SEMANA: ¿le están cascando duro por este tema de los puestos, no?
Margarita Cabello (M. C.): sí, la verdad es que sí. Pienso que fue un tema de mala información. La expedición del decreto, de parte del Presidente de la República, es el resultado de todo el proceso que venimos haciendo desde enero de este año con la Ley 2094, firmada y promulgada el 30 de junio de 2021. Eso porque teníamos que cumplir como Estado las órdenes dadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre ellas, además de la reclamación del tema de jurisdiccionalidad, también la referente a la necesidad de separar funciones entre los jueces de de instrucción y los de juzgamiento. Ello llevó a que Función Pública, en coordinación con la Procuraduría, hiciera un estudio de cargas que no se hacía desde hace más de diez años. Esto se hizo para analizar, con esta separación de funciones, cuál sería el número de funcionarios y empleados que requeriríamos para hacer eficiente la institución.
En ese estudio de cargos se llegó a la conclusión de que para que la Procuraduría actuara eficientemente, se requería crear 1.208 cargos. Ese es el primer paso importante para analizar cuánto, realmente y de acuerdo con ese presupuesto, podemos o no designar y así ver si la planta cumple ese deber ser o nos quedamos con los que podamos alcanzar con el presupuesto.
SEMANA: ¿cuándo se nombrarán los cargos en su totalidad?
M. C.: el artículo 69 de la Ley estableció que la creación de cargos se haría luego de un análisis presupuestal y dándole prelación a los que ya estaban en carrera para beneficiarlos con el ascenso. Estos cargos se tienen que ir creando de acuerdo al presupuesto de la Procuraduría. En 2022, nosotros no vamos a pedir dineros adicionales a los propios de la institución para la creación de los cargos que, según el estudio, se necesitan. Eso implica que tenemos que mirar cuántos alcanzamos a crear este año con nuestro presupuesto y sin tocar ninguno adicional para no afectar a la ciudadanía.
No pueden ser muchos, no pueden ser los 1.208 cargos. Iniciaremos el proceso adecuando el presupuesto para cumplir la separación de funciones. Es decir, poco a poco se irán creando, de acuerdo con las liberaciones y posibilidades presupuestales propias de la Procuraduría.
SEMANA: ¿cuántos serán los primeros funcionarios en posesionarse?
M. C.: no tengo claridad sobre cuántos pueden ser, lo que sí sé es que no puedo hacerlos todos y debo empezar por las cabezas. Es lo que estamos pensando. Tenemos que hacer el estudio, aún no lo tengo completo y apenas vamos a empezar porque salió hace unos días. El estudio de cargas empezó en julio y terminó en diciembre, hace unos días, y se lo entregaron al presidente. Yo lo tengo hace unos pocos días. La idea es poco a poco con las cabezas.
Me explico. Tenemos solo un procurador regional en cada departamento. La Corte Interamericana dice que se violaron las garantías del hoy senador [Gustavo] Petro porque una misma sala lo investigó y juzgó. Por lo tanto, debe haber un funcionario que investigue y otro que juzgue. En las regionales nos implica nombrar otro regional e igual va a ocurrir con los provinciales, para que uno sea quien investigue y otro que juzgue.
Pienso que una de las posibilidades, porque hay que estudiarlo con cuidado, es empezar por las cabezas. Empezar por los delegados de juzgamiento e instrucción. Acumular para que dupliquen funciones muchos empleados y profesionales de la Procuraduría y, de acuerdo con el presupuesto, ir ampliando los nombramientos.
Yo no creo que logremos todos esos, me tocaría mirar en 2023 qué tanto podemos y en 2024 para determinar si es posible con todos. Si no es posible, trataremos de duplicar y acumular funciones entre los empleados y funcionarios. Hay que empezar poco a poco.
SEMANA: explique cómo es que, en el fondo, Petro es el culpable de tener que nombrar esos funcionarios porque la Corte ordenó que haya esa doble instancia.
