El sueño de miles de familias de abandonar Bogotá por el estrés que generan sus trancones, ruido, contaminación e inseguridad, para irse a vivir a lugares más tranquilos, seguros y con mejor calidad del aire, se convirtió en una pesadilla. El éxodo hacia municipios de la Sabana como Cajicá, Chía, Tocancipá, Cota, Zipaquirá, Tabio, Tenjo, entre otros, ha crecido de manera exponencial en los últimos años. El 60 % de la población provino de la capital. El crecimiento se ha dado principalmente en las zonas urbanas, en donde se ha presentado un incremento del 23,8 % en densidad urbana frente al 2018.
La llegada de estos nuevos habitantes ha sido consecuencia de la construcción masiva de nuevos proyectos de vivienda. De acuerdo con Camacol, la venta de viviendas nuevas en la Sabana Centro se disparó 175 % al pasar de 9.849 unidades vendidas antes de la pandemia a más de 27.100 en los últimos años. Chía, Zipaquirá, Tocancipá y Cajicá concentran la mayor cantidad de viviendas construidas.
Las condiciones obligatorias son equipamientos urbanos y la garantía de la prestación de los servicios públicos como luz y agua. Sin embargo, eso no se ha cumplido por las constantes intermitencias en el servicio de agua potable.
El drama de la sequía
Cajicá es un claro ejemplo de la preocupante realidad de los municipios de la Sabana por la falta de agua potable. La gente está agobiada. El problema en este municipio, en el norte de Bogotá, es el desmesurado crecimiento del casco urbano y de la densidad poblacional a raíz de la exacerbada expedición de licencias de construcción desde el 2008. Eso ha permitido la edificación de miles de viviendas nuevas, muchas en estrato 5 y 6, en lo que antes era considerado zona rural.
Hoy no hay agua para tanta gente debido el incremento exponencial de la demanda. En 2005, Cajicá tenía 45.391 habitantes, en el 2018 llegó a 60.379 y hoy en día se estima que son unas 100.000 personas.
Cajicá depende del suministro de agua potable en bloque que le vende la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá desde la planta de Tibitoc, agua que sale en un tubo de 60 pulgadas. Sin embargo, al llegar al municipio, el tubo madre se convierte en uno de 12 pulgadas.
Las protestas de la comunidad por falta de agua potable llevaron al alcalde Fabio Ramírez y al gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, a anunciar una inversión de $27.000 millones para obras que garanticen el servicio en Cajicá.
El municipio firmó un convenio con el Acueducto de Bogotá para lograr que a Cajicá le ingrese un caudal de 190 litros por segundo, lo que abastecerá a más de 90.000 habitantes. La duración de este contrato es por un año inicialmente y se podrá aumentar hasta 230 litros de acuerdo a la adaptación de la tubería de acueducto, la instalación de tanques de compensación y la estación de rebombeo.
Pero, un mes después de la firma del convenio, los problemas se siguen presentando. Hoy, el 30 % de la comunidad está sin agua y el 70 % sufre racionamientos de varias horas. Varios residentes le dijeron a SEMANA que el poco líquido que les llega a sus viviendas no es apto para el consumo humano. “El agua la cortan por varias horas y, cuando llega, es totalmente amarilla”, contó uno de ellos. “La Empresa de Servicios Públicos de Cajicá le está enviando agua con barro a la comunidad, pero el recibo sí lo cobran supercarísimo.”, señaló otro habitante.
A pesar de que Cajicá sufre de este grave problema, hoy en día tiene cerca de 2.500 licencias de construcción aprobadas, lo que permitiría la llegada de por lo menos otros 30.000 habitantes en los próximos años.
Se acaba el agua
El problema va más allá de Cajicá y podría ser peor. La disponibilidad hídrica en las cuencas alta y media del río Bogotá es bastante crítica frente a la actividad urbanizadora. Eso, en un futuro, podría ocasionar racionamiento de agua en municipios de la Sabana y en la propia capital del país.
Pablo Carrizosa, veedor de la sentencia de la descontaminación del río Bogotá y presidente de Asurío, advierte que la capacidad de los cuerpos de agua es preocupante: “La disponibilidad de recursos hídricos en la cuenca del río Bogotá es crítica. Esa falta de recursos no nos permite crecer, es decir, no hay forma de que sin recursos hídricos se pueda construir”.
Dicho recurso para abastecer a la capital y a los municipios de la Sabana se obtiene de aguas superficiales del río y de aguas subterráneas, es decir, de acuíferos, pero en ambas formas no hay manera de cómo entregar nuevas concesiones.
“Las aguas superficiales las estamos captando principalmente de la cuenca alta hasta la planta de Tibitoc, que queda en los límites de Tocancipá y Zipaquirá, es decir, de este punto aguas arriba hasta el páramo de Guacheneque, es de donde sale la gran mayoría de las concesiones de agua del Acueducto de Bogotá, pero ya están dadas todas las concesiones de agua y no hay manera de otorgar más”, precisó Carrizosa.
Ahora, de la planta de Tibitoc hacia abajo ya no hay más concesiones porque el río está muy contaminado y casi que en totalidad se utiliza para generar energía.
“El río está regulado por lo que se llama el sistema agregado del norte por las represas de Neusa, Tominé y Sisga. La otra parte del río nos llega por el sistema Chingaza, pero ya tiene copada prácticamente toda su capacidad, solo quedan 6 metros cúbicos por segundo de 22 concesionados, pero que son de difícil tratamiento, pero esos son los metros cúbicos que tenemos de aquí al año 2040″, explicó el experto.
Frente a todo este panorama, Carrizosa afirmó de manera tajante: “Sí de aquí al 2040 no tenemos el proyecto de Chingaza II, o algún proyecto que nos permita tener agua, pues vamos a entrar en racionamientos”. Esto afectaría a Bogotá y a los municipios que hoy dependen del agua de la capital como Chía, Cajicá, Gachancipá, Tocancipá, Sopo, Tenjo, Cota, Madrid, Mosquera y próximamente La Mesa y Anapoima.
Ahora, en cuanto a las aguas subterráneas, en la cuenca media del río la situación no es para nada alentadora, pues la CAR, en la resolución 1372 de 2016, señaló que en los municipios de Tenjo, El Rosal, Madrid, Funza, Cota y Soacha la realidad es crítica, pues los acuíferos están bastante agotados, toda vez que hace 30 años el agua estaba a 30 metros de distancia y hoy en día alcanza los 131 metros.
Construcciones desbordadas
A pesar de esta cruda realidad, las construcciones de nuevos proyectos de vivienda están desbordadas no solo en Cajicá sino en municipios como Tenjo, donde actualmente hay aprobado un plan parcial en una zona donde se cultiva papa y con el que prácticamente se multiplicaría por dos la población total del municipio. Todo esto pese a que hoy en día ya hay racionamiento de agua de hasta 8 horas diarias. En Tocancipá también había habilitados 5 planes parciales para multiplicar por dos la población, con el pequeño agravante que no había cómo garantizar el agua.
En Chía, por su parte, el crecimiento ha sido tan alarmante que el municipio pasó de tener una densidad promedio de 26 viviendas por hectárea en 2021 a 70 viviendas en 2022. Muchas de esas viviendas han sido construidas en suelos agrológicos. Similares situaciones ocurren en Cota, Cajicá y Sopó.
“La construcción es un sector importante y claro que las viviendas se necesitan, pero esto se trata de un tema de irresponsabilidad al que toca ponerle orden cuanto antes”, concluyó Carrizosa.