Un golpe a la operatividad y contundencia de las Fuerzas Militares o una protección a los derechos humanos de los menores reclutados? La decisión del ministro de Defensa, Iván Velásquez, de suspender los bombardeos generó un intenso debate.

Pese a que el anuncio no fue sorpresivo, muchos consideran que sí fue precipitado, pues no valoró la situación actual del país, dado que aquí operan poderosos grupos armados dedicados al narcotráfico como el Clan del Golfo, las disidencias y el ELN.

La culebra está viva. Desde la otra orilla lo califican de acertado, para evitar que se repitan hechos como los ocurridos en un operativo contra el comandante guerrillero Gildardo Cucho y el jefe de las disidencias de las Farc Gentil Duarte, en San Vicente del Caguán, en el que murieron 14 personas y luego se supo que siete eran menores de edad. Una operación que, incluso, el entonces presidente Iván Duque calificó como “impecable”.

El hecho le costó la cabeza al entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien renunció antes de que lo tumbaran en un debate de moción de censura. La decisión del Gobierno entrante tiene un claro precedente. En abril de 2018, la Corte Constitucional ordenó medidas para proteger el derecho a la paz, en medio de las negociaciones que sostenía el Gobierno Santos con la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba).

La decisión fue fuertemente cuestionada por el general en retiro Jaime Ruiz Barrera, quien la calificó como un “error terrible”. El expresidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) aseguró que era más que previsible dentro de la política del recién posesionado Gobierno que quiere “acabar con todas las capacidades de las Fuerzas Militares”.

Este anuncio, en consideración del oficial en retiro, es el primero de muchas medidas que se tomarán para afectar la institucionalidad y limitar las acciones para combatir a las organizaciones terroristas y de narcotraficantes.

“Negar los bombardeos es otorgarles a estas organizaciones terroristas y grupos criminales organizados dedicados al narcotráfico la posibilidad de fortalecerse en la zona”. Para el general Ruiz es evidente que los grupos armados ilegales han utilizado desde hace mucho a los menores de edad como escudo para protegerse.

Por su parte, el senador Iván Cepeda, miembro de la Comisión de Paz del Senado, celebró la decisión y consideró que la medida era necesaria para evitar que se presenten, a toda costa, violaciones a los derechos humanos de los menores reclutados por las organizaciones y bandas criminales.

Con esto, señaló Cepeda, se blindan los principios internacionales que obligan a distinguir entre combatientes y no combatientes en un operativo militar, así como aquellos que ordenan tener una precaución absoluta en medio de las hostilidades. “Eso se venía infringiendo de una manera absolutamente evidente en el Gobierno anterior”.

Cepeda asegura que el Estado tiene la obligación de proteger a los menores de edad y adolescentes para mantenerlos por fuera del conflicto armado. “No basta con que existan leyes, sentencias o pronunciamientos, el punto es que las autoridades las cumplan”.

Con el fin de que no se presenten más reclutamientos de menores de edad por parte de grupos armados ilegales, el senador insiste en la necesidad de abrir las puertas a procesos de paz y sometimientos. “La solución radical en este tipo de asuntos es precisamente llegar a la paz. Esa es una solución real”.

El debate está abierto y las posiciones resultan radicales. El Gobierno Petro le apuesta a la “seguridad humana” y este es uno de sus anuncios. Falta esperar si el resultado es un avance en la paz o, como plantea el exvicepresidente Francisco Santos, se abrirán más espacios para el reclutamiento de niños, contrario a detener la criminalidad, que en últimas es lo que buscaría el Gobierno.