Parecía que había llegado el día en que las Farc le dirían una verdad crucial al país. Y su líder, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, contribuyó a alimentar esa esperanza. Horas antes de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en su cuenta de Twitter expresó solidaridad con las víctimas y su compromiso de trabajar por el acuerdo de La Habana. “No dudaré en narrar los hechos por los que fui convocado hoy”, decía.

Pero ante los magistrados, Londoño destruyó la fe de quienes esperaron su versión sobre cómo las Farc habían reclutado menores de edad durante décadas. Sin atisbo de vergüenza, negó una y otra vez que niños y niñas hubieran engrosado las filas guerrilleras, y se limitó a admitir que varios cabecillas se unieron a la organización en su juventud, pero cuando estaban en sus primeros semestres de universidad y tenían más de 18 años. La versión cayó mal en la ciudadanía, y sobre todo en las víctimas. Nadie entiende por qué los líderes de la extinta guerrilla, que deberían contar la verdad sobre lo sucedido a cambio de penas blandas, se empeñan en ocultar delitos evidentes. Cualquiera puede ver en YouTube escenas de niños uniformados y con armas, bajo el mando de líderes de las Farc.

En febrero, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz publicó un informe que contenía las cifras de reclutamiento infantil de grupos armados al margen de la ley entre 2002 y 2020. No sorprende que las Farc lideren el lamentable ranking. El documento revela que 5.503 menores se desmovilizaron en este lapso, y que 58 por ciento pertenecía a esa guerrilla. Es decir, Londoño invisibilizó en la JEP a 3.199 niños y adolescentes. Además, el informe documentó que 8.794 personas ingresaron en la lucha armada siendo menores y allí alcanzaron la mayoría de edad. De esta cifra, el 73 por ciento era de las Farc.

Londoño firmó el acuerdo de paz y es la cara más visible de la exguerrilla, pero no es el único que ha negado el fenómeno. Primero lo hizo Griselda Lobo, alias Sandra Ramírez, que, justo después de ser nombrada segunda vicepresidenta del Senado, aseguró ante los medios que la guerrilla jamás reclutó menores. Semanas después, Pastor Alape se presentaría ante la JEP y daría de qué hablar con otra escena de negación. En audios publicados por Blu Radio se oye claramente al exjefe guerrillero decir que no conoció casos de “extracción forzosa de niñas de su hogar”. “Sobre esas situaciones en particular no tengo ningún conocimiento porque no hacían parte de la política de la organización”, respondió sin inmutarse. El proceder de Rodrigo Londoño solo fue la confirmación de que no hay disposición de contar la verdad.

Esta postura comenzó en octubre de 2019, mes en que la JEP llamó en versión libre a los primeros exguerrilleros en el marco del caso 07, expediente que congrega los crímenes relacionados con menores, violencia sexual, abortos forzados y anticoncepción. Los abogados de las Farc radicaron varias recusaciones contra el magistrado que adelantaría estas diligencias y, cuando negaron sus recursos por improcedencia, optaron por reponer y apelar dicha decisión. La Sala de Apelaciones del tribunal negó nuevamente la recusación y entonces, en una actitud dilatoria, los defensores de las Farc presentaron 29 recursos de reposición contra el auto que los llamó a versiones libres. Solo a finales de julio se destrabó el asunto, momento en que, una vez más, estas acciones no tuvieron éxito. No obstante, lograron frenar el caso por diez meses.

Ahora, sin embargo, con las versiones libres andando, el panorama no pinta muy prometedor. Si Londoño y los suyos continúan con su actitud recalcitrante, los magistrados deben actuar con severidad. No es simple coincidencia que concluida la diligencia el tribunal de paz haya trinado: “En la JEP, quien no aporte a la verdad ni asuma su responsabilidad recibirá sanciones y penas de cárcel”.