Poner de acuerdo a los 21 presidentes de gremios que en el país integran el Consejo Gremial Nacional frente a un tema tan polémico como la nueva Ley de Financiamiento fue el reto que se impusieron altos funcionarios del gobierno, encabezados por el presidente Iván Duque y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Después de más de tres horas no lo lograron aunque la reunión mantuvo un tono armónico y distendido. Al término de la reunión, el presidente Duque la calificó de “muy productiva y muy positiva” pese a que el único consenso que se alcanzó con los gremios es que hay que seguir estudiando alternativas porque no todos quedaron convencidos de apoyar de forma integral la propuesta radicada en el Congreso el pasado 31 de octubre por el ministro Carrasquilla. Todos concuerdan en que fue una reunión cordial. Arrancó con el presidente Duque haciendo una corta introducción en la cual planteó su visión de país para los próximos años e insistió en la urgente necesidad de enfrentar temas como informalidad laboral, la generación de empleos permanentes y la mejora de la equidad social. Le recomendamos: Los pros y los contras de la propuesta de la Ley de Financiamiento El diálogo continuó con un ministro Carrasquilla muy empoderado y enfático en señalar las bondades de cada uno de los artículos que hacen parte de su Ley de Financiamiento, a la que destacó con todo tipo de argumentes técnicos señalando que corrige los problemas estructurales de otras reformas tributarias y tiene un amplio alcance social. En últimas, según Carrasquilla, los temas incorporados en el articulado de la reforma se convierten en la única vía de lograr los 14 billones de pesos que aún faltan para financiar el presupuesto del 2019 y evitar recortes de algunos de los principales programas sociales que son fundamentales para el desarrollo del país. Para Carrasquilla, el plan A es el mejor, entre otras porque no contemplan un plan B. Una intervención del presidente del Consejo Gremial, Jorge Humberto Botero, exponiendo cada una de las preocupaciones que les asiste a los presidentes de los gremios afiliados, fue el abrebocas de lo que después se convertiría en una extensa discusión sobre los ‘dolores’ que siente cada uno de los sectores productivos representados en la reunión. Este rosario de quejas muy bien argumentadas acaparó buena parte de la extensa jornada que concluyó, como muchas reuniones en las que no hay un acuerdo, con la decisión de crear mesas de discusión sectoriales, que se sentarán con el gobierno para plantearles sus conclusiones y por supuesto, sus recomendaciones. El presidente Iván Duque le fue concediendo la palabra a cada uno de los 21 dirigentes gremiales que asistieron al encuentro y que iban levantando la mano, por turnos, para exponer sus problemas. Que el IVA a los materiales de la construcción pone contra las cuerdas a la vivienda social; que gravar los vehículos de transporte con vocación ecológica podría llevar al traste la política para mejorar la calidad del aire en las ciudades y reducir las enfermedades respiratorias; que subir de un ‘totazo’ el IVA para los alimentos no solo traerá problemas nutricionales sino que además se convertirá en un duro golpe al bolsillo o que bajar la renta exenta para asalariados con un tope que desestimula instrumentos como cuentas AFC o aportes a pensiones voluntarias se convierte en un puntillazo al ahorro, fueron algunas de las quejas que se analizaron durante la extensa reunión. Puede leer: La U se opone al IVA en la canasta familiar: el comunicado de la discordia Pero, en medio de las reflexiones y los dolores expuestos por cada uno de los sectores, fueron saliendo también los beneficios que para muchos sectores representará la reforma tributaria incorporada en esta Ley de Financiamiento. Por ejemplo, los enormes beneficios que tendrán para las empresas grandes y medianas las rebajas en el impuesto de renta; o los beneficios que para las micro y pequeñas empresas representa el régimen simplificado, que les facilitará la vida y promoverá la formalización. Eso sí, quedó también claro que no será fácil lograr una ‘transacción’ entre otorgar mejores condiciones a las empresas a cambio de aumentar el IVA a la canasta familiar, que golpeará a todos los colombianos, especialmente a los de bajos recursos. Algunos