Tras el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, de convertir a miembros de la primera línea en gestores de paz, su ministro del Interior, Alfonso Prada, salió a entregar los detalles de esa propuesta de Gobierno. Lo primero que advirtió Prada es que no se trata de amnistías e indultos, es una “figura transitoria” autorizada por la ley en el marco de la paz total.
Prada aseguró que este lunes 5 de diciembre habrá una reunión entre el presidente Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa, para discutir los alcances de esta propuesta, que lanzó el presidente una vez ganó las elecciones, cuando en el Movistar Arena aseguró que los jóvenes estaban detenidos ilegalmente.
En ese momento, el fiscal Barbosa defendió a la Fiscalía y dijo que los detenidos estaban a órdenes de los jueces y no del ente acusador.
La reunión que se tiene prevista le permitirá al presidente de la República entregar los detalles de cómo sería el proceso para convertir a esos jóvenes detenidos, integrantes de la primera línea y procesados por graves hechos, en los gestores de paz que requiere el Gobierno en su iniciativa de paz total.
“Desde ese momento nos impartió instrucciones el presidente y desde el 7 de agosto en forma responsable y muy coordinada como Gobierno hemos estado revisando las alternativas que se tienen para ello. Tenemos alternativas en la Ley 418 que acabamos de reformar a través de la Ley 2272 para convertir a muchas de las personas que han trabajado dentro de organizaciones sociales humanitarias”, dijo Prada.
Prada aseguró que esa fue una promesa que hizo el presidente de la República una vez se enteró de que ganó las elecciones y desde ese momento vienen trabajando para llegar a algunos acuerdos que permitan, bajo el debido proceso y las leyes existentes, brindar soluciones negociadas a personas que fueron detenidas en el marco de las protestas.
“Como política pública de Gobierno consagrada además en la Ley de Paz Total, en ese escenario aquellos que consideremos o que considere el presidente de la República tienen la opción de contribuir a lograr la paz total y la convivencia ciudadana, van a ser designados como voceros de paz o como gestores de paz…”, explicó el ministro del Interior.
En compañía del ministro de justicia, Néstor Osuna, el ministro Prada advirtió que es necesario preparar un decreto reglamentario que le otorgue esas atribuciones al presidente de la República. Muchas personas, ahora procesadas, están bajo custodia de la judicatura, de los jueces que impusieron las medidas de aseguramiento y existen víctimas acreditadas de los hechos cometidos por quienes ahora aparecen en el listado de beneficiarios del Gobierno.
“Estás competencias se van a cumplir necesariamente de la mano de los jueces de la República y de la Fiscalía General de la Nación el día de mañana, lunes al mediodía. Tendremos una reunión con el fiscal general y el presidente de la República, donde uno de los temas que se va a tratar es lo que vamos a presentar al señor fiscal”, señaló el ministro.
Esa serán las prioridades de la reunión entre el fiscal y el presidente: definir el alcance de los beneficios judiciales y de qué manera podría tratarse con la judicatura. Son 648 personas involucradas en casos de violencia contra servidor público, lesiones personales, terrorismo y tortura, que fueron judicializadas con el material probatorio suficiente.
“Con la justicia avanzaremos en el estudio de cada caso, quiero dejar muy en claro que esto no es un proceso ni de amnistía, ni de indulto ni de perdón judicial. Todos los procesos judiciales de quienes hayan sido judicializados en medio de la protesta continuarán en manos de los jueces hasta su terminación. No hay amnistía, no hay indulto, no hay perdón judicial”, reiteró el ministro Prada.