En la madrugada de este jueves, la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió un fallo en respuesta a las demandas de Nicaragua contra Colombia por incumplimiento a la decisión de cesión marítima a favor del país centroamericano. Frente a la última diligencia del caso, el expresidente Ernesto Samper se pronunció de forma clara a favor del cumplimiento de lo ordenado.
En su declaración, el expresidente Samper comenzó con la noticia de que La Haya volvió a sancionar a Colombia por el incumplimiento del fallo del 2012. “Nosotros no podemos seguir incumpliendo nuestros compromisos internacionales, el camino lo señaló claramente la Corte Constitucional en el 2014″, dijo.
El exmandatario aseguró que se debe renegociar el tratado de límites con Nicaragua, en función de proteger los derechos de pesca para la legítima supervivencia de sus habitantes raizales y asegurar la conservación de la zona coralina de Seaflower.
“Luego, pasar ese tratado a través del Congreso de Colombia, para modificar los límites en nuestra carta constitucional. Ese es el camino que nos corresponde como Estado de derecho”, agregó.
“No podemos seguir presumiendo de matones o inventando disculpas para desconocer un fallo que la propia Corte Constitucional dice que es de obligatorio cumplimiento para el caso de Colombia”, señaló.
Por escrito, Samper dijo que en los últimos años la defensa jurídica de Colombia en este caso se ha asumido de forma “errática y poco efectiva”.
“Prueba de ello es que durante el actual gobierno, a pesar del interés de sus agentes, no ha sido convocada una sola vez la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para ocuparse del asunto”, sostuvo.
Por esto, rechazó respuestas al fallo con “matoneo naval o las declaraciones retóricas de falso nacionalismo”. Por eso, dijo, el fallo de 2012 se debe cumplir y “no hacerlo podría acarrear sanciones que harían más difícil una salida”.
Sin embargo, reiteró la lucha por la reivindicación de los derechos de los raizales a pescar y la preservación de la biósfera de Seaflower.
En contra de lo planteado por el expresidente Ernesto Samper, Iván Duque dijo que no negociará con Daniel Ortega, mandatario nicaragüense, durante su administración.
“Nosotros tenemos absoluta claridad de que lo que hay en Nicaragua es una dictadura y es una dictadura que en este momento es rechazada globalmente, es rechazada por la persecución a la oposición, por el cierre a las universidades, es censurada por la forma en la que quieren acabar con la prensa libre y limitar las libertades económicas”, aseveró, arremetiendo directamente contra Ortega.
Incluso, el embajador en el país centroamericano, Alfredo Rangel, seguirá en territorio colombiano.
“Colombia tiene una actitud absolutamente clara: nosotros no vamos a conectar con ese régimen, el embajador Rangel está en Colombia y seguirá en Colombia”, agregó.
En la mañana de este jueves, el presidente recalcó que Colombia seguirá ejerciendo soberanía y ordenó a la Armada a mantener las operaciones militares.
“En ningún caso, la presencia de la Armada es amenazante cómo lo pretendió Nicaragua desde el inicio del proceso, dicha petición fue rechazada en el fallo de excepciones preliminares que se presentó en el 2016, la Corte reconoció el derecho de Colombia a navegar libremente en el área para luchar contra los delitos transnacionales y el narcotráfico, desde un comienzo esa fue la posición de la defensa de Colombia y fue lo que la corte reiteró el día de hoy”, dijo el jefe de Estado.
Agregó el presidente Duque que, “en segundo lugar, la unidad, integridad, indivisibilidad del archipiélago de San Andrés y Providencia, Santa Catalina y los cayos y todas las islas que lo conforman se mantienen, la zona contigua que Colombia estableció en el archipiélago es en lo fundamental ajustada al derecho internacional, además, la Corte aceptó que la zona contigua integral le da derechos a Colombia de preservar su derecho arqueológico y patrimonial. En tercer lugar, los pescadores raizales pueden navegar en el Caribe hasta llegar a los bancos de pesca que tienen y que han tenido históricamente y que además están en el mar territorial colombiano y en la zona económica exclusiva de nuestro país tal y como se ha venido haciendo históricamente”.