M. C.: sí, claro. Me posesiono en enero y tengo en mis manos la sentencia de la Corte Interamericana, la cual da dos explicaciones o ordenaciones. Una es un tema de jurisdiccionalidad, en el sentido de considerar que la Procuraduría, como entidad de carácter administrativo, no puede sancionar con inhabilitación o destitución a los funcionarios de elección popular. Debería ser –es una gran discusión que tenemos– a través de un proceso penal y con juez penal. Ahí tenemos una discusión y trabajamos con ese tema. Tenemos una opinión parecida que podríamos decir que estamos cumpliendo.
La segunda línea fue el respeto de las garantías procesales del demandante en este caso, hoy senador Gustavo Petro, contra el Estado. En el sentido de considerar a la Corte Interamericana en su sentencia, en los puntos 129 y 130, que al senador no se le habían dado las garantías suficientes del debido proceso, porque una sola institución y un solo funcionario lo había investigado, juzgado y tomado la decisión de sancionarlo. Lo adecuado era que fuera un funcionario que investigara y otro que tomara la decisión definitiva o el fallo.
Esa parte de la sentencia nos llevó a la necesidad, en el Código Disciplinario, de acatar y repartir funciones. Hoy se ordena que un funcionario instruye y otro juzga. Eso implica una duplicidad de funcionarios y un grupo más de empleados, profesionales y asesores para que trabajemos con esas funciones separadas. Por eso digo que la sentencia es la que nos ha empujado un poco a todas estas decisiones y a la Procuraduría a adecuarse a este nuevo ordenamiento con el nuevo personal.
¿Qué hemos hecho desde que salió la Ley 2094? Lo que hicimos fue reestructurar la Procuraduría y, mientras salía el decreto y mientras podíamos nombrar, determinamos que en los 32 departamentos el provincial solo instruyera y el regional juzgara. Es decir, debilitamos un poco las investigaciones dentro de los departamentos para ir cumpliendo con la ordenación de la sentencia. Una vez podamos nombrar, siempre y cuando nuestro presupuesto interno lo permita, trataremos que en los departamentos se vuelva a reforzar la función de la Procuraduría dejando que el provisional uno instruya y el otro que juzgue. Igual con el regional. En Bogotá, a nivel central, que un número suficiente de delegadas que juzguen y otro que instruyan.
Además, las garantías procesales pedidas por la Corte Interamericana nos llevan a la necesidad de colocar segunda instancia en todos los procesos. También colocar doble conformidad, lo cual implica mucho más trabajo y funcionarios. Incluso con 75.000 procesos disciplinarios vigentes hoy en día y la Procuraduría está asumiendo la función de reemplazar a las Personerías y a las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas. Ellos no van a tener la capacidad presupuestal ni humana de poder adaptarse a esa ordenación de garantías procesales.
SEMANA: ¿cuántos empleados tiene hoy la Procuraduría en total?
M. C.: en total 4.300, más o menos. Repartidos entre parte administrativa y una parte que trabaja en la misional de intervención ante todos los procesos judiciales. Otra parte grande trabaja en los niveles de prevención, que es lo que yo más he reforzado, y otra parte que trabaja en el nivel disciplinario.
SEMANA: ¿cuál es el presupuesto total para 2022?
M. C.: un billón cien mil millones de pesos, más o menos ese es el presupuesto de este año. Este equivale al 0,29 % del Presupuesto General de la Nación. Es el mismo porcentaje que se ha ido aumentando año por año desde 2017. Es decir, de 2017 a 2018 se aumentó 0,29 %, y así sucesivamente. Este 2020 se aumentó el presupuesto de la Procuraduría en el mismo porcentaje, respecto al presupuesto general.
SEMANA: de este billón cien mil millones, ¿cuánto cree que le va a quedar para nombrar los primeros cargos?
M. C.: yo no tengo y me da miedo decir cifras exactas. Como la primera etapa tiene que ser un poco más lenta y no pueden ser muchos porque tengo que adecuar el presupuesto, diría que aumentaría los gastos de funcionamiento, que eso es lo que que más se lleva la Procuraduría. Tendría que nombrar 15 % o 20 %, si se alcanzara, de los cargos. No sé, 100 o 200 cargos. De pronto subir un poquito más.
