La senadora Victoria Sandino de la Farc compareció ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en donde se refirió a varios puntos de la implementación del acuerdo de paz. Recriminó a altos funcionarios del Gobierno y al partido de Gobierno por generar un ambiente de estigmatización que está causando violencia y “violaciones a los derechos humanos”.

Sandino comentó en su discurso que los excombatientes están siendo asesinados a pesar de que el 95 por ciento está cumpliendo lo pactado.

También aprovechó para criticar al exfiscal general Néstor Humberto Martínez por los audios que se conocieron sobre el caso de Jesús Santrich. La senadora comentó que hubo un “entrampamiento” y que eso constituyó un ataque a los acuerdos de paz.

Este fue el discurso de Sandino ante la JEP:

Intervención JEP

25 de noviembre de 2020

El día de ayer 24 de noviembre del 2020 se cumplieron 4 años de la firma del Acuerdo de Paz y desafortunadamente, en lugar de ser una fecha en la que deberíamos celebrar el avance y la consolidación de la paz, estamos llevando a cabo esta diligencia nacional por los asesinatos y la persecución que existe en contra de quienes dejamos las armas. Justo anoche en medio de un debate de control político al gobierno nacional por el asesinato a líderes/lideresas y a las y los exguerrilleros, asesinaron en ese momento a nuestra compañera Paola Andrea Osorio, cerca a Quibdó, vísperas al día internacional de la eliminación de las violencias contra las mujeres.

Lo que viene sucediendo con nosotros y nosotras es extremadamente grave, cada semana se registran entre uno y dos asesinatos en contra nuestra colectividad sin que el Estado reaccione de manera efectiva. Los y las firmantes de paz nos venimos enfrentando a un gran arco de violencias que no se limita única y exclusivamente a los asesinatos. Desafortunadamente estamos asistiendo a un continuum de victimización que no termina con la aniquilación física.

Durante todo el ciclo de conversaciones en La Habana y después de firmado el Acuerdo Final de Paz ha existido un sector político y social que lejos de modular su lenguaje y trasladarlo a un contexto de superación de la guerra ha exacerbado sus pronunciamientos generando un ambiente hostil no solo para los excombatientes sino también para todo lo que se relacione con El Acuerdo Final de Paz. En el marco de las victimizaciones que sufrimos las y los excombatientes de las antiguas FARC-EP, el señalamiento y la macartización juegan un papel muy importante pues alimentan la comisión de delitos en nuestra contra y legitiman la violación sistemática a nuestros derechos fundamentales.

Sobre nosotros y nosotras se ha tratado de instalar en la opinión pública que no estamos cumpliendo con lo pactado aún cuando más del 95% de los firmantes continuamos en el proceso. Estos pronunciamientos son reiterados y se han convertido en una política, escuchamos que a diario arremeten en contra nuestra, altos funcionarios y miembros del partido de gobierno, generando así un ambiente propicio para todo tipo de violaciones a nuestros Derechos Humanos.

Como mujer y feminista, debo decir que las mujeres exguerrilleras sufrimos esta situación de una manera particular, la estigmatización ha generado procesos de “re-clandestinización” y por ende de invisibilización y violencia política. Los señalamientos que se nos hacen a las mujeres están estrechamente ligados con el género, se viene instalando la matriz que todas fuimos “esclavas sexuales” de los comandantes guerrilleros, o que simplemente no tenemos capacidades ni agencia, esto ha propiciado la anulación de nuestras voces y de nuestra actoría política.

Nos preocupa sobremanera que frente a estas prácticas es poco lo que se ha avanzado, actualmente existe el “Programa de Reconciliación, Convivencia y Prevención de la estigmatización”, pero este no funciona como debería; mientras tanto, desde las altas instancias del gobierno se sigue profundizando en discursos que nos ponen en peligro y que pierden de vista el deber de proteger la vida de todas y todos, y lo que se presenta aquí es una omisión de sus deberes.

Miremos sobre las violencias materiales:

Desde la firma del Acuerdo de paz hasta el día de hoy hemos registrado 243 asesinatos a firmantes de paz, 17 desapariciones forzadas y 50 tentativas de homicidios. Estos dolorosos acontecimientos han herido el corazón del Acuerdo de paz. Debemos decir aquí que estos hechos son sistemáticos y así deben ser abordados por todos los entes de justicia. Es inadmisible que desde algunos sectores se hable de “situaciones aisladas” cuando existen patrones de persecución tan claros:

▪ Los conflictos territoriales han sido determinantes en la victimización de nuestros compañeros. El precario estado de implementación de los PNIS y de la Reforma Rural Integral, sumado a la decisión del Gobierno de retomar los métodos de erradicación forzada ha desencadenado un ambiente hostil para la reincorporación.

