La Corte Suprema enciende motores para debatir un tema sin precedentes en los países del hemisferio golpeados por la corrupción de Odebrecht. Por iniciativa propia y con el propósito de “aplacar suspicacias”, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, les pidió a los magistrados marginarlo de las 15 líneas de investigación que adelantan despachos del búnker acerca de la corrupción de la multinacional brasileña. Y por ahí derecho, también a la vicefiscal.
En diciembre, la Corte Suprema decidió nombrar como fiscal ad hoc a Leonardo Espinosa para tres procesos relacionados con Odebrecht. Una ponencia plantea que frente a nuevos impedimentos le pidan una nueva terna al presidente Iván Duque. Este lío gigante estaba dormido desde que el fiscal radicó su solicitud en enero. Pero despertó esta semana cuando el magistrado de la Sala Civil Octavio Augusto Tejeiro repartió a sus colegas el borrador de fallo que entrará a estudio. Muchos anticipan que la respuesta al tercer impedimento de Martínez desatará la tormenta del año entre los magistrados, que ya vienen enganchados en un pulso desde hace tres meses por los puestos de la corporación. Le puede interesar: La maldición del caso Odebrecht Todo indica que esta vez los magistrados no podrán dejar de responder los interrogantes que quedaron pendientes y que se hicieron evidentes sobre la marcha cuando designaron, para un par de expedientes, a Leonardo Espinosa como fiscal ad hoc. ¿El fiscal general dijo toda la verdad al declararse impedido ante quienes lo eligieron en el cargo? ¿Qué implicaciones tiene para la Fiscalía que su jefe se aparte del caso más importante de corrupción? ¿Si no lo hace el fiscal Martínez, quién conocerá delegaciones, asignaciones especiales, principios de oportunidad y otros temas álgidos del caso Odebrecht? Curiosamente, los opositores de Martínez plantearon desde el día uno del escándalo la discusión que al fin comenzará a dar la corte. En una recusación resuelta en abril de 2017, Claudia López y Jorge Enrique Robledo pidieron apartar a Martínez de las investigaciones relacionadas con Odebrecht por haber sido abogado de Corficolombiana, asesor de la Concesionaria Ruta del Sol SAS y amigo de Luis Carlos Sarmiento. La corte rechazó esta recusación porque los senadores no eran parte de los procesos de Odebrecht en Colombia. Resulta irónico que el tema vuelva a encabezar la agenda de la corte porque Martínez así lo pidió. Van tres Los impedimentos son una herramienta legal preventiva para evitar sospechas sobre la actuación de un funcionario. Pero en lo que concierne al fiscal con Odebrecht hay la percepción de que estos aparecieron tardíamente, lo que ha desatado suspicacias. Martínez como abogado elaboró un concepto para estructurar el otrosí de la vía Ocaña-Gamarra en 2012. Pero solo en abril de 2017 el hoy fiscal manifiestó su impedimento a los magistrados de la corte para que lo apartaran de las investigaciones de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez y planteó un argumento que después les dejaría un sabor amargo a algunos magistrados. La corte decidió trasladarle el caso a la vicefiscal María Paulina Riveros lo que fue percibido como una victoria parcial de los opositores de Martínez. Le sugerimos: Debe renunciar el fiscal por el caso de Odebrecht En el más completo hermetismo frente a la opinión pública, el fiscal volvió a tocar las puertas de la corte en junio de 2018. Aquella vez manifestó que como estructuró en 2016 un contrato de transacción, no podría pronunciarse frente a las negociaciones que los confesos corruptos (Federico Gaviria, Eduardo Zambrano y Gabriel Dumar) adelantan con la cúpula del búnker. Meses más adelante, con la muerte del controller de Corficolombiana Jorge Enrique Pizano, Noticias Uno reveló los audios que confirmaban que Néstor Humberto Martínez sabía desde 2015 de la existencia de contratos irregulares en el Consorcio Ruta del Sol SAS. El debate no será fácil ni pacífico, pero los electores de Martínez tienen la responsabilidad de hallar una salida. Esto escandalizó a todo el país y la corte también lo discutió a puerta cerrada. El entonces presidente