El fiscal general Francisco Barbosa reaccionó este viernes a la decisión de la Corte Constitucional que le puso condicionamientos al proyecto de paz total impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro. Para el jefe del ente investigador, el alto tribunal dio la razón a todos los cuestionamientos que ha planteado desde un principio y destacó que la Corte, con su fallo, está sosteniendo la institucionalidad del país.

“Un año y medio de desgaste, simple y llanamente porque las cosas se tienen que hacer en derecho; hoy la rama judicial está sosteniendo la institucionalidad colombiana”, precisó Barbosa al celebrar el hecho de que la Corte Constitucional le dio la potestad al Congreso de la República para que defina el grupo que puede entrar a negociar la paz total.

Lograr la liberación de miembros de la primera línea ha sido casi una obsesión para el presidente Petro; incluso, trató de nombrarlos “gestores de paz” para sacarlos de las cárceles, pero la Corte Constitucional le puso en claro que ni los delincuentes que se vincularon a las protestas ni los peligrosos criminales que ya están detenidos y forman parte de grupos ilegales puede salir de las prisiones por mero capricho presidencial.

“La Corte dice que debían establecerse leyes de sometimiento en cabeza del Congreso y no podía intentarse por vía del Ejecutivo establecer engendros de cualquier tipo para suplantar la labor del Ejecutivo”, aclaró. Para el fiscal general, ya perdió la cuenta de las veces que advirtió sobre la necesidad de una ley de sometimiento clara y definida. “Lo dije en enero de este año cuando me negué a levantar las órdenes de captura de narcotraficantes”.

“No era posible de un plumazo presidencial sacar delincuentes de la primera línea de la cárcel”, manifestó el fiscal general en el Encuentro de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que se realiza en la ciudad de Neiva.

En este sentido, aseguró que en múltiples escenarios se le había advertido al Gobierno de las incoherencias y falencias en la potestad que se había adjudicado el presidente de ordenar libertades a los integrantes de estos grupos.

“El presidente tiene la posibilidad de solicitar levantamiento de órdenes de captura razonadas y la rama puede decir sí o puede decir no”, explicó el fiscal general al recordar que sus funcionarios tienen intactos los principios de autonomía para tomar decisiones.

“Los fiscales en el marco de su autonomía e independencia en los próximos días tendrán las órdenes de captura de las personas que salieron de la cárcel como voceros de paz”, advirtió Barbosa en una respuesta directa al Gobierno.

En su extensa intervención, el fiscal general señaló claramente que este proyecto de la paz total “aniquiló” por completo los procesos de paz, puesto que generó insostenibilidad y dudas en la aplicación de la ley, así como de los beneficiarios.

En su concepto, desde un principio se mezclaron peras con manzanas, pues nunca se quiso hacer una diferenciación clara de los grupos armados ilegales que recibirían beneficios. En la bolsa, igualmente, se sumaron grupos delincuenciales comunes y otros, como los de la primera línea, que no cuentan con características claras. Por esta razón no dudó en llamar todo esto como un “engendro”.