“Perdón por poner en tela de juicio la imagen de sus familiares, por presentarlos como delincuentes cuando no lo fueron (…), perdón por el daño y lo que tuvieron que vivir para poder recuperar sus cadáveres y las necesidades durante estos 14 años”. Como estas palabras, pronunciadas por coronel (r) Rubén Darío Castro, fueron los testimonios desgarradores de al menos 10 militares ante la JEP en el marco de una audiencia por el caso 03, que aborda los falsos positivos.

En el caso del coronel (r) pidió perdón por lo ocurrido: “Soy consciente de que todavía hay mucho camino por recorrer”, y agregó que los encuentros previos que fomentó la JEP con las víctimas le permitieron “entender que ellas tienen muchos vacíos por llenar. Acepto mi responsabilidad por las ejecuciones de 2008, cuando era comandante, porque continué ejerciendo estas políticas del comandante del Ejército para la época, el general Mario Montoya, de mostrar resultados a como diera lugar”, dijo ante familiares de víctimas y magistrados de la justicia transicional.

“Vengo a reconocer que siendo jefe de Estado mayor de la BRIM15 existió una banda criminal al interior de la Brigada de la cual tuve conocimiento, que no denuncié, ni investigué”, empezó diciendo el coronel (r) Rubén Darío Castro Gómez.

En este caso, los señalados por la Justicia Especial pertenecían a la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander, entre ellos el general Paulino Coronado, los coroneles Santiago Herrera y Rubén Darío Castro; los tenientes Álvaro Diego Tamayo y Gabriel de Jesús Rincón Amado y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro.

En la audiencia también participó el mayor (r) Juan Carlos Chaparro Chaparro quien, visiblemente conmovido, pidió perdón por lo que calificó como crímenes de lesa humanidad: “pido perdón por las actividades atroces que cometí, encubrí y que tapé”, dijo.

Su testimonio prosiguió admitiendo que en muchos casos de bajas en combate, no se trataba de guerrilleros, sino de campesinos, es decir población civil inocente: “Me arrepiento de corazón de haber mancillado el nombre de ustedes y quiero que sepan que esos asesinatos que realizó el Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander, cuando fui oficial de operaciones, eran personas de bien. Eran campesinos”.

Los 11 comparecientes que entregaron versión en el Caso 03 - subcaso Catatumbo, reconocieron ante la justicia, las víctimas y el país su responsabilidad por los hechos y crímenes que cometieron y que fueron esclarecidos por la JEP.

En la diligencia estuvieron también presentes familiares de las víctimas que corresponden con las dos modalidades que configuraron el patrón criminal perpetrado entre enero de 2007 y agosto 2008 en Norte de Santander.

Otro testimonio de los militares admitió que “todos los asesinatos fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad como lo imputó la JEP”.

Otro testimonio fue el del capitán (r) Rivera Jácome, el cual manifestó: “Acudo con el fin de reconocer mi responsabilidad como máximo responsable a título de coautor por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Me declaro responsable frente a los hechos y lo que me imputa la JEP”.

Y agregó: “Soy responsable de que usted estuviera detenido. Yo elaboré falsos documentos de inteligencia que puse a disposición de la Fiscalía”, le dijo el capitán (r) tras reconocer que pagaron para que desmovilizados declararan en su contra.

No es la primera vez que militares admiten errores. Hace unos meses, Paulino Coronado Gámez, un general en retiro del Ejército Nacional, quien en julio de 2021 fue imputado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su responsabilidad en los asesinatos extrajudiciales, más conocidos como ‘falsos positivos’, entre 2002 y 2008, se convirtió en el miembro de esta institución con el más alto rango en atribuírsele su participación en esta página oscura de la historia nacional.

No obstante, la noticia que ha agitado la actualidad nacional es que tanto Coronado como otros 20 miembros del Ejército aceptaron tener participación directa en los ‘falsos positivos’ que se desarrollaron en la zona del Catatumbo (Norte de Santander) durante el primer periodo del expresidente Álvaro Uribe (2002-2006) y parte del segundo (2006-2010).