Una relatoría entregó a la alcaldesa Claudia López un duro informe en contra de la Policía por los graves hechos que se presentaron en Bogotá y Soacha el 9 y 10 de septiembre de 2020, luego de que se diera la muerte de Javier Ordóñez durante un procedimiento policial.
Entre lo que reveló el informe se denuncia que hubo una masacre ocasionada por uniformados que hicieron uso ilegítimo de armas de fuego contra la población civil.
“Los días 9 y 10 de septiembre de 2020, la Policía de Colombia reaccionó en forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad en la atención de las manifestaciones ciudadanas ocurridas en Bogotá y Soacha, donde se presentaron protestas por el asesinato de Javier Ordóñez en un procedimiento policial. El uso ilícito de las armas de fuego por parte de algunos miembros de la institución produjo una masacre que cobró las vidas de 11 jóvenes en idénticas circunstancias y en un corto lapso temporal”, indica el documento de 182 páginas.
En el informe también se lee que “la masacre ocurrió ante la ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes, en un contexto social complejo y de alta tensión que requería un decidido liderazgo político y operativo, en los niveles nacional y distrital, fundado en los derechos para evitar su ocurrencia”.
Tras las declaraciones de López, el ministro de Defensa, Diego Molano, rechazó el informe y dijo que no se podía hablar de masacre. En conversación con la emisora Blu Radio dijo que la Policía “reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad, en la atención de las manifestaciones ciudadanas ocurridas en Bogotá y Soacha”.
Sin embargo, agregó que “corresponde a las autoridades judiciales otro proceso para señalar los responsables. Es inaceptable que se califique como una masacre de la Policía. Los policías tienen derecho al debido proceso. No puede un informe independiente juzgar a los policías sin permitir que las autoridades que corresponden, que son la Fiscalía y la Procuraduría terminen esos procesos”
Molano también señaló que la única orden que se les ha dado a los policías es la de mantener la seguridad en la ciudad. “La única orden que ha habido es siempre mejorar y por eso allí donde hemos tenido que mejorar se hizo el proceso de transformación con las leyes aprobadas de profesionalización y un nuevo estatuto disciplinario para la Policía”.
Cabe señalar que ante las palabras del informe, la Policía desempolvó como respuesta pronunciamientos que había hecho en el pasado el director de la Policía, el general Jorge Vargas.
“Esperamos que en la etapa de juicio las autoridades competentes tomen las decisiones que correspondan respecto a los uniformados que no han sido cobijados con medida de aseguramiento. Oportunamente fueron apartados del servicio de vigilancia”, dijo el general Vargas el pasado 9 de septiembre.
En su momento, el inspector general, el general Jorge Luis Ramírez, dijo que “por los hechos de septiembre del año pasado hay 18 policías sancionados y las investigaciones abiertas por la Inspección General de la Policía Colombia siguen avanzando”.
La Policía también desempolvó para referirse al informe de este lunes 13 de diciembre, el perdón que ofreció el general Vargas por las actuaciones ilegítimas en las que pudieron incurrir uniformados.
“La Policía de Colombia pide una vez más perdón a todas las víctimas de hechos cometidos por integrantes de la Institución, que hayan sido probados por la justicia en el debido proceso. No toleramos ninguna clase de atropello que vulnere los derechos humanos”, señaló el mando policial.