Miren que tenemos que trabajar primero en adecuar el presupuesto, análisis de las hojas de vida y qué cargo vamos a nombrar. En eso nos llevaremos unos dos o tres meses, calculo yo. Luego empezar a ver si vamos a nombrar por arriba las delegadas y nombramos un regional en cada uno, podría ser 200 o 300 cargos, como mucho y siendo exagerada. Siendo todavía más exagerada, de pronto tendrían que ser 400 después del segundo semestre o algo así. No tengo la cifra, pero no pueden ser muchos de esos 1.208 cargos. No nos daría ni el presupuesto ni la operación logística para hacerlo.
SEMANA: ¿está segura de que no le va a tocar pedirle más platica a Hacienda para este tema?
M. C.: en 2022, que es el análisis inicial, se tomó la decisión de que no se debe pedir plata. Tenemos que estar en un proceso de desarrollo económico y de recuperación de todo lo que debemos pasado con la pandemia. Creo que es lo correcto, así lo prometimos y así lo dijimos. El estudio de cargas es el deber ser y la diferencia entre eso y el ser depende de cómo vayamos avanzando. En 2023 tendremos que sentarnos nuevamente analizar cómo le estamos cumpliendo a la Corte Interamericana, cómo vamos avanzando y qué tanto necesitaremos. Hay que decirlo, si para ese año se necesita algo, habrá que entrar a discutir presupuesto en el Congreso y en Hacienda a ver si es posible. En 2024, de la misma manera.
Solamente con la Ley 2094, en los últimos tres meses que hemos empezado a producir por todo lo que nos ha tocado en organización interna, ya los resultados se están viendo. Más de 2.600 aperturas de investigación disciplinaria, de las cuales más de 1.200 contra funcionarios de elección popular en total impunidad.
Estoy segura de que los resultados se van a ir viendo y eso es lo que queremos mostrar con esta implementación de la planta y con esos nombramientos. Repito, una cosa es el Decreto de ordenación y otra cosa es la inclusión. La posibilidad de proveer los cargos con el propio presupuesto de la Procuraduría.
SEMANA: una cosa que personas importantes de la política dicen en redes sociales es por qué gastar más plata si la situación del país no está tan buena. ¿No se hubiera podido aplazar esto?
M. C.: no se está gastando más plata. Que quede claro y lo reitero. No se va a tocar un peso adicional al propio de la Procuraduría. Me ha tocado a mí este año, desde que me posesioné, siempre luchar y trabajar con los más flacos, como dice el dicho. Tengo que ver cómo adecuo el presupuesto de la Procuraduría para cumplirle a la Corte Interamericana. En segundo lugar, no es plata para burocracia. Es para profesionalizar, el artículo 69 de la Ley 2094, que ordena que hay que profesionalizar a nuestros procuradores. Para los cargos de alto nivel hay que ascender a los que están por meritocracia y serán los de abajo los que se llenarán poco a poco con la nueva planta que irá de acuerdo con nuestro presupuesto.
Decir, como han dicho algunos, de manera lamentable y con desinformación total, que nosotros vamos a nombrar 1.208 cargos de una es un absurdo. Poder organizar la logística para crear los cargos implica unos tiempos y esos tiempos son los tiempos de los procesos electorales. Nosotros no vamos entregar todos los cargos ahora, como lo vienen diciendo con mala intención, a los políticos.
SEMANA: dicen en redes sociales que se los va a entregar a los Char, a los politiqueros y a los congresistas...
M. C.: claro, y quieren utilizar eso como metodología de campaña. Tengo que decirles a todos que si quieren utilizar a la Procuraduría como elemento de campaña política, vayan buscando por otros lados. La designación de cargos tiene su tiempo, no es más presupuesto y va a ser con la rigurosidad con la que se ha hecho hasta ahora.
SEMANA: ¿cómo va a conseguir las hojas de vida para esos nuevos cargos?
