Cero y van tres los pronunciamientos que se han hecho en contra de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por sus recriminaciones a los jueces de la República. En esta oportunidad, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) calificó de irrespetuosas las declaraciones hechas por la mandataria distrital cuando señaló que los criminales son dejados sistemáticamente en libertad.

La Corporación recordó que no es la primera vez que hace una mención en contra de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial. En 2021, reseñaron, había manifestado que ocho de cada diez criminales capturados quedaban en libertad por la actuación de los jueces. Cuando se le pidió que demostrara las fuentes que había utilizado para hacer esa información, no respondió. “No podemos ser jueces de bolsillo de los mandatarios locales o nacionales, porque somos el sostén del Estado Social de Derecho, donde todos los ciudadanos son iguales y merecen el cumplimiento de los derechos fundamentales”.

Frente a las recientes declaraciones hechas por la alcaldesa, la Corporación indicó que “no se puede culpar a los jueces por la grave inseguridad que está viviendo Colombia”. Para la Corporación, las decisiones se toman en Derecho, teniendo en cuenta las normas que existen. “No podemos ir en contra de la ley, pues estaríamos incurriendo en prevaricato”.

En el documento de tres páginas se advierte que la Fiscalía es la encargada de presentar las respectivas solicitudes ante los jueces, sustentándolas en evidencia probatoria. De ahí, los funcionarios judiciales definen si cumplen o no los requisitos que establece la ley. “El juez no puede oficiosamente afectar la libertad de los ciudadanos”.

En caso de comprobar que existieron fallas en el procedimiento de captura o que no se cumplen fielmente las tres condiciones para la emisión de una medida privativa de la libertad, los jueces toman la decisión de rechazar la petición. “Los jueces de control de garantías han dejado en libertad a presuntos delincuentes, cuando se prueba que se le han vulnerado sus derechos fundamentales. En este caso, las capturas son declaradas ilegales”.

Frente a esta situación, señalaron que a la mandataria pareciera que se le olvidó cómo es el trámite que fija el Código Penal y las leyes, puesto que los procesos continúan hasta que se emita una decisión de fondo, teniendo en cuenta los elementos materiales probatorios.

El hecho de que la Alcaldesa hubiera mencionado que el sistema judicial avala la delincuencia y pareciera que “robar es un deporte y no un delito” van en contravía de la independencia de poderes que estable la Constitución Política.

“La Rama Judicial permite el acceso de la justicia en condiciones de igualdad y respetando los derechos fundamentales de las partes, y por ello se debe realizar el debido proceso, no solo en la Constitución Política y en la Ley, sino en las normas de derecho internacional, como la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras”, aclara la comunicación.

Este pronunciamiento se suma al hecho por la Federación Nacional de Jueces y Fiscales, que calificó como una intromisión “ligera e irrespetuosa”, puesto que se desconoce la independencia de poderes.

“Precisamos que los jueces no somos quienes construimos la Ley y, por tanto, no determinamos las causales de libertad provisional y mucho menos establecemos los topes mínimos y máximos de pena. Colombia, suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que se integran a la Constitución Colombiana, a la cual todos estamos sometidos, incluyendo los alcaldes”, señala la agremiación.

Por su parte, el Consejo Supeiror de la Judicatura, sin mencionar a la mandataria, pidió respetar la división de los poderes en Colombia que fija la Constitución Política. “Los servidores judiciales tienen, en su funcionalidad, el propósito de fortalecer el Estado Social de Derecho, bajo los principios democráticos”.