Los familiares de los desaparecidos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia decidieron no asistir este jueves a la audiencia que se celebra en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). ¿La razón? La negativa de los militares de aceptar responsabilidades y entregar información sobre los trágicos hechos que se registraron durante el 6 y 7 de noviembre de 1985.
En una carta enviada a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, doce de los familiares manifestaron de las víctimas del Palacio de Justicia afirmaron de forma radical que no tenían ningún interés en presentarse a la nueva diligencia puesto que, el pasado miércoles, dos de los militares convocados manifestaron que, pese a la condena que existe en su contra, que no tenían ningún tipo de responsabilidad.
“Hoy, después de casi 38 años, insisten en desaparecer asiduamente a nuestros familiares ya desaparecidos y asesinados a sangre fría, desaparecer sus memorias, su dignidad y nuestra lucha por encontrar una verdad que hemos construido a pedazos”, precisa uno de los apartes de la comunicación.
En este sentido se le pide a los magistrados, con un son de clamor, que no se presten para que los citados sigan negando la verdad y no cuenten todo lo que saben. “No se conviertan en cómplices silentes de la barbarie a la que nos hemos visto sometidos durante más de 37 años y por tanto solicitamos la expulsión inmediata de la JEP de los comparecientes que han sido convocados”.
La misiva está firmada por los familiares de los trabajadores de la cafetería Carlos Augusto Rodríguez Vera, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Ana Rosa Castilblanco, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao; así como del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas; y la guerrillera del M-19, Irma Franco.
Expulsión de la JEP
En la carta, consideran que no existe un rastro de voluntad por parte de los tres militares por lo que se le solicita a la JEP su expulsión inmediata por incumplir los compromisos mínimos. “Hemos visto que el propósito de los comparecientes y sus abogados es totalmente diferente, pretenden, a través de este mecanismo, realizar un revisionismo histórico y convertir este modelo de justicia en una nueva instancia de justicia penal ordinaria, desvirtuando así el propósito del Acuerdo de Paz y el objetivo que tiene una justicia transicional, el cual es, eventualmente, acercar a la reconciliación de los ciudadanos para la superación de la violencia en el país y así obtener una paz estable y duradera”.
Los familiares insisten en que la JEP debe velar por el esclarecimiento de la verdad y conocer nuevos detalles sobre la desaparición forzada de sus seres queridos. La evidencia, insisten, es que los militares los sacaron con vida del Palacio de Justicia y los trasladaron hasta la Casa del Florero, donde operaba el improvisado puesto de mando, donde fueron sometidos a un interrogatorio con torturas incluidas, puesto que fueron señalados de ser colaboradores del M-19 y tener conocimiento del los planes guerrilleros.
En uno de los apartes del comunicado cuestionaron el hecho que se quieran negar la desaparición -como lo hizo el abogado del sargento Gustavo Arévalo Moreno- quien aseveró que los restos de estas personas estarían refundidos. “A la JEP se le ha advertido, desde el principio, que no existe ningún ánimo de aporte a la verdad por parte de los comparecientes en el caso del Palacio de Justicia, se le ha insistido mediante memoriales y recursos sobre la falta de compromiso con la vedad”.
“Esperamos que este escenario no se convierta nuevamente en un clamor a oídos sordos, esperamos de ustedes que muestren la valía de un órgano de justicia transicional y que, de una vez por todas, envíen un mensaje fuerte y contundente frente a comparecientes que lo único que buscan es seguir buscando la justicia, a la democracia y a toda la sociedad, a través de la búsqueda de una “cuarta instancia”, paralizando los procesos”.