de la Sala Penal, magistrado Luis Antonio Hernández, encontró que la revelación del noticiero contradecía los términos en que Martínez manifestó su primer impedimento en 2017, al reconocer que fue abogado del consorcio en los años 2015 y 2016 “cuando nada se conocía en el mundo de los comportamientos punibles de Odebrecht”. El togado manifestó a sus colegas que el fiscal general les mintió, pues él sí sabía de las irregularidades en millonarios contratos desde 2015. Y además, en marzo de 2016 Martínez proyectó el polémico contrato de transacción con que se reconciliaron los socios (Odebrecht y Corficolombiana), luego de un ajuste de cuentas por 33.081 millones de pesos y el compromiso de echarle tierra a cualquier reclamación adicional. En su momento, los audios de Pizano llevaron a que los magistrados decidieran por mayoría nombrar un fiscal ad hoc. Las aguas no bajaban en enero cuando llegó a la corte el tercer impedimento pedido por Martínez. Lo originó la prórroga de su principio de oportunidad que el exasesor de la ANI Juan Sebastián Correa le pidió a la Fiscalía. El exfuncionario quedó entonces cobijado con inmunidad parcial por los delitos de tráfico de influencias, amenazas a testigo y falso testimonio, a cambio de testificar contra varios implicados en el escándalo. A pesar de que el principio de oportunidad lleva año y medio en pie, los magistrados solo conocieron ahora el impedimento que le generaba al fiscal. La razón: el jefe de fiscales delegados ante la corte, Fabio Espitia, firmó el principio de oportunidad el 1 de diciembre de 2017, cuando reemplazaba por vacaciones al fiscal general. Martínez se declaró impedido por este caso particular. No obstante, le pidió a la corte que por razones de “economía procesal” se adelante a la cascada de recursos y envíe las 15 líneas investigativas del caso Odebrecht al fiscal ad hoc que designe. Le recomendamos: El procurador pide a la justicia gringa que exija verdad total a Odebrecht La petición de Martínez de madrugarles a las recusaciones e impedimentos que se avecinan no tiene el apoyo del ponente Octavio Tejeiro. Este considera que la ley exige, caso a caso, señalar las causales puntuales y explícitas del eventual impedimento. El magistrado propone a sus colegas apartar a Martínez del caso de Correa pero pide estudiar de una en una las otras líneas de investigación. Una tesis que tiene contradictores y no alcanzará las mayorías. ¿Otro fiscal ad hoc? La discusión que se avecina tendrá un segundo punto clave en cuanto a si la corte seguirá enviando casos de Odebrecht al fiscal ad hoc Leonardo Espinosa o pedirá una nueva terna al presidente Iván Duque. La defensa del expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade hizo una petición en este sentido cuando recusó a Martínez. Este recurso lleva dos meses en el despacho de la magistrada Margarita Cabello Blanco, que al cierre de esta edición no había repartido ponencia. El proyecto de Tejeiro recalca que el nombramiento de Espinosa se limitó a tres investigaciones puntuales del escándalo Odebrecht, y por tanto no se puede hacer una designación automática de más casos. El magistrado propone solicitar una nueva terna. En ese escenario Duque debería lógicamente incluir en los postulados al ya fiscal ad hoc. Uno nuevo, sea Espinosa o cualquier otro, perderá tiempo en conocer los intríngulis de uno o varios expedientes que le lleguen. Y hay quienes se preguntan si esta situación no terminará por poner en jaque a la justicia, ya que los términos de prescripción están corriendo. A esta pelea se sumará la postura de quienes se niegan a echar por la borda el trabajo que por años han hecho fiscales como Amparo Cerón. ¿Podrían ella y su equipo –subordinados de Martínez– pasar a órdenes de un fiscal ad hoc? La corte deberá abordar también este dilema. Esta discusión no será ni fácil ni pacífica, pero los magistrados electores de Martínez tiene la responsabilidad de hallar una salida a la encrucijada. Está en juego el megacaso que puso en jaque dos de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del país, y que tiene bajo la mira de la justicia a una docena de congresistas.