La decisión de la Corte Constitucional de tumbar el proyecto de cadena perpetua para violadores de niños, niñas y adolescentes ha generado todo tipo de reacciones. Mientras unos reclaman porque consideran que los directos afectados serán los menores de edad que sufran este flagelo, por otro lado hay expertos que consideran que constitucionalmente no era viable, y por eso apoyan la decisión del Alto Tribunal.
SEMANA consultó a tres reconocidos penalistas del país sobre la decisión. Coinciden en que habían advertido que no pasaría ese filtro de la Corte. Consideran que las soluciones para ese problema deben ser otras.
Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, advirtió desde el primer momento en que se postuló la idea en el Congreso que era contraria a la Constitución. Precisamente, fue un grupo de este colegio uno de los demandantes de la ley ante la Corte, junto a miembros del Colegio Colombiano de Psicólogos, argumentando que era inconstitucional.
“Es muy importante que se reivindiquen los derechos humanos, que se protejan a los niños, niñas y adolescentes, pero personalmente creo que debe haber una responsabilidad política porque a los ciudadanos se les vendió una idea, se les hizo una promesa que desde el día uno se sabía que no se iba a cumplir y esto fue un acto de grotesca irresponsabilidad legislativa”, comentó Bernate.
El penalista considera que los congresistas que impulsaron el proyecto deben asumir esa responsabilidad política. “Tiene que haber unos responsables y consecuencias por esa catástrofe en la que se indujo a la ciudadanía a creer algo que no podía ser”, agregó.
En ese sentido, pidió que asuman el error y que desde el Ministerio de Justicia también se tomen decisiones al respecto, porque considera que es un error histórico. “Es una situación muy lamentable, que el ciudadano del común debe ver como algo negativo, no está conforme con esta decisión, pero insisto, se le hizo creer que era viable cuando desde el día uno se sabía que no”, comentó Bernate.
Asegura que esa idea, a pesar de que suene más atractiva en últimas generaría mayor impunidad para los agresores. “El Colegio de Abogados Penalistas celebra la decisión que es acorde con lo que la Corte ha dicho desde hace 30 años. Adicionalmente, hacemos un llamado a que no se haga política con los niñas, niñas y adolescentes, que se respete la Constitución”, afirmó el penalista.
Una idea similar tiene Iván Cancino. “Lo dijimos desde el principio, atacaba el núcleo de la Constitución. Una cadena perpetua no cabe en un Estado social y democrático de derecho y sobre todo que no cumplía jamás el fin de tener una norma que es proteger a la niñez”, dijo.
Y agregó: “Una norma no puede tener un sentido de venganza sino de protección a los niños y la cadena perpetua no cumplía eso. Ojalá que ahora sí el Congreso se dedique a hacer normas que protejan a los niños en vez de buscar populismos punitivos”.
Cancino comparte el argumento que tuvieron los magistrados para tumbar la norma, referente a los derechos humanos que se podían ver afectados si se aprobaba la ley. El penalista señala que estructuralmente una condena busca resocialización y lo que se contemplaba no cumple con la base de la Constitución.
“Aquí se violaba de clara manera frente a todos los colombianos, frente a todos los ciudadanos. No protegía al menor. No es una derrota de los niños, es un triunfo de las garantías y un mensaje al país para que haga normas que realmente protejan a los niños. El derecho penal no es la vía”, afirmó Cancino.
Los penalistas coinciden en que con esta decisión se marca un precedente para eventuales reformas que busquen la cadena perpetua en el país. “Tocaría reforma toda la estructura básica de la Constitución”, comentó Cancino.
Jaime Lombana también se mostró a favor de la decisión. “Comparto la decisión de la Corte. Considero que desde el punto de vista político-criminal y de prevención, estudiosos desde 1.800 han demostrado la ineficacia de la pena de muerte. Los crímenes se deben luchar con otra serie de medidas, pero lo que está demostrado con estudios es que la pena de muerte no disuade preventivo generalmente al resto de la sociedad”, afirmó Lombana.
El abogado especialista en derecho penal también considera que era una norma inconstitucional. Lombana afirma que desde su experiencia la cadena perpetua no previene los delitos, que ningún criminal antes de delinquir mira el tiempo de la pena, y que en últimas la cadena perpetua tiene un resultado igual al máximo de la pena actual, debido a la edad promedio de quienes cometen esas conductas. Asegura que Colombia cuenta con penas elevadas y que lo importante es encontrar a los responsables para ponerlos tras las rejas.
Asimismo, el penalista dice que una verdadera solución debería estar enfocarla en una prevención del delito. Señala que se debe tener en cuenta los casos en los que pueda haber error judicial, es decir, cuando el juez se equivoque al sentenciar a una persona inocente.
Por ahora la norma queda sin peso jurídico y vuelve a quedar el panorama como estaba. Los condenados por estos delitos deberán pagar hasta 30 años de prisión sin beneficios. Los penalistas consideran que esta medida es más efectiva, ya que en el nuevo proyecto se contemplaba que a los 25 años la condena era revisable.