La Procuraduría General de la Nación dio a conocer que investiga a funcionarios por establecer de la Gobernación del Cesar por presuntas irregularidades en los costos establecidos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para la vigencia 2021.
El Ministerio Público conoció que, al parecer, entre los ítems asociados en el paquete alimentario realizado por servidores del departamento se habría incorporado un costo que no está en los conceptos de gastos de inversión permitidos, lo cual generó posiblemente un mayor valor cobrado por $ 479.075.900; lo que implica un aumento en el Índice de Precio al Consumidor (IPC) por cada ración presuntamente por un 3%.
La regional del Cesar busca confirmar presuntas debilidades del ente territorial para la planeación y supervisión de los recursos del PAE; una posible inexistencia de controles en la inversión e inobservancia a la normatividad.
El Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas pertinentes para esclarecer las acciones que son objeto de investigación.
Siguen los retrasos del PAE en Boyacá
El calendario escolar empezó ya hace dos meses en la mayoría de los colegios del departamento de Boyacá y aún hay cinco municipios en los que no se ha implementado el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Por eso, la Procuraduría General de la Nación exhortó a las autoridades departamentales a buscar alternativas que permitan garantizar la ejecución del programa en los cinco municipios que han enfrentado dificultades para suscribir contratos.
Según lo informado por el Ministerio Público, en una reunión con el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, se pudo establecer que 3.696 niños y niñas de Santa María, Otanche, Coper, Pauna y La Victoria no han recibido raciones alimenticias desde el inicio del calendario escolar debido a problemas geográficos y de acceso a estas áreas, y también debido a la limitación de recursos.
La Procuraduría General aseguró que asumió un papel de liderazgo en estos cinco municipios para solucionar la situación lo antes posible, especialmente en Santa María, donde el PAE se ha declarado desierto en nueve ocasiones.
La Procuraduría también pidió a la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA) que se revisen las posibilidades de aumentar los recursos para el programa, pues “el desembolso de 37 mil millones de pesos, destinados para el departamento, quedo corto ante lo demandado”.
El Ministerio Público advirtió que seguirá adelantando estricta vigilancia para que los derechos de los menores no sean vulnerados y el cumplimiento del PAE sea una realidad.
Indagación preliminar a Gobernación del Quindío
Por otra parte, la Procuraduría General abrió indagación preliminar para identificar a los funcionarios de la Gobernación del Quindío responsables de presuntas irregularidades en el proceso de contratación del Programa Escolar de Alimentación para el departamento para la vigencia 2023.
Al parecer, las clases escolares iniciaron el pasado 23 de enero, “sin que el PAE se encontrara suscrito de manera formal y sin las garantías necesarias para las niñas, niños y adolescentes del departamento”.
El Ministerio Público solicitó conocer, en detalle, a las personas que participaron en la etapa precontractual y contractual para el desarrollo de la iniciativa, las actuaciones que se han dado como parte del proceso y la copia del acto administrativo, por medio del cual se expidió el manual de contratación para 2022 y 2023.
“La actuación disciplinaria oficiada por el Ministerio Público busca identificar e individualizar al o los presuntos autores, verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad”, informó el organismo de control.
La Regional de Instrucción de Quindío validará si las clases arrancaron sin PAE de manera formal.