De la parafernalia mentirosa tras su llegada a los juzgados de Barranquilla, Nicolás Petro aterrizó a la audiencia preparatoria con una sentencia clara: “No tengo abogado”, dijo el hijo del presidente Gustavo Petro, y le pidió al juez un plazo razonable para conseguir uno nuevo, aunque es claro que la renuncia de quien hasta hoy fue su abogado, Diego Henao, se conoció hace 15 días. Así las cosas, ya hay nueva fecha para continuar con el accidentado proceso; será del 9 al 12 de diciembre.
“Si estuviéramos en solicitud probatoria, el contexto sería distinto porque cómo un abogado que llega nuevo va a conocer en profundidad, para saber qué prueba va a pedir, cuál va a excluir, todo su derecho (...). Si en 15 días no designa abogado de confianza, se oficiará hoy mismo, inmediatamente, a la Defensoría del Pueblo para que el día de la audiencia que se programe lo represente un defensor público. En aras a lo que ha dicho la Corte Interamericana y la convención de que los plazos razonables se miden con un criterio de contexto y no inicialmente por una renuncia o un cambio introspectivo de defensa en el curso del proceso”, advirtió el juez Carbonó.
El juez aprovechó para advertirle a Nicolás Petro que ha contado con todas las garantías: “El juzgado ha aplazado esta audiencia en la sede del descubrimiento probatorio en aras de garantizar los derechos de todos los intervinientes, aplazó varias veces esta audiencia para que le quede claro al procesado”.
Se trata de un nuevo aplazamiento y una posible estrategia dilatoria, pues ya va más de un año que inició el proceso contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y han sido constantes los aplazamientos, las solicitudes de preclusión, de cambio de juez y, ahora, el nuevo motivo es el cambio de abogado.
Sin embargo, en esta ocasión el juez Hugo Carbonó, quien lleva el caso, fue claro ante este nuevo aplazamiento, si Nicolás Petro no llega con abogado, se dispondrá de un defensor público.
La negociación
Por ahora, el país tendrá que esperar la nueva estrategia de defensa del hijo del presidente, de quien es claro que recogió dinero para la campaña de Gustavo Petro y se lo apropió. Por lo que está pendiente, y se esperaba que fuera abordado hoy, el trámite de una negociación con la Fiscalía en la que Nicolás aceptaría toda la responsabilidad, pero buscando que el delito de lavado de activos sea moderado por el de estafa.
Esta es una negociación que incluso ya reconoció públicamente la fiscal Luz Adriana Camargo, y cuya finalidad para Nicolás Petro es clara: una condena mínima y un buen sitio de reclusión.
La negociación, de acuerdo con los detalles filtrados, incluye aceptar responsabilidad y a cambio obtener una rebaja sustancial de la pena; además, un sitio especial de reclusión en caso de que la decisión del juez sea privarlo de la libertad. Y un detalle que no es menor, la reducción de la pena iría ligada a la posibilidad de cambiar el delito de lavado de activos por estafa o enriquecimiento ilícito de particular.
Según contaron los abogados, “las pruebas son tan contundentes que resulta imposible negar que Nicolás Petro recibió plata, la metió en sus bolsillos y se la gastó, pero eso no significa que estuviera lavando activos”. Tampoco, explicaron, puede ser enriquecimiento ilícito de servidor público, pues el dinero que se apropió no tenía nada que ver con el cargo de diputado que ocupaba en ese momento.