En la vereda de San José de Campo Lajas, en la región del Catatumbo, los niños solo tienen una opción para cruzar el río que los separa de su colegio: navegar en balsas improvisadas, debajo del puente colgante imposible de atravesar, pues la mitad de éste carece de peldaños que permitan el paso. En total son dos trayectos que tienen que realizar para cumplir con su jornada laboral, viaje que, en temporada de lluvias, se vuelve un recorrido casi suicida.
El 30 de mayo de 2019 el personero del Municipio de Sardinata tocó las puertas de la Corte Constitucional para buscar cobijar el derecho fundamental a la educación con una tutela, pues con sendas barreras es evidente la dificultad que tienen los menores para acceder a este derecho. Le recomendamos: Es posible hablar de un carrusel de las escuelas Cuando el caso llegó a la Sala Primera de la Corte Constitucional la historia dejó fríos a los magistrados que, de inmediato, generaron una comisión para abrir un proceso de “interacción significativa”. Esto quiere decir que entre las distintas partes del proceso (el municipio, el personero y por supuesto los niños) se realizó un trabajo de campo para revisar a fondo el caso y buscar soluciones. El tribunal se ha abstenido de pronunciarse a través de un fallo, pues “el análisis de la faceta presentacional de los derechos no es una tarea exclusiva del juez constitucional”, dijo la corte en un comunicado. “Este caso se podría haber solucionado sin nosotros. Esta acción de tutela no debía producirse, sino que se debió solucionar desde un primer momento si las autoridades hubieran actuado a tiempo para proteger a las comunidades”, dijo el magistrado Carlos Bernal durante la rueda de prensa. También puede leer: Catatumbo bajo el fuego y el miedo Hasta ahora no hay una sentencia frente al caso, sin embargo, la corte ha desplegado y acompañado todo un trabajo comunitario para buscar una solución a las precarias condiciones en las que tienen que desplazarse los niños de esta región para poder llegar a su escuela, que, para colmo de males, está en una situación igual de deplorable. Además dictó un plan de contingencia para minimizar los riesgos hasta que se tengan soluciones definitivas, mientras tanto, ordenó el diálogo entre las partes que debe ser guiado por un juez de primera instancia.