La polémica por los permisos y autorizaciones para salir del país, que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concedió a varios excombatientes de las Farc beneficiados con las leyes de amnistía e indulto, tiene en el ojo del huracán a Néstor Raúl Correa, quien fuera el Secretario Ejecutivo de la JEP. A él se le señala como el directo responsable de esta presunta irregularidad en una denuncia disciplinaria que fue presentada ante la Procuraduría, organismo que deberá calificar si se extralimitó en sus funciones. Esta nueva controversia que se posó sobre el tribunal de justicia transicional se desató la semana pasada, cuando se conoció que Correa, en el ejercicio de sus funciones, autorizó salidas del país a 12 exmiembros de las Farc. Uno de los beneficiados con esta salida fue Fernando Arellán, señalado como el autor material del atentado en el Club El Nogal, en Bogotá, en febrero de 2003.Según el documento de autorización de salida que se otorgó a Arellán el pasado 8 de marzo, el exguerrillero pidió permiso para ir de “descanso y turismo” a Isla Margarita (Venezuela). El viaje se realizó desde el día 23 hasta el 29 de marzo de 2018. Además de Arellan, los otros beneficiados fueron: -Pastor Alape: Viajó a Quito, Ecuador, entre el 2 y 5 de abril de 2018, con el argumento de hacer gestiones de paz. -Hugo Ancizar Perez: Viajó a Machala, El Oro, Ecuador, entre el 5 y el 30 de marzo 2018, con el argumento de “visita familiar”. -Andrés Mauricio Zuluaga: Viajó a España del 4 al 14 de mayo con el argumento de “actividad cultural”. -Gustavo Joanis Bedoya: Viajó a Chile entre el 26 de marzo y el 30 de mayo de 2018. -Ismael Alberto Zuñiga: Viajó a Quito, Ecuador, entre el 2 y el 5 de abril de 2018.Aunque todos los mencionados ya se encuentran en el país, los permisos expedidos por la JEP serían irregulares, pues como fueron autorizados por el entonces Secretario Ejecutivo, a la luz de la ley y los decretos de implementación del acuerdo de paz, este funcionario no tendría las facultades legales para dicha autorización.En el siguiente documento están cada una de las autorizaciones expedidas por Néstor Raúl Correa: Denuncia Néstor Correa by Semana on Scribd
La denunciaEl representante a la Cámara Samuel Hoyos (Centro Democrático) denunció disciplinariamente a Correa, y pidió al procurador general, Fernando Carrillo, la apertura de una investigación contra el exfuncionario. En la denuncia, Hoyos señala que de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1820 de 2016, la ley de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales, los beneficiados tienen la obligación de informar todo cambio de residencia a la JEP “y no salir del país sin previa autorización” de la propia jurisdicción especial. Hoyos aclara que desde la expedición de la ley de amnistía e indulto, hasta la posesión de los magistrados de la JEP, la persona con facultades administrativas para autorizar las salidas del país de los miembros de las Farc que se acogieron a la ley de amnistía, era Néstor Raúl Correa, entonces secretario ejecutivo de la Jurisdiccion Especial. Sin embargo, dice el congresista en la denuncia, las facultades jurisdiccionales atribuidas por excepción al Secretario Ejecutivo de la JEP “solo regirán hasta cuando empiece a funcionar la Jurisdicción”, según lo señala el numeral 13 de la síntesis de la providencia del comunicado 55 de la sentencia C674 de 2017, que con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero, declaró exequible la ley de amnistía. Los permisos de salida del país autorizados por Correa coinciden entre los meses de marzo y abril del presente año, cuando supuestamente ya no tenía facultad para ello. Entre otras porque la primera magistrada en tomar posesión de su cargo fue Patricia Linares, quien asumió como presidente de la JEP y se posesionó el 3 de noviembre de 2017. Además, el 30 de enero de 2018 se posesionaron otros 30 magistrados, mientras que el 12 de abril se posesionó Danilo Rojas Betancourth como magistrado de la JEP. “Teniendo en consideración que al 15 de enero de 2018 ya se habían posesionado 31 magistrados de la Jurisdicción, es dable afirmar que ese día cesaron las funciones extraordinarias del Secretario Ejecutivo de la JEP, dentro de las que se encontraba la de autorizar la salida del país de los miembros de las FARC que se acogieron a la ley 1826 de 2016”, dice Samuel Hoyos. “Sin embargo, a pesar de estar posicionados los magistrados, el señor Correa, como secretario ejecutivo de la JEP, continuó autorizando la salida del país de miembros de las Farc sin ser competente para ello”. Para el congresista existen bases jurídicas para señalar que el exfuncionario Néstor Raúl Correa “se extralimitó en sus funciones al expedir autorizaciones de salida del país a los beneficiarios de la Ley de Amnistía e indulto, cuando los funcionarios competentes para dicho propósito eran los ya posesionados magistrados de la JEP, más aún cuando desde el 9 de marzo ya existía el reglamento interno de la jurisdicción especial para la Paz”. El procurador Fernando Carrillo deberá evaluar la denuncia y determinar si hay méritos suficientes para elevar pliego de cargos contra el exsecretario Correa. De momento, una nueva sombra se posa sobre los alcances y competencias de la Jurisdicción Especial de Paz.