La amnistía general propuesta por el expresidente Álvaro Uribe sigue generando polémica. En esta oportunidad, la propuesta del exsenador, que ya quedó estructurada en un proyecto que presentará en los próximos días al Congreso, generó una fuerte controversia entre Uribe y el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes.
En diálogo con El Tiempo, Cifuentes se unió al coro que no solo critica la propuesta del jefe de Centro Democrático sino que la considera inconstitucional. “Tanto la propuesta que se improvisó en su cita formal ante la Comisión de la Verdad como la que se formuló después por escrito son iniciativas manifiestamente inconstitucionales”, aseguró. Auguró además que un acto como este tarda muy poco en caerse en la Corte Constitucional.
Cifuentes dejó claro que la propuesta de Uribe no es de amnistía, sino de desmonte del acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc firmado en La Habana.
El pronunciamiento del magistrado no cayó bien en la derecha. Y menos, en el expresidente Uribe quien este lunes le respondió: “El doctor Cifuentes de la JEP, cuando no insulta distorsiona, su único argumento es mantener los privilegios de las Farc. No es magistrado sino politiquero que aumenta la ilegitimidad de la JEP”.
Las divisiones entre el uribismo y la justicia transicional creada para juzgar a exguerrilleros y protagonistas del conflicto armado, ha existido desde su creación, pero se volvió a agudizar durante las últimas semanas cuando el expresidente empezó a hablar de amnistía general.
Mucho más cuando la senadora María Fernanda Cabal, hoy una de las más cercanas al jefe de Centro Democrático, propuso que la propuesta sería ideal porque con el perdón generalizado se acabaría la JEP y la Comisión de la Verdad, instituciones creadas tras la firma de los acuerdos de paz, y de paso el Estado se ahorraría más de 400.000 millones de pesos que vale su funcionamiento al año. El dinero, según Cabal, iría directamente a las manos de las víctimas.
La amnistía ha generado aceptación entre los más cercanos al exmandatario, pero hay un sector del uribismo que no la ve con buenos ojos. El precandidato presidencial Rafael Nieto dijo que los beneficios extraordinarios para las Farc son injustos. “Pero el camino para resolver esa inequidad no es extenderla a otros criminales. Si queremos ser una sociedad civilizada, tenemos que dejar de tratar mejor a los bandidos que al ciudadano de bien”. Uribe, le respondió con un video didáctico explicando el alcance de su iniciativa.
Incluso, el propio fiscal general Francisco Barbosa rechazó la propuesta. “Me opongo a cualquier tipo de amnistía en Colombia porque va en contra de los derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario, de las normas internacionales y al mismo tiempo deslegitima la labor de la Jurisdicción Especial de Paz en Colombia que se hizo en el marco de unas limitaciones”, expresó en su momento.
La amnistía general puede resultar atractiva, pero no es completamente clara para la opinión pública. Y, de momento, tampoco lo es para un legislativo donde tendrá que transitar si quiere convertirse en realidad.
Su camino no será fácil. Además del corto tiempo que le quedan a los actuales congresistas, se suma a que sería una ley que tendría que pasar a revisión de la Corte Constitucional lo que extenderá los plazos de su posible aprobación.