Sacarle el cuerpo a responder ante la justicia e incluso tratar de borrar lo que él mismo confesó, cuando anunció públicamente que revelaría todas las acciones ilícitas cometidas junto a su exesposa Day Vásquez con los fondos recaudados para la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro, parece ser la estrategia que Nicolás Petro estaría llevando a cabo.
El hijo mayor del presidente, quien está acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, se está jugando una carta para tratar de frenar de tajo el juicio, o por lo menos dilatar, por varios meses, un proceso que hasta el fiscal Francisco Barbosa afirmó que tendría una sentencia pronta.
En voz baja, la defensa de Nicolás Petro, esta vez representada por el abogado Ricardo Gaviria, quien actúa “como apoderado especial”, radicó una tutela que busca tumbar la decisión del Juzgado Segundo Penal de Barranquilla de rechazar la petición de nulidad que presentó Petro cuando apenas arrancaba su juicio.
El hecho llegó por sorpresa, pues se esperaba que el juicio por fin avanzara rápidamente, apoyado en un arsenal de pruebas que tiene la Fiscalía. En un extenso escrito, su abogado le argumenta al Tribunal Superior de Barranquilla que se le vulneraron los derechos al “debido proceso y a la doble instancia”.
Ante esa sorpresiva tutela, el juez Hugo Carbonó, quien lleva el caso, también alistó toda su artillería jurídica y respondió con los argumentos por los cuales rechazó la nulidad. Y es que la tutela, en sus argumentos, la emprende contra el juez: “Con dicha actuación, la decisión del juzgado evitó que fuera analizada por un juez superior, tal y como lo concibe la garantía fundamental. Ese control del superior (...) es una prerrogativa del debido proceso esencial para un Estado social y democrático de derecho que no puede ser soslayada”.
En síntesis, lo que reclaman es que el tajante rechazo a la solicitud de nulidad no debió ser tomado por el juez Hugo Carbonó, sino que debió hacerlo una instancia superior.
La acción de tutela tiene un tono violento, “cuando un juez se aparta de la independencia e imparcialidad que le rigen y, por el contrario, busca estrategias jurídicas para bloquear a una de las partes, se comporta como un litigante más que, al amparo de leyes y jurisprudencia, pretende ganarle a su contraparte. Se pierde así, por completo, su norte y desnaturaliza un debate judicial al carecer de un árbitro imparcial, independiente, objetivo y garantista”.
“La irregularidad que aquí se denuncia, esta sí constitutiva de un defecto procedimental absoluto, en tanto que, el señor juez penal del Circuito Especializado de Barranquilla, Hugo Junior Carbonó Ariza, por la vía de denominar como orden lo que en realidad era un auto, supuestamente para imprimirle celeridad a una actuación que (...) logró cercenar la posibilidad de la defensa y al procesado de impugnar su decisión y, de paso, sustraer su motivación del control de su superior judicial, como si de la estrategia jurídica de un litigante se tratara, cuando nos encontramos ante la majestad de la justicia que se precia de ser imparcial, independiente y garantista”, es el argumento clave de la defensa de Nicolás Petro.
Ante esta arremetida, que pone en tela de juicio la actuación e independencia, el juez Carbonó no se quedó callado y respondió a la tutela lanza en ristre contra la defensa de Nicolás Petro, calificándola de impertinente.
“No siempre puede dársele el trámite de concederse o no una invalidez planteada en la acusación, más cuando esta se arropa de solicitudes impertinentes, debe considerarse que el referido remedio procesal es el rechazo de plano, incluso conforme a la Corte Suprema (…) la alta corporación recuerda que el juez no debe contribuir a la dilación del proceso ni permitir intervenciones impertinentes”, se lee en la contundente respuesta.
A esto, el juez Carbonó le agregó que “cuando se presentan esa clase de nulidades en una audiencia de formulación de acusación, la ley procesal admite sanciones como el rechazo, la inadmisibilidad porque no inciden en la validez del proceso y no lesionan garantías fundamentales”.
Aunque se está a la espera de la decisión sobre la tutela, el juez Carbonó se atreve, con argumentos, a sentenciar que “por el camino del fracaso corre la tutela presentada por la defensa, cuando reclama que la orden de rechazar de plano fue un auto que se pronunció con respecto a cada uno de los aspectos de la nulidad”.
La Fiscalía, que lleva la carga probatoria en este proceso, estuvo completamente de acuerdo con la decisión del juez, y documentó la necesidad de que sea negada la tutela y que el juicio contra Nicolás Petro siga su curso normal, sin más dilaciones de la defensa.
Más allá de los argumentos que se cruzan entre defensa y juez, como señala la Fiscalía, lo que se puede entrever es un intento de poner trabas a la justicia y sostiene que el juez actuó en derecho y no se dejó ni presionar ni intimidar, pese a que en el banquillo de acusado estaba nada más y nada menos que el hijo del presidente de la república, Gustavo Petro.
Lo que se buscaría con la tutela es revivir la nulidad, que el juez se pronuncie de fondo y, sin importar la decisión, que esta termine en una apelación. ¿Qué significa esto? Que el caso tendría que ser definido en una instancia superior (Tribunal de Barranquilla), y no se resolvería en un tiempo menor de tres meses.
El actuar de la defensa de Nicolás, desde el momento que echó atrás su colaboración con la justicia, luego de una visita del presidente Petro en Barranquilla, ha sido darle largas. Hasta la Fiscalía ha criticado abiertamente estas maniobras, calificándolas como “desleales”.
Por ejemplo, cuando se iba a instalar el juicio, y todos los reflectores estaban puestos sobre el trascendental caso, la defensa pidió que este fuera trasladado a Bogotá, aunque los delitos se habrían cometido en Barranquilla y la costa caribe. Por “lealtad procesal” la solicitud fue elevada a la Corte Suprema de Justicia, que lo mantuvo en la capital del Atlántico.
Pero no es solo eso, los caminos que recorre la defensa también buscan borrar de un plumazo la reveladora confesión que hizo ante la Fiscalía, cuando pretendía buscar la inmunidad total, y que fue revelada en su totalidad por SEMANA. En ella contaba en detalle cómo ingresaron ríos de dinero, en especial del empresario Euclides Torres, que nunca fueron reportados en los libros de cuentas, todo con conocimiento de su papá.
Eso sumado a los aportes, que terminaron embolsillándose, de personas cuestionadas como el del fallido aspirante a la alcaldía de Maicao, el exnarco Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro; “donaciones” como la camioneta Tahoe, entregada por el empresario Juan Manuel Sarmiento, todo para darse vida de ricos representada en la compra de lujosos carros y propiedades.
Además, la defensa de Nicolás Petro radicó, ante la Corte Suprema y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, dos solicitudes formales para que la confesión no fuera ni siquiera tenida en cuenta.
Con esto Nicolás Petro no solo busca blindarse él, sino también que los procesos contra los aforados involucrados en este escándalo político judicial pasen impunes. Pero la movida apunta más claramente a sacar de problemas a su papá, el presidente Petro, en la Comisión de Investigación y Acusación, pues en esa declaración hay algo que no se puede echar para atrás, y que lo dijo con claridad: “Mi papá sí sabía”.