El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, insistió en restarle importancia a la grave situación de orden público que se presenta en el país.
De acuerdo con el ministro Velásquez, pese a que “se dan afirmaciones negativas en materia de seguridad y reconociendo problemas de seguridad, no es la situación catastrófica que se presenta”.
Asimismo, el ministro Velásquez, para contradecir lo que desde algunos sectores políticos se ha señalado sobre que la Fuerza Pública está con las manos amarradas para combatir la criminalidad, dijo que en lo corrido del año se han presentado 196 combates contra las organizaciones ilegales armadas.
“Lo que las fuerzas han asumido es el pleno respeto por los derechos humanos, no matar si no es indispensable, es decir, siempre privilegiar la vida sobre la muerte”, señaló el ministro de Defensa.
Las declaraciones las entregó el ministro en medio de la presentación del número de hombres de la Fuerza Pública que estarán al frente del plan de seguridad para las elecciones regionales del mes de octubre.
“Con 67.473 uniformados, la Policía apoyará los más de 12 mil puestos de votación en cada rincón del país, mientras que el Ejército hará presencia con más de 4 mil soldados para que los colombianos y colombianas tengan las garantías del correcto ejercicio al sufragio”, dijo el ministro Velásquez.
Disidencias instalan vallas imponiendo reglas
“Aquí quienes mandan son los muchachos (disidencias de Farc)”, esta es la contundente afirmación de Raul*, presidente de una junta de acción comunal en el Caquetá. La frase está relacionada con la falta de control de la Fuerza Pública en varias regiones del país donde está disparada la extorsión y donde quienes imponen las reglas de convivencia son las mafiosas disidencias de las Farc de Iván Mordisco e Iván Márquez, en proceso de negociación de paz con el Gobierno.
SEMANA reveló documentos de inteligencia que muestran cómo las disidencias están regadas con cerca de 4.000 hombres en los departamentos del Meta, Caquetá, Huila, Cauca y Valle del Cauca, quienes ordenan diferentes acciones criminales, como el cobro de vacunas.
El descaro de estas organizaciones ha llegado a tal punto que, como se muestra en las imágenes, han puesto vallas en las que notifican a los pobladores las normas de convivencia que deben cumplir, sustituyendo al Estado y a las Fuerzas Militares y de Policía.
Para ser identificados, los motociclistas no pueden ir con casco, los vehículos deben transitar con los vidrios abajo, se prohíben carros con carpas, a los comerciantes de ganado se les prohíbe moverse entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, entre otros.
Otro de los asuntos graves que denunció Raúl es la cooptación de las disidencias de las Farc a punta de fusil de las juntas de acción comunal. A través de estas organizaciones sociales, los criminales tienen pleno control y censo de los pobladores de las veredas; para ingresar a los territorios tienen que presentar el carné de afiliación de la junta, deben asistir obligados a las reuniones que convocan las disidencias, en las que dan instrucciones sobre el pago de impuestos (extorsiones) y además tiran línea sobre cuáles candidatos deben ser apoyados en las próximas elecciones del mes de octubre.
En los informes que conoció SEMANA, se puede establecer que el Estado Mayor Central de las Farc, de Mordisco, desplegó una de sus más sanguinarias facciones para dominar el territorio en los departamentos antes mencionados. Se trata de la estructura Jorge Briceño, que está bajo el mando de alias Calarcá, quien ha sostenido varias reuniones con el comisionado de paz, Danilo Rueda.
La Jorge Briceño se divide en cuatro facciones que se extienden a lo largo de los departamentos del Meta, Caquetá, Huila, Cauca y Valle del Cauca, donde tienen continuos enfrentamientos con la Segunda Marquetalia de Iván Márquez (en diálogos de paz), que busca el control del territorio con las estructuras de los Comandos de Frontera y Acacio Medina.
Por debajo de Márquez y quienes dan las órdenes se encuentran como coordinador de comisión el ‘Zarco’ Aldinever; como coordinador logístico, Nelson Robles y, en otros niveles, Walter Mendoza, alias John 40 y Andrés Araña.
La presencia de las disidencias de las Farc en los municipios, así como las cifras disparadas en materia de secuestro y extorsión en el país, desmienten el positivo balance que en materia de orden público entregó recientemente el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
El secuestro se incrementó en un 90 %: pasó de 154 casos el año anterior a 293 este año; la extorsión tuvo 1.348 casos más que en 2022, para un incremento del 34 %. En 2023 se presentaron, a junio, 5.259 hechos.
Raúl, quien pidió se le cambiara su nombre por seguridad, aseguró que las cosas en las regiones son a otro precio. Hoy por hoy, por la ausencia de la Fuerza Pública y la falta de operaciones militares contra las disidencias se están volviendo a ver escenas de cuando la guerrilla de las Farc estaba activa, que era la que mandaba en los territorios y no las autoridades legalmente constituidas.
El líder social que ve cómo se desmoronó la seguridad en los territorios, le entregó a SEMANA uno de los panfletos en los que las disidencias imponen tarifas para el pago de servicios de agua, imponen una multa $50.000 y $500.000 a quienes no asistan a las reuniones, y cómo la junta de acción comunal tiene que enviar un listado a la estructura criminal de las personas que incumplan con las normas fijadas por ellos.
Lo revelado por Raúl y los documentos en poder de SEMANA son muy distantes de la realidad que presentó el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, en su rendición de cuentas del primer año de gobierno, en la que, según él, el manejo del orden público en el país va por buen camino.
El ministro de Defensa reconoció en su rendición de cuentas que hubo disminución de capturados de integrantes de grupos armados ilegales, al pasar en 2022 de 6.875 a 4.730 en 2023: una reducción del 32 %.