ramelli, prestigioso jurista hoy candidato a la Corte Constitucional. Springer no quiso explicar quiénes trabajan para ella ni qué calidades tienen, pues aseguró que revelar esa información los ponía en “riesgo”. Aclaró que ella no trabaja en la Fiscalía haciendo fiestas, sino investigando a los grandes y más peligrosos criminales del país sobre los peores delitos. Sin embargo, la parte álgida fue cuando la interrogaron sobre su doble papel como periodista y contratista. María Isabel Rueda la increpó al aclararle que no era ético que un analista en medios estuviera a sueldo de una entidad. Ella respondió que “nunca he ejercido como periodista; es una labor sagrada” y que fue contratada porque tenía una opinión sobre temas especializados y “los analistas no somos imparciales”. En ese momento, Julio Sánchez le preguntó si había sido retirada de El Tiempo y La FM por sus contratos con la Fiscalía, pues sus jefes desconocían de la existencia de los mismos. Ella, en tono retador, dijo que había "renunciado” a ambos medios. A esto Sánchez le respondió que tanto Vicky Dávila, directora de la F.M, como Ricardo Ávila, editor de opinión del periódico El Tiempo, le habían confirmado en privado que esa versión no era cierta y que apenas conocieron de los contratos le pidieron que se apartara de su trabajo como periodista. Al final Springer explicó que había tenido otros contratos con el Estado. También reconoció que en las últimas semanas recibió un esquema de protección del Estado que consiste de un escolta que lleva una semana con ella. El pasado martes, en el Congreso, la Comisión Primera de Senado decidió investigar la contratación de la Fiscalía, aunque no al fiscal general pues no tienen competencia para un proceso de esa naturaleza. Una de las personas que anunciaron iban a llamar para dar su versión de los hechos es Natalia Springer. En ese escenario seguramente dará las explicaciones que faltan.