Por entregar 200 millones de pesos para dos investigaciones que cursaban en su contra en la Corte Suprema de Justicia fueran archivadas, este viernes la Procuraduría General inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos al exrepresentante a la Cámara, Nilton Córdoba Manyoma.
En el fallo disciplinario se concluyó que el excongresista le envió este soborno al magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Andrés Ruiz, a través de su abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, con el fin que los expedientes que reposaban en el despacho del magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández se estancaran y evitar que se dictara en su contra una orden de captura.
Moreno Rivera -considerado el testigo clave por el escándalo del cartel de la toga, reseñó la forma en cómo se realizó el movimiento de dinero para desviar la investigación.
Las investigaciones contra Córdoba Manyoma tenían relación irregularidades en la construcción de la Alcaldía del municipio de Medio Baudó, Chocó, y por un presunto lavado de activos en actividades de explotación de oro y platino, hechos ocurridos cuando se desempeñó como alcalde de ese municipio.
Con su actuar, el entonces congresista “quebrantó sus deberes funcionales al no actuar conforme al marco normativo y acorde con la majestad de su investidura, vulnerando el principio de moralidad que regula la función administrativa, sin justificación alguna en su proceder”.
En este sentido, la Procuraduría indicó que Córdoba Manyoma demostró un desprecio total por la ética y la honradez que deben guiar el ejercicio de la función pública, “más aún si se trata de un servidor elegido por voto popular, de quien la sociedad espera un comportamiento libre de mácula, transparente y correcto”.
El Ministerio Público precisó que el excongresista tenía pleno conocimiento de que entregar sumas de dinero a servidores públicos para obtener beneficios es un comportamiento que se encuentra prohibido y constituye un delito que es castigado por la ley penal.
Por esos hechos, la Procuraduría calificó la conducta de Córdoba Manyoma como una falta gravísima cometida a título de dolo, y puntualizó que el hecho investigado configura un acto de corrupción de acuerdo con los diversos instrumentos internacionales existentes, y en la lucha contra esas conductas “el ejercicio del poder disciplinario de cara a estas prácticas enquistadas y tristemente normalizadas en nuestra sociedad es un compromiso internacional del Estado que le compete cumplir por mandato constitucional y legal a la Procuraduría General de la Nación frente a todos los servidores públicos, incluidos los elegidos popularmente”.
Por estos hechos, Córdoba Manyoma enfrenta un proceso penal ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el delito de cohecho por dar u ofrecer, es decir entrega de sobornos.
En su juicio ya declaró Gustavo Moreno quien confirmó que en efecto fue contactado por el entonces congresista para que realizar todas las acciones necesarias con el fin de desviar los procesos que existían en su contra.
Igualmente, narró las reuniones que sostuvo con Córdoba Manyoma, lo que se pactó en dichos encuentros, y el pago de los honorarios.