“No hay derecho, no es sobre la base de la construcción de ficción”. De esta manera, el fiscal Francisco Barbosa arremetió contra la cadena de noticias Univisión luego de que este medio publicara información sobre supuestos abusos contra menores indígenas en Guaviare.
Barbosa confirmó, además, que enviará en las próximas horas una carta al director del medio.
Según el fiscal general, no es cierta la historia que señala que un militar estadounidense estaría involucrado en supuestos abusos sexuales a menores de edad indígenas en el Guaviare y que implicarían a uniformados colombianos y a población civil de este departamento.
La información se conoció semanas después de haberse publicado la investigación periodística ‘La ley de la selva’, encabezada por el periodista Gerardo Reyes, quien le contó detalles de esta situación a SEMANA.
Según Reyes, el panorama en San José del Guaviare, capital del departamento, por cuenta de esta problemática es “angustioso” y “descorazonador” y una de las razones que agravan la situación es que las investigaciones por parte de las autoridades colombianas poco avanzan. En esta problemática estarían siendo víctimas indígenas nukak makú y jiw, especialmente.
“Allí existe la creencia cultural, dentro de estas comunidades indígenas, de que las niñas después de que tienen la menstruación ya gozan de libertad sexual y los padres no intervienen en eso. Ahí ya empieza el choque cultural, porque eso en la ley colombiana es violación, pero para ellos es libertad sexual”, le dijo el comunicador a esta revista.
John Rhatigan, portavoz de la embajada de Estados Unidos en Colombia, le dijo a SEMANA: “Las Fuerzas Militares de los Estados Unidos se toman en serio cualquier acusación de abuso sexual y están comprometidas con la investigación de cualquier acusación de delitos sexuales o de mala conducta. En este momento, no tenemos conocimiento de ninguna investigación por parte de las autoridades colombianas sobre ninguna denuncia en el Guaviare”.
Sin embargo, Barbosa fue contundente en señalar que, incluso el elemento de poner en la historia a un militar, no es la manera de hacer periodismo: “hay que decirlo con claridad, mañana dirigiré esa carta al presidente de Univisión. Se sostuvo reuniones con antropólogas. Y respecto a las declaraciones de una fiscal seccional, hay que decir que las preguntas y respuestas fueron por casos generales, y hay otro por un caso de 2019. Pero no existe el caso de una niña abusada por un militar de Estados Unidos, se revisaron carpetas y no hay casos similares. No se ha encontrado nada, repito, nada. No hay derecho a que se ensañen con Colombia”, dijo el jefe del ente investigador.
El fiscal explicó que, sí es cierto que en Colombia sí existen violaciones a los derechos humanos, pero lo que no puede ocurrir es que se construyan falsas narrativas para desprestigiar la institucionalidad y la seriedad de la Fiscalía General, que viene avanzando en investigaciones sobre varios casos.
En el mismo evento, en el que se acaba de pronunciar, el fiscal Barbosa también sorprendió diciendo que no es un subalterno del presidente Petro como algunos de sus más férreos críticos han insinuado.
“Yo no soy subalterno del presidente de la República, yo soy subalterno de la Constitución y la ley”. Barbosa se refirió a la orden que emitió el pasado viernes, por medio de la cual negó a levantar las órdenes de captura en contra de 16 integrantes de las bandas criminales del Clan del Golfo y Los Pachenca quienes harán parte del proyecto de la ‘paz total’.
El jefe del ente investigador, en entrevista con Caracol Radio, aseguró que cumplió lo que dice la ley al evaluar la situación y las peticiones elevadas desde el Gobierno. En este punto recodó que el presidente de la República “tiene el derecho de poder solicitar con fundamento de sus competencias el levantamiento de órdenes de captura con fines de extradición y yo tengo la Facultad de decir que no cuando no encuentro razones suficientes”.
Barbosa recordó que al ser delincuentes ordinarios debe existir una ley de sometimiento avalada, obviamente, por el Congreso de la República para que se ordenen las respectivas libertades, de resto, no se puede hacer. Para el fiscal general, este tipo de proyectos deben ajustarse a lo que dice claramente la Constitución Política y la ley. De emitirse un nuevo decreto por parte del Gobierno, el ente investigador responderá “con una resolución judicial”.