Casi en silencio, la Corte Suprema de Justicia vivió una tensión interna que durante cuatro semanas generó malestar, dudas y uno que otro enfrentamiento. En la Sala Civil se estudió el recurso interpuesto por el senador Álvaro Ashton, que en un texto de 28 páginas reclamó la entrada en vigencia de la norma que creó la doble instancia para aforados; el Acto Legislativo obtuvo la bendición presidencial en enero de este año. Sin embargo, los magistrados de la Sala Penal tomaron la decisión de mantener sus funciones hasta tanto no se crearan las nuevas salas de magistrados, que entrarían a asumir las funciones de investigación y juzgamiento en primera instancia. Con sus funciones en firme, la Sala Penal en los últimos seis meses ha movido expedientes tan importantes como los del expresidente Álvaro Uribe, los senadores Bernardo ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile, el exgobernador Alejandro Lyons, el excongresista David Char y el exfiscal Gustavo Moreno, entre otros.Desde la cárcel La Picota, de Bogotá, Ashton se lanzó en contra de la Sala Penal, que ordenó su detención por sus presuntos nexos con grupos paramilitares. Calificaba el trabajo de los magistrados penalistas como “desafortunado para el Estado de derecho” e irrespetuoso, pues “apelan a razones de conveniencia y oportunidad”. Y aún más, indica que por la vía de la interpretación, esos togados están reemplazando y desconociendo la ley.Aunque otros recursos en esta misma dirección habían sido rechazados por la propia Sala Penal, esta acción de tutela causó alarma y preocupación ya que sus pares en la Sala Civil, se tomaron un tiempo amplio darle estudio y debatirlo. Sin embargo, este miércoles, por mayoría, los magistrados finalmente decidieron rechazar la acción de tutela.
El ponente de la decisión fue Armando Tolosa, quien había proyectado un fallo en donde aseguraba que la entrada en vigencia del Acto Legislativo debía contar desde el momento en que los nuevos magistrados fueran elegidos y no desde la firma presidencial. La decisión defintiva fue en esta dirección: la de evitar que los procesos quedaran paralizados y respaldar la legitimidad de la Sala Penal para seguir actuando. De esta manera, se salva no solo la actuación de la Sala Penal en el caso Ashton sino todas las decisiones que este alto tribunal ha tomado en los últimos meses. Incluyendo en la lista los expedientes que estaban por prescribir como el caso por parapolítica contra Musa Besaile (que pasó a etapa de juicio) y el de las masacres del Aro, La Granja y el asesinato del líder social Jesús María Valle, que fueron declarados de lesa humanidad.