▪ Los últimos asesinatos se vienen presentando contra los líderes de los espacios territoriales y personas que están impulsando la implementación de diversos puntos del Acuerdo. Estas muertes son una prueba más de que existe un conjunto de acciones tendientes a desarticular los procesos sociales y comunitarios que están llevando a cabo las y los reincorporados en los territorios. Estos ataques están siendo dirigidos hacia personas que cumplen la función de “bisagra” entre las instituciones y las comunidades, situación que termina aislando aún más a las personas que viven en los espacios territoriales.

▪ Es fundamental reiterar que se trata de hechos de violencia cuyo denominador común son las víctimas, es decir, firmantes del Acuerdo Final de Paz. Esto pone de presente un elemento central para reafirmar la sistematicidad de los hechos, es imposible que un suceso aleatorio se repita más de 240 veces. La sistematicidad en este caso está determinada por las personas que están siendo perseguidas, no por la variedad de victimarios que perpetran los crímenes, como erróneamente argumentó la Fiscalía.

▪ Los homicidios, tentativas de homicidio, desapariciones y el resto de violencias profundizan situaciones de desplazamiento forzado, individual y colectivo que nos afectan no solo a los firmantes sino también a las comunidades que nos acogieron. Esta situación tensiona nuestras dinámicas internas al punto que nos fuerza a abandonarlas y a buscar otras formas de agrupación colectiva, por ejemplo, en Nuevas Áreas de Reincorporación. En el peor de los casos se produce el abandono del enfoque colectivo de la reincorporación fisurando uno de los pilares del Acuerdo Final.

Finalmente, estas violencias no terminan con el asesinato o la desaparición, como decía al inicio, sigue su curso el continuum de victimizaciones que involucra impunidad e incapacidad institucional para desmantelar a los determinadores de los crímenes.

Sobre la investigación y judicialización de las victimizaciones:

Aquí debo mencionar lo sucedido con quien fungiera como Fiscal General de la Nación, Néstor

Humberto Martínez. En los últimos días se conoció por medios, informes que daba cuenta del intento de entrampamiento que había preparado el exfiscal contra varios de los negociadores en La Habana, lo que constituyó un ataque gravísimo al Acuerdo Final de Paz. Es absolutamente grave que se haya utilizado una institución del calado de la Fiscalía para atentar en contra de la paz, aún más cuando este es el ente encargado de investigar los crímenes que se cometen en contra de las y los exguerrilleros.

Frente a las investigaciones son pocos los avances en términos de judicialización y, sobre todo, esclarecimiento y desmantelamiento de organizaciones criminales, esta situación a su vez, profundiza en la revictimización tanto de las familias, como de las comunidades y la colectividad política. En este sentido el Centro de Pensamiento y Diálogo Político ha dicho en varios de sus informes que la actividad de esclarecimiento se está limitando a los autores directos de los asesinatos más no a las estructuras criminales que los ordenan, tampoco hay acceso a los informes judiciales en los que podamos enterarnos sobre las investigaciones que involucran a agentes del Estado y sus posibles nexos con la criminalidad, también señalan que en la Fiscalía existe un enfoque equivocado frente a lo que sucede con las y los exguerrilleros, se está reduciendo un problema de violencia política a simple “delincuencia común”, resultando esto muy curioso porque los lugares donde más ocurrencia tienen los asesinatos es donde el Estado tiene una fuerte política de seguridad y militarización.

En conclusión a los firmantes de paz se nos estigmatiza y señala, se nos mata, desplaza y desaparece y después se nos revictimiza con procesos de inoperancia institucional e impunidad. En razón de ello, como firmante y mujer convencida aún de la paz, le solicito a esta Jurisdicción que acoja las peticiones que hicimos en el informe escrito que allegamos a este despacho en días pasados. El genocidio en marcha debe detenerse a como de lugar, la vida de las y los exguerrilleros es la vida del Acuerdo de paz, cada victima es un fracaso que no podemos permitirnos.

Muchas gracias.