Una semana después de hallar el cadáver de su bebé, Salvador Meza, de apenas 14 meses, Jaqueline García insiste en que luego de una tragedia siempre quedan preguntas; hipótesis de lo que pudo haber sido y no fue, el desconsuelo de las palabras sueltas en el aire, y de las angustias congeladas en el tiempo de quien las vive, pero efímeras para terceros. Se lamenta –con cierta rabia– por el actuar de las autoridades, y cómo ante el secuestro de su hijo se quedaron expectantes, incluso indolentes.

Jaqueline recuerda el momento en que llegó a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía de Cali en la tarde del sábado 23 de octubre para mostrar –con mucho afán– los mensajes intimidantes que le escribió su expareja y papá de Salvador, Miguel Meza, por chats de WhatsApp. El hombre le anunciaba una tragedia, pero ese día nadie la escuchó.

“Él me empezó a escribir y me dijo: ‘Yo ya sé que él no es mi hijo y me voy a vengar por eso, te vas a arrepentir de la traición, yo te rogué un año que volviéramos, usted tenía la solución entre las piernas y no quiso. Lo que pase será responsabilidad suya’. Y ponía emoticones llorando y decía: ‘Lo siento, pero la culpa fue suya’”.

Al llegar a la URI no le permitieron ingresar el celular. Le quitaron en la entrada la prueba reina con la que pretendía demostrar que su bebé corría peligro. El funcionario apenas le sostuvo la mirada un par de segundos para decirle que en este caso no había nada irregular, que Miguel era el papá y no podían hacer mucho al respecto. “Yo les decía que si no contaba todo lo que me escribió en el teléfono, y me respondieron ‘no, no cuenta’”.

Jaqueline salió de la URI, recuperó su celular y trató de persuadir a su expareja para que no atentara contra Salvador: “Yo le respondí que si quería le hacíamos una prueba de sangre para comprobar que el niño sí era de él, le preguntaba dónde estaba para ir por el niño. Luego me decía que, si quería ver al niño, le mandara fotos íntimas”. “Yo les suplicaba que me dejaran entrar el celular para mostrar todo lo que él me decía, pero ellos me respondían que había que esperar las 72 horas, que seguramente solo me estaba intimidando”, cuenta.

Luego la remitieron a la Policía de Infancia y Adolescencia, pero la respuesta fue la misma: no podían hacer nada sin una orden judicial. Las pruebas en el celular continuaban en reposo, nadie les quiso echar un vistazo fugaz. “La policía me dijo que no podía hacer nada, porque era un tema de Comisaría, pero la Comisaría no atiende los domingos, entonces me tocó esperar hasta el lunes (...) Igual en la Comisaría me dijeron que tampoco era un tema de ellos”.

Los mensajes que Miguel envió no fueron simples intimidaciones, cumplió con lo señalado: asesinó a su hijo y lo enterró en un paraje de la vía Cali-Palmira. Luego huyó a Tumaco, Nariño.

“Las autoridades empiezan a buscar a mi hijo y a ponerle cuidado al caso ya el sábado 30 de octubre, una semana después, cuando la propia mamá de Miguel llama a una amiga mía y le dice que él llegó allá (a Tumaco); la señora fue a buscar a la policía, pero como no había orden de captura no lo podían capturar. La mamá lo entretiene en la casa mientras salía la orden judicial. Ella hizo todo lo posible para no dejarlo ir. Él apareció sin el niño”, relata.

Por salud mental, a Jaqueline no le han permitido escuchar la declaración de Miguel ante las autoridades, porque narra de manera explícita cómo asesinó a Salvador. El hombre, sin ningún sonrojo, reconoció el crimen y entregó detalles a los investigadores de dónde había enterrado el cuerpo.

Ella ahora solo pide la más alta condena para su expareja y un cambio en el sistema judicial para que se defina una hoja de ruta clara en la atención de casos como este. “Solo así la muerte de Salvador no quedará en vano”, dice.