gremios creen que al final, las empresas deben esperar beneficios menos ambiciosos de los propuestos en el proyecto del ministro Carrasquilla, porque por el lado del IVA no es tan fácil recoger los 11 billones de pesos que espera en gobierno. En últimas, casi en cada reforma tributaria de los últimos 20 años se ha tratado de ampliar este impuesto a todos bienes de la canasta básica sin éxito, pues el costo político ha hecho desistir a los distintos gobiernos. En lo que todos los asistentes sí coincidieron fue en destacar las bondades de crear un mecanismo de compensación para las familias más vulnerables, es decir las que ganan menos de 790.000 pesos al mes. Entre los líderes gremiales existe la convicción de que este es un modelo que ya está inventado y, a diferencia de lo que muchos críticos aseguran, sí es posible y resulta mucho más equitativo que el modelo actual de que el 53 por ciento de los bienes gravados con IVA los paguen por igual ricos y pobres. Según el director ejecutivo de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía, el gobierno acertó en ponerle una barrera por ejemplo, a las altas pensiones subsidiadas, en simplificar trámites administrativos tributarios, y en avanzar en temas de competitividad y formalización empresarial. Según Mejía, "la estructura tributaria sería más progresiva dado el incremento de tarifas marginales para altos ingresos, la incorporación de un impuesto a las pensiones más altas y la introducción del impuesto a patrimonios altos para personas naturales". Sin embargo, aclaró que "la reforma genera inquietudes por la eliminación gradual de la renta presuntiva, el poco avance en tributación de las rentas de capital, y las inconvenientes reducciones en impuestos para mega-inversiones". Mejía aseguró que desde Fedesarrollo ven con reparos el hecho de que la ley de financiamiento no tenga estimaciones del impacto en las cuentas fiscales más allá de 2019, con lo que es incierto el efecto de la reforma sobre las finanzas públicas en el mediano plazo y en el cumplimiento de la regla fiscal. Por esa razón, sugirió anclar la discusión en el cumplimiento de la regla fiscal y en la pertinencia de expandir el gasto público en 0,8% del PIB en una coyuntura que demanda ajustes creíbles hacia una senda de déficit estructural de 1%. También cuestionó la columna central de la reforma: la extensión del IVA a toda la canasta familiar. “Si llegara a salir adelante la propuesta del IVA a la canasta familiar la inflación podría duplicarse”, dijo. Le sugerimos: Presidente pide un debate serio, sereno y constructivo a la Ley de Financiamiento Ampliar el cobro del IVA a los productos de la canasta familiar a cambio de mejorar la competitividad de las empresas técnicamente es posible, sin embargo, políticamente es un argumento difícil de ‘vender’ especialmente en un país en donde cerca del 80 por ciento de los trabajadores ganan un salario mínimo. Y así quedó claro en el ambiente pues al finalizar, buena parte de los comentarios de los dirigentes gremiales que participaron en la reunión apuntaban en el mismo sentido: la aprobación de la reforma en este momento depende esencialmente del Congreso, que tiene ‘la pelota’ en su cancha. Crear mesas sectoriales para analizar los temas que preocupan a los distintos sectores empresariales representados en el Consejo Gremial Nacional –comerciantes, agroindustria, servicios, industria y sector financiero– se convirtió entonces en la solución salomónica para terminar una reunión en la que, desde el principio, se sabía que era imposible lograr consensos. Pero, más allá de esta solución política que implica seguir discutiendo un tema que no convence a todos, lo cierto es que de fondo, los empresarios saben que será en el Congreso donde tendrán que librar la batalla para lograr que los temas que más les generan preocupación podrán ser modificados. Lea también: Vargas, Petro y Uribe: La cruzada contra el IVA en la canasta familiar En últimas, la Ley de Financiamiento es simplemente el documento de punto de partida para una negociación que, aunque se tendrá que desarrollar en un corto tiempo –debe quedar aprobada el 16 de diciembre para que entre en vigencia el próximo año–, tendrá tal intensidad que para el gobierno, el congreso y los gremios, podría resultar toda una eternidad.