Este martes 17 de mayo se conoció la decisión del Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito, con relación a la acción popular interpuesta por la representante a la Cámara por Bogotá, Adriana Carolina Arbeláez, en contra del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), con la que se pretendía que la entidad devolviera la contribución de valorización, una cifra cercana a los 800 mil millones de pesos.
De acuerdo con lo señalado en la demanda de Arbeláez, se buscaba que este dinero volviera a los dueños y poseedores de inmuebles que habían cumplido con el pago de los aportes de valorización estipulados en el Acuerdo 724 de 2018, argumentando que se había presentado omisión e incumplimiento de los plazos establecidos para dar comienzo a las obras.
Con respecto a este asunto, el Juzgado 46 Oral Administrativo precisó que en el mencionado acuerdo se determinó que el plazo máximo para empezar la etapa de construcción era de tres años, los cuales se contarían desde la fecha en que se expidió el acuerdo, es decir, el 6 de diciembre de 2018. En este orden de ideas, el plazo vencía el 6 de diciembre de 2021 y no el 6 de diciembre de 2020, como aseguraba la parte demandante.
“De modo que la entidad demandada contaba con un plazo de 3 años para iniciar la etapa de construcción de las 16 obras establecidas en el Acuerdo 724 de 2018, siempre que aquellas requirieran adquisición predial”, agregó el juzgado.
Además, en el texto de la decisión el ente judicial indica que pese a que el IDU no había dado comienzo a las obras en la fecha máxima establecida (6 de diciembre de 2021), “cierto es que dicha conducta no es por sí sola vulneradora del derecho a la moralidad administrativa, pues el actuar de la entidad demandada ha estado encaminado al cumplimiento de los plazos previstos en el citado acuerdo, a pesar de las vicisitudes propias derivadas de la pandemia producida por el covid-19; infiriéndose de ello, la inexistencia ánimo fraudulento o corrupto en las actuaciones desarrolladas por el IDU”.
En este sentido, el despacho concluyó que la acción colectiva y las pretensiones de esta debían negarse, al no encontrarse justificada la presunta vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, de la que se acusaba al Instituto de Desarrollo Urbano.
“Contrario a ello, se evidenció que la demanda carece de fundamento normativo, fáctico y probatorio, pues la misma se edificó a partir de pretender el cumplimiento de la Sentencia del 16 de junio de 2021, proferida por el Juzgado 44 Administrativo Oral de Bogotá, frente a la que se interpuso recurso de apelación que aún no ha sido decidido en segunda instancia y, por tanto, la sentencia no se encuentra ejecutoriada”, agregó el ente.
¿Cuándo fue presentada la acción colectiva?
La acción popular en contra del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) por no iniciar obras de valorización a tiempo había sido admitida por el Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá el pasado mes de febrero. Esta fue interpuesta por la entonces exconcejal y candidata a la Cámara por Bogotá Carolina Arbeláez.
De acuerdo con Arbeláez, el Acuerdo 724 de 2018 y el Estatuto de Valorización establecen que el IDU tiene plazos máximos luego de la sanción del acuerdo para comenzar la construcción de las obras, y si transcurre este plazo y no se empieza la obra, está en la obligación de devolverles el dinero a los contribuyentes. Por esta razón decidió poner en marcha esta acción popular, en busca de que el IDU devolviera los recursos.
Con esta se pretendía que se realizara el reintegro a los más de 350 mil contribuyentes, de lo correspondiente a siete obras de un total de 16, que no iniciaron antes del 6 de diciembre de 2021, como lo estipula la ley, por las cuales los ciudadanos han pagado cerca de 800.000 millones de pesos.
“Se debe castigar la mala planeación y ejecución de la administración de Claudia López, en vez de afectar el bolsillo de los contribuyentes, sobre todo en tiempo de reactivación económica”, afirmó.