El presidente Juan Manuel Santos anunció el nombramiento de Nigeria Rentería y a María Paulina Riveros como las nuevas integrantes de la comisión negociadora del gobierno en la mesa instalada en La Habana, en reemplazo de Luis Carlos Villegas, quien pasará a ser el embajador colombiano ante Washington. Ambas mujeres serán negociadoras plenipotenciarias, es decir, que entrarán en iguales condiciones que los negociadores que ya se encuentran participando en los diálogos de paz. Nigeria Rentería, a quien muchos consideran chocoana, realmente es oriunda de Codazzi, Cesar. Sin embargo, la actual alta consejera presidencial para Equidad de la Mujer sí ocupó varios cargos en ese departamento del Pacífico: fue oficial mayor del Tribunal Contencioso Administrativo de Quibdó, juez segundo administrativo de Quibdó y secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Quibdó entre 1999 y 2000.Es abogada de la Universidad La Gran Colombia de Bogotá, especializada en Derecho Administrativo Contencioso de la Universidad Externado de Colombia y candidata a Magister de Ciencias Políticas y liderazgo Democrático del Instituto de Altos Estudios Europeos. También se desempeñó como secretaria general de la Alcaldía de Cali desde 2008 hasta 2011 y como asesora para la Mujer en Cali en este último año. En el 2012 ingresó al ICBF como asesora de Enfoque Diferencial de la Dirección General y directora de la Regional Chocó. Posteriormente se desempeñó como subdirectora técnica para la Atención a la Familia y las Comunidades.Por su parte, María Paulina Riveros trabajó como directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Es abogada de la Universidad Externado de Colombia, magister en Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana y conciliadora en Derecho titulada por la Cámara de Comercio de Bogotá.Hace poco formó parte de la delegación del Gobierno Nacional que asistió a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de su 149 período de sesiones en Washington, donde se habló de garantías legales para la protesta social pacífica.La funcionaria ha afirmado que “la protesta social pacífica cuenta con una protección legal y constitucional compatible con los estándares internacionales sobre derechos humanos pero sí prohíbe el recurso de la violencia y actos que atenten contra las libertades”. Riveros ha sido una abanderada del diálogo para la resolución de conflictos.