Cristian Guatame es fisioterapeuta; desde que se graduó ha intentado vincularse directamente con alguna clínica, hospital o Empresa Prestadora de Salud (EPS). Aspira a tener condiciones dignas de trabajo, con derecho a primas, vacaciones, y otros beneficios que tiene el trabajo formal, pero sus deseos no se han cumplido.

La mejor opción que las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) le ofrecen es un contrato de prestación de servicios atendiendo pacientes en las casas. Pagan por horas laboradas, tiene que vincularse a varias empresas para alcanzar a cubrir el día y que la remuneración valga la pena. Sin embargo, se demoran en pagar hasta 90 días después de que pasa la cuenta de cobro.

Al igual que él, hay cientos de profesionales de la salud, entre terapeutas respiratorios, médicos, fonoaudiólogos y enfermeros, que deben pedir dinero prestado para poder transportarse, pues los pagos llegan tres meses después. El 65 % de estos trabajadores está en la informalidad, según un reciente estudio hecho por el observatorio laboral de la Universidad del Rosario. Aunque se pensaba que la pandemia traería mejores condiciones a estos profesionales, el estudio demuestra que sus ingresos disminuyeron en 500.000 pesos mensuales.

El otro problema es que muchos estaban vinculados con las EPS que han sido liquidadas, así que el dinero perdido es mayor. El fuerte rumor de que se acabarán estas entidades en la reforma a la salud que se presentará en 2023 aumenta el temor de estos profesionales. En marzo pasado, Cristian estaba atendiendo a una señora de 55 años que sufrió un accidente cerebrovascular, perdió sus movimientos y el habla. Mientras le hacía la terapia para estimularla de nuevo, recibió una llamada de Salud Contigo S.C. IPS S.A.S, en la que le ordenaban dejar de atender pacientes porque Medimás había sido liquidada.

Cristian tuvo que dejar la atención de sus pacientes a medias. Aunque le prometieron que le iban a pagar más de dos meses de trabajo que le debían, nunca lo hicieron y la IPS cerró sus oficinas. Nunca volvieron a contestar teléfonos, SEMANA los buscó infructuosamente.

Esa historia es la misma de decenas de expertos que fueron consultados. Para el abogado laboral Iván Jaramillo, estos profesionales son los que están en mayor desventaja dentro de la cadena. Cuando se presenta una liquidación, la ley obliga que las primeras deudas que se deben pagar son las de los empleados, pero eso aplica para los que están contratados directamente.

Después, se ponderan las otras obligaciones, entre ellas las deudas a proveedores. Salud Contigo era un proveedor de Medimás, así que si alcanza el dinero, se le pagará y la IPS tendría la responsabilidad de cancelarles a los trabajadores. A los profesionales de la salud no les queda otro camino que emprender acciones jurídicas en contra de los socios de la IPS, asumiendo altos costos de abogados.

La inseguridad laboral es de tal magnitud que Alicia López, una fonoaudióloga, coincide con otros profesionales de la salud, en dejar de atender pacientes y dedicarse a labores administrativas o incluso a otros oficios donde les paguen. “No puedo seguir trabajando gratis, necesito pagar mi crédito al Icetex y alimentarme. Lo lamento por los pacientes que necesitan atención constante”, dice la mujer.

Además, alertan que esa situación llevaría a que la atención de los pacientes esté en riesgo porque podrían contratar personal que no esté suficientemente capacitado para atender enfermos.

El problema es que si hay menos personal de la salud rehabilitando a sus pacientes, esto frenará la recuperación y generará gastos adicionales por varios años al sistema de salud. Por eso, piden que en las reformas laboral y de salud sea tenida en cuenta esta problemática porque necesitan un trato digno, más allá de promesas y palabras.