El Ministerio de Salud emitió en los últimos días la resolución 971 de 2021, que estableció los lineamientos para garantizar que se cumpla con el derecho a morir dignamente. Uno de los aspectos más importantes es el de la objeción de conciencia, un derecho que tienen los trabajadores para no realizar ciertos procedimientos.
De acuerdo con el documento, el Gobierno lo respeta cuando se trata del médico que adelantaría el procedimiento. Es decir, nadie puede verse obligado a practicar una eutanasia si siente que va en contra de sus principios, valores y creencias
Al respecto, una de las reacciones más fuertes fue la de la Iglesia católica, en la que algunos sacerdotes aseguraron que la eutanasia directa es moralmente inaceptable.
Frente al tema, que ha generado un enorme debate y división en el país, monseñor Francisco Antonio Ceballos Escobar, presidente de la Comisión Episcopal de Promoción y Defensa de la Vida, dijo que sobre esta resolución que legitima el derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia “es importante afirmar que para la moral cristiana la vida es sagrada y debe ser tutelada desde la concepción hasta la muerte natural, no matar, lo dice el quinto mandamiento de la ley de Dios”, explicó.
Asimismo, argumentó que la postura de la Iglesia se basa en que “aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea posible. Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa es moralmente inaceptable, por tanto una acción u omisión que provoca la muerte para suprimir el dolor constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona y al respeto de su creador”.
La Iglesia también expresó que, antes de pensar en la eutanasia, se debe incentivar en el mundo de la medicina los cuidados paliativos en las personas enfermas pues, según la Iglesia, el propósito de esta medicina es ayudar a morir con dignidad pues es humanizar el proceso de la muerte y acompañar a la persona hasta el final. En ese sentido, monseñor Ceballos Escobar concluyó que “no hay enfermos incuidables aunque sean incurables”.
Sobre lo expedido por el Gobierno, según explicó Mónica Giraldo, directora de la fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, el médico receptor debe explicarle al paciente sus derechos. Además, debe registrar la solicitud ante el Ministerio de Salud y llamar a la IPS o EPS para que se conforme un comité de muerte digna.
“Las Instituciones prestadoras de Salud (IPS) que tengan habilitado el servicio de hospitalización de mediana o alta complejidad para hospitalización oncológica, de atención institucional o domiciliaria para paciente crónico, que cuente con protocolos de manejo para el cuidado paliativo, conformarán al interior de cada entidad un comité científico-interdisciplinario para el Derecho a morir con Dignidad a través de la Eutanasia”, dice la resolución.
Para Giraldo, se trata de una resolución garantista, que no es nueva, porque en 2015 el Ministerio de Salud emitió la primera al respecto, después de más de diez años de silencio del Congreso. No obstante, el nuevo acto administrativo busca ponerles límites a las barreras identificadas en el proceso.
Aunque se sabe que es un tema espinoso y que la muerte siempre genera polémicas, también tiene claro que en Colombia cada persona tiene la libertad de tener las creencias y valores que quiera. Por eso, insiste en que al encontrarse en un Estado Social de Derecho, las personas tienen derecho a vivir y a morir dignamente, por lo cual pueden acceder a un derecho libremente, sin afectar a los demás.
“Hablar desde el privilegio que yo tengo de ser una persona saludable, de no encontrarme en una situación de final de vida, de no estar enfrentando una enfermedad con un intenso sufrimiento, dolor, no solo físico, moral, social, no me da derecho a hablar por esa persona que está teniendo tanto sufrimiento y dolor y decirle que no puede tomar decisiones sobre el final de su vida”, sostuvo Giraldo.