SEMANA conoció que el juzgado quinto de ejecución de penas de Bogotá negó la solicitud de libertad condicional presentada por la defensa de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado Afanador, condenada en 2014 por su responsabilidad en el denominado escándalo de las ‘chuzadas’.
En la determinación tomada este 17 de enero se señala que la exjefe del organismo de seguridad no cumple con todos los requisitos pata obtener este beneficio.
La defensa de Hurtado Afanador había presentado la solicitud de libertad condicional el pasado 3 de diciembre, argumentando que había cumplido con los requisitos de reparación y petición de perdón para las víctimas reconocidas dentro del proceso que se le adelantó en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En este punto se anexó la carta en la que Hurtado le pide perdón a los magistrados de la Corte Suprema, los entonces congresistas Gustavo Petro y Piedad Córdoba, el abogado Ramiro Bejarano y el periodista Daniel Coronell por el “daño causado” con los seguimientos, interceptaciones y búsqueda de información privilegiada que adelantaron varios agentes del DAS para adelantar una campaña de desprestigio en su contra.
Debido a un problema de trámite en el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el centro de reclusión, el 7 de enero se presentó una reiteración para que se le diera este permiso, anexando los documentos que demuestran su estudio, trabajo y buena conducta. Sin embargo, para el juzgado de ejecución de penas no ha cumplido las tres quintas partes de la condena de 14 años que le impuso en el 2015 la Corte Suprema.
En el fallo se determinó que la entonces directora del DAS (entre el 30 de agosto de 2007 y el 22 de octubre de 2008) creó el G-3, una unidad especial encargada de adelantar seguimientos constantes a un grupo de personas con el fin de obtener información sobre sus movimientos, acciones diarias, encuentros, fuentes, lugares frecuentes.
Esto con el fin de crear una campaña de desprestigio ante la opinión pública para que cada una de sus acciones apareciera como viciadas. En el caso de los magistrado de la Corte, principalmente aquellos que investigaban la ‘parapolítica’, se les quiso vincular con el empresario Asencio Reyes, a quien lo señalaban de tener nexos con narcotraficantes en el Huila.
Igualmente, a los senadores Piedad Córdoba y Gustavo Petro, quienes lideraban la bancada de oposición en contra del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se les quiso vincular con grupos armados ilegales y adelantar actividades en el exterior para deslegitimar al Estado. Para conseguir estas pruebas, incluso, se utilizaron los gastos reservados del DAS.
En el caso de Piedad Córdoba se buscó la forma de obtener la factura de pago de un hotel en Venezuela con el único fin de verificar su participación en un evento, en cual se hicieron fuertes acusaciones contra el Gobierno de Colombia. Estos documentos fueron clave para señalarla de hablar mal del país.
En el caso de Bejarano y Coronell se realizaron seguimientos para obtener los nombres de sus fuentes periodísticas. Esto teniendo en cuenta las columnas que habían escrito en las que develaban escándalos de funcionarios del Gobierno. En el caso del periodista se realizaron amedrentamientos que lo obligaron a salir del país junto a su familia.
Desde enero de 2015, María del Pilar Hurtado se encuentra privada de su libertad en una guarnición militar. En el fallo fue sentenciada por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Por estos mismos hechos fue destituida e inhabilitada por 18 años para ejercer cargos públicos por parte de la Procuraduría General de la Nación.