M. C.: la capacidad. Solo les doy un ejemplo. Diez u once de los procuradores delegados que tengo son ascendidos porque eran procuradores judiciales, dos de carrera. El artículo 69 redactado en la Ley 2094 viene con la misma línea. Se dará prioridad a la profesionalización y a las personas dentro de una institución que por méritos están en sus cargos. Solo los de bajos cargos serán los que entregaremos para hojas de vidas estudiadas con un proceso interno de escogencia que va a ser mostrado. Se estudia en redes sociales, requisitos y antecedentes tratando al máximo que sean académicos y que tengan experiencia profesional. Ya tenemos un protocolo que hemos estado utilizando para nombrar en las vacantes que se han presentado, porque la Procuraduría es en 80 % de carrera judicial.
SEMANA: con más de un billón de pesos, 4.300 empleados que ya tiene y los otros que va a nombrar, hay con qué enfrentar la corrupción. Es responsabilidad suya que haya más resultados en eso...
M. C.: así es y ese es el camino hacia donde he querido orientar a la Procuraduría. 344 pliegos de cargos en estos últimos cuatro meses, que es cuando hemos podido empezar a actuar disciplinariamente porque estábamos reformando la ley y organizando la institución. Yo llevo apenas un año y me ha tocado hacer de todo. La ley que nos va a regir y la reorganización interna, todo tratando de acatar lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de todo eso, a partir de la expedición de la Ley 2094, hemos expedido 57 pliegos de cargos por mes y hemos proferido 2.647 aperturas de investigación disciplinaria en estos últimos cuatro meses. De estos, 1207 contra funcionarios de elección popular. Lo que pasa es que ya están observando, están viendo la labor de la Procuraduría con la nueva ley y ya están atacando a la Porocuraduría por eso. Ya comenzamos a actuar. ¿Que quieren, que no haya Procuraduría que investigue, como ocurrió desde julio del año pasado hasta junio de este año cuando sacamos el nuevo Código Disciplinario y empezamos a aplicar sanciones a funcionarios públicos? ¡No! ¡Qué sería si no existiera la Procuraduría, me pregunto! El año entrante vamos a dar muchos más resultados de los que ya tenemos.
SEMANA: ¿al fin la Procuraduría va a poder sancionar a responsables de faltas disciplinarias así sean funcionarios de elecciòn popular?
M. C.: nosotros con la expedición de la Ley 2094 quedamos con esa facultad. Hay una discusión grande de interpretaciones distintas, pero vamos a luchar hasta el final porque la Procuraduría General de la Nación mantenga la competencia para destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular, porque así lo quiso la Constitución del 91 y es una función que la Procuraduría tiene desde hace más de cien años.
Ahora bien: lo que hay que hacer es mostrar resultados y vamos por ese camino. Hay muchos que no quieren que esto ocurra. ¿Qué quieren ellos? ¿Que sea solo a través de la Fiscalía? Yo me pregunto: ¿cuánto demora un proceso penal? ¿Cuánto demora una investigación? ¿Entonces quién va a sancionar las faltas disciplinarias? ¿Quién va a sancionar la participación en política de los funcionarios o el incumplimiento de los deberes de estos funcionarios? Esa es la impunidad que muchos quieren y por eso tantos enemigos.
SEMANA: ¿está entonces dispuesta a destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular, está decidida por esas tesis?
M. C.: hacia ese camino seguimos mientras la Ley 2094 esté vigente. Y lo haré sin importar el color político del sancionado. A quien haya que sancionar, lo haré.
SEMANA: pero no hay muchos destituidos por usted por corrupción todavía... Y hay mucha corrupción...
M. C.: claro que sí. Destituimos a dos integrantes de la Policía Nacional, confirmamos la inhabilidad por 20 años y multa por más de 1500 millones de pesos a exdirectivos de Odebrecht. Destituimos e inhabiitamos por más de 20 años a una diputada de Caquetá, emitimos pliego de cargos contra el gobernador de Arauca. Ya hay pliegos de cargos contra funcionarios de MinTIC.
SEMANA: ¿cuándo va a haber decisiones sobre Centros Poblados por el robo de los 70 mil millones de pesos?
M. C.: ya estamos en la audiencia, estamos en periodo de recaudo probatorio. La audiencia continúa el 14 de enero.