En la mañana de este lunes llegó Nicolás Petro Burgos a la Comisión de Disciplina Judicial para declarar en medio de la investigación que se adelanta contra el fiscal Mario Burgos, quien lleva su proceso por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.
“Declararé con rigor de verdad sobre todas las irregularidades, abusos y arbitrariedades de un patrón sistemático de conducta del fiscal Mario Burgos en mi caso”, manifestó Petro Burgos la cuestionar el papel de la Fiscalía General.
El hijo mayor del presidente Gustavo Petro celebró la decisión emitida recientemente por la Corte Suprema de Justicia que definió que su proceso judicial se debe adelantar en Barranquilla. En el fallo, el alto tribunal hizo un fuerte reclamo por la compulsa de copias que había hecho el juez en medio de la fracasada audiencia de acusación.
“Mis abogados defensores no pueden ser amenazados con sanciones por la Fiscalía cuando cumplen su trabajo profesional”, manifestó Petro Burgos. “Mi defensa hará uso de todos los instrumentos y recursos nacionales e internacionales que permita la ley para demostrar que todo lo actuado es ilegal por violación de mis garantías judiciales y obedece a un esquema sistemático y dañino del fiscal que me acusa”.
Para el exdiputado por el Atlántico, durante todo este proceso judicial se le han vulnerado sus derechos procesales y garantías a sus distintos abogados. “Un juez de garantía me dio la libertad porque no había necesidad de detenerme. Hoy aquí ante la Comisión de Disciplina Judicial le digo al país que mi investigador está siendo investigado por violar la reserva sumarial, el derecho de defensa y los derechos humanos que debe proteger”.
La investigación, que se abrió el pasado 6 de octubre por la magistrada Magda Acosta, presidenta de la Comisión, busca determinar si el fiscal Burgos filtró a la prensa el material audiovisual de la extensa diligencia celebrada el primero de agosto, en la que el entonces diputado por el Atlántico entregó información sobre otras personas relacionadas con la entrega de dinero en la recta final de la campaña presidencial en 2022.
Igualmente, fue citado a declarar el abogado Diego Henao Vargas, defensor de Petro Burgos y quien radicó la queja en contra del fiscal Burgos. En medio de la recolección de pruebas documentales, el despacho de la magistrada Acosta ordenó recolectar la hoja de ruta y cadena de custodia de la grabación del interrogatorio, con el fin de establecer la existencia de copias del mismo, y los funcionarios y agentes que tuvieron acceso al mismo.
En dicha diligencia judicial, Nicolás Petro entregó nombres, lugares, cifras y detalles que advirtieron un escándalo nacional. En el listado de personas que entregaron millonarias sumas de dinero en efectivo y a cambio de “favores” aparecen los “padrinos” del exdiputado del Atlántico, contratistas, empresarios y hasta extraditables. Un rompecabezas que corrobora las denuncias de su expareja, Day Vásquez.
En las pruebas que soportaron la imputación de cargos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. De qué forma recibió el dinero, cuánto y, en especial, quiénes se encargaron de hacerlo millonario en esa vaca que hizo en la costa Caribe, y que buena parte terminó en sus bolsillos.
Es allí donde aparecen los nombres de Gabriel Hilsaca, Santander Lopesierra, Óscar Camacho, un contratista de la ciudad de Cúcuta, también un constructor de Villavicencio, además de una mujer, sin identificar, del departamento de Boyacá. Cada uno, desde su escenario, se convirtió en un “padrino” del hijo del presidente, con la misión de aportar recursos a la campaña presidencial, aunque ―él lo confesó― se quedó con parte del mandado.
Entre mayo de 2021 y finales de 2022, Nicolás Petro recibió grandes sumas de dinero que gastó a manos llenas en viajes, ropa, joyas, casas y un carro lujoso. La efímera fortuna, que amasó y gastó en pocos meses, alcanzó los mil millones de pesos y hoy lo tiene al borde de la cárcel.
La Fiscalía señaló que para que Nicolás Petro hubiera podido costear todos esos gastos, debía tener en su haber más de 1.450 millones de pesos. “Para 2022, el señor Petro Burgos solo contaba con 280 millones de pesos, por lo que existen 1.053 millones que no son producto de su labor como diputado y, al no haber reportado ni encontrado otra actividad económica legal y que le genere ingresos ni apalancamiento financiero, estos se reputan como un incremento patrimonial injustificado, y lo es porque estos no son el resultado y fruto de su trabajo, sino de los constantes ingresos clandestinos de dinero recibidos en efectivo”, dice la Fiscalía en el escrito de acusación.
La negociación entre Nicolás Petro y la Fiscalía finalmente se cayó, pero la confesión que alcanzó a hacer Petro Burgos ante la Fiscalía, y que fue conocida en exclusiva por SEMANA, marca la hoja de ruta para la investigación que involucra a políticos, particulares y empresarios. Esta será además una de las pruebas que se usará durante el juicio en su contra.