Desde hace años se viene hablando en Colombia de la necesidad de una reforma política. En campaña todos los candidatos presidenciales la proponen para modernizar los partidos, desterrar las mañas de los caciques y buscar que la gente realmente se sienta representada por sus gobernantes.
Al inicio de su gobierno, el presidente Iván Duque intentó jugársela con una reforma política con dos objetivos. Por un lado, acabar con el voto preferente y establecer las listas cerradas de candidatos para fortalecer a los partidos y luchar contra el clientelismo. Y, por el otro, aumentar de manera significativa la participación de la mujer en una nación que sigue rezagada en esa materia.
Sin embargo, la Casa de Nariño fracasó en ese intento en 2019 por falta de mayorías en el Congreso y, desde entonces, poco o nada se ha hablado al respecto. En realidad, cambiar las reglas de la política es una de las grandes tareas pendientes del país, así como reformar la justicia, la salud o el sistema pensional. Cada vez que un proyecto así llega a la Cámara o al Senado termina archivado o hundido porque confluyen todo tipo de intereses.
Por eso ha llamado la atención un proyecto liderado por el representante a la Cámara por Bogotá José Daniel López, de Cambio Radical. Apoyado por congresistas de otras colectividades, López quiere que el Congreso apruebe una reforma política en medio de esta difícil coyuntura, y ya tuvo su primera victoria.
Esta semana, la Cámara aprobó en primer debate un proyecto que en lo fundamental propone eliminar el voto preferente e instituir las listas cerradas; establecer que las listas deben ser paritarias para lograr una mayor participación de las mujeres en la política electoral; y buscar que las regiones olvidadas de Colombia se sientan mejor representadas en el Congreso.
Este último punto suscitó más ruido porque, tal como quedó aprobado, implica abrir 12 nuevas curules en el Senado (actualmente son 108). Con un Congreso desprestigiado, difícilmente una propuesta de este calibre puede parecer la gran transformación de la política. De hecho, últimamente se habla más de la necesidad de reducir el salario de los congresistas (hoy reciben honorarios al mes por 32.741.755 pesos) o achicar el Congreso.
López es consciente de ese inconveniente y ha dicho que, para el segundo debate, buscará que estos 12 escaños para la representación regional salgan de los ya existentes.
Hoy las cuentas son así: de los 108 senadores, ocho pertenecen a circunscripciones especiales: cinco para el partido Farc, dos para los indígenas y una para el que obtenga la segunda votación en las presidenciales.
Con la reforma política en trámite y el ajuste que se haría en el segundo debate, los 108 senadores se mantendrían, pero con 20 circunscripciones especiales y 12 de ellas asignadas exclusivamente para departamentos como Vichada, Vaupés, San Andrés, Amazonas, entre otros, que no tienen voces en el Congreso. En la práctica, es imposible que un candidato de estos territorios, aun logrando el respaldo de los electores, logre una votación similar a la de los políticos del centro del país o de las principales ciudades.
La reforma también incluye las listas paritarias, con las que busca que haya más mujeres candidatas y que muchas más ganen. Según el Banco Mundial, las mujeres solo ocupan el 25 por ciento de los escaños en los parlamentos del mundo.
En el Congreso colombiano, en este periodo, apenas el 19,7 por ciento de los miembros son mujeres. Por ejemplo, en la Comisión Primera de la Cámara, que aprobó la reforma política en primer debate, hay cuatro entre 38 congresistas. En todo el país, el porcentaje de mujeres alcaldesas alcanza tan solo el 12 por ciento, y en los concejos municipales su representación apenas llega al 11 por ciento.
Si la reforma política tiene éxito, estas cifras podrían empezar a cambiar progresivamente. A partir de las elecciones regionales y locales de 2023 deberá operar la llamada “lista cremallera”. Así llaman a las listas intercaladas por género, es decir que por cada candidato hombre, la colectividad deberá postular a una mujer de manera intercalada.
No obstante, algunos se preguntan si eliminar el voto preferente realmente ayuda a democratizar los partidos. Con el modelo de la lista cerrada, es posible que los jefes de esas organizaciones tengan mucho más poder al elaborar las listas para acomodarlas a su antojo.
Con el fin de evitar esto, el presidente Duque tendría que promulgar una ley estatutaria que establezca el mecanismo de selección interna en los partidos y que brinde transparencia. Las colectividades han usado recientemente algunos modelos como las consultas internas o abiertas y las convenciones. Esto también puede representar un mayor gasto para el Estado. En teoría, ya está reglamentado que la Registraduría debe desplegar la infraestructura para estas jornadas, pero cualquier ajuste a las reglas del juego puede significar un costo adicional.
En el primer debate presentaron otras ideas que volverán a salir a flote en las próximas semanas. Por ejemplo, la representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, al revivir una de las banderas de su partido, pidió poner en marcha uno de los puntos de la consulta anticorrupción que habla sobre restringir a tres periodos la reelección de los congresistas.
Su idea no pasó porque varias colectividades dijeron que formar parte del Congreso durante varios periodos no significa que un parlamentario sea corrupto. El representante Germán Navas Talero, del Polo Democrático, aseguró que lleva más de 20 en el Capitolio y que se ha destacado por su honorabilidad. Pero que conoce a muchos personajes que a los seis meses de ser elegidos terminan presos.
No prosperó la financiación estatal de las campañas. Buscaba prohibir el ingreso de dineros privados para evitar actos de corrupción en el futuro con las licitaciones. Lo más seguro es que esta propuesta regrese en los próximos debates.
También hubo una iniciativa para transportar gratuitamente a los votantes el día de las elecciones. Este pedido existe desde hace años por las dificultades de miles de colombianos, especialmente en las regiones más apartadas. Problemas que muchos políticos suelen aprovechar para contratar buses e influir en los votantes. El representante López cree que si el Estado se encarga de movilizar al electorado, puede reducir la abstención, que en 2018 llegó al 46 por ciento en las presidenciales.
López considera importante que los cambios propuestos entren a regir a partir de 2023 para no cambiar las reglas de juego del próximo año. La reforma corre el riesgo de que durante el trámite en el Congreso aparezcan toda clase micos que al final terminen por dañar una buena intención. Lo que sucedió con las 12 curules adicionales encendió las alarmas, y la redacción de los artículos no debe prestarse para interpretaciones.
Por otro lado, la reforma se demoró en su trámite y hoy tiene los plazos apretados. Pero, además, esta propuesta puede terminar estrellada contra la triste realidad del Congreso: cada vez que surge una iniciativa para cambiar su forma de operar termina en nada.
Así mismo, por tratarse de un proyecto de acto legislativo, necesita ocho debates. Como están las cosas, deberá surtir las tres rondas que le faltan en la Cámara de ahora a diciembre. Y los otros cuatro debates quedarán para el año entrante y no deben ir más allá del 20 de junio.
Intentar una reforma política en estos momentos es una tarea loable. La gran pregunta es si realmente eso va a ayudar a erradicar los problemas de fondo.