Toda una despachada dieron el presidente y el vicepresidente de la Corte Constitucional sobre los fallos que han tomado para atender la grave crisis humanitaria en las cárceles del país y en el departamento de La Guajira, que no estarían teniendo ninguna solución o ejecución por parte del Gobierno nacional.
“Para que los concernidos a cumplir esas sentencias entiendan que la Corte está vigilante y que, inclusive, estamos pensando en desacato, es decir, la Corte se esta tomando en serio este asunto. No podemos seguir que los niños y niñas de La Guajira se mueran de física hambre o por temas de salud, lo propio de las cárceles. En la sentencia se han dado términos perentorios para que no hubiera personas condenadas en los Centros Transitorios de Detención (CTD), y han pasado muchos meses en que no tenemos noticia cierta y efectiva de que eso se ha cumplido”, dijo el magistrado José Fernando Reyes, presidente de la Corte.
Una de esas sentencias, explicó la Constitucional, obliga a “las autoridades públicas a rediseñar una política para garantizar los procesos de resocialización con énfasis principal en el trabajo. Otra sentencia que tiene como finalidad garantizar principalmente los derechos de la población privada de la libertad en centros de detención carcelaria y transitoria. Esta última sentencia, la Corte ha verificado que a pesar de que en las órdenes proferidas por la Corte que extendió la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional a un centro de detención transitoria, todavía persiste una tragedia humanitaria”, dijo el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, vicepresidente del alto tribunal, quien señaló que “no hay voluntad política” del Gobierno para atender esa situación.
Desde la Corte Constitucional advirtieron que hay una “violación masiva y sistemática” de toda la población recluida en los centros transitorios, que se crearon para una detención de máximo 36 horas y que la vivencia ha demostrado que en esos lugares hay un hacinamiento que en algunos casos puede superar hasta el cuatro mil por ciento.
El magistrado Ibáñez también criticó la idea de eliminar algunos delitos que ayudarían a descongestionar las cárceles, pero que a la fecha son escasos los condenados como la transferencia ilegal de cheques, la violación de libertad religiosa, la perturbación a la libertad religiosa, el incesto, la inasistencia alimentaria y el irrespeto a cadáver.
Y aunque la Corte Constitucional le tumbó al Gobierno de Gustavo Petro el decreto de Emergencia Económica y Social de La Guajira, desde 2018 ha declarado un Estado de Cosas Inconstitucional en el departamento ante la falta de alimentación, salud y agua potable en los menores de la población con los wayuu.
La misma Procuraduría le ha pedido a la Unidad Gestión del Riesgo respuestas urgentes ante la falta de acciones articuladas para llevar agua potable a las comunidades wayuu en La Guajira, exactamente en municipios como Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia.
De hecho, el Ejército ha reconocido que los esfuerzos para atender la crisis en La Guajira han sido “dispersos” y, según la procuradora, para la gobernanza territorial “no hay una estrategia. Hay una cantidad de acciones importantes, pero dispersas, en la que los actores relevantes no hablan con suficiente frecuencia y no se ponen de acuerdo sobre la priorización de la estrategia”.
La atención al departamento de La Guajira ha sido tan incierta que hasta al propio exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, le tocó salir del cargo por la presunta corrupción que se presentó en la compra de 40 carrotanques que supuestamente iban a distribuir agua en el departamento, pero terminaron por varias semanas varados porque no tenían pólizas para transitar.