El recién posesionado presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, sentó su posición frente a los hechos registrados en la tarde del pasado jueves 8 de febrero, cuando un grupo de manifestantes cercó el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, en medio de las marchas para exigir la pronta elección de la nueva fiscal general de la nación.
Según el magistrado Reyes, simplemente “no se puede minimizar lo que sucedió ese día”. Pese a que no hubo heridos ni muertos durante la jornada de protestas, que se acrecentó después de conocer la posición de la Corte Suprema de suspender la votación, lo cierto es que sí se marcó un antecedente en contra de la administración de justicia.
“Banalizar, minimizar, en todo caso, hacer ver como menos problemático lo que sucedió. Lo que sucedió fue grave, no obstante que no haya salido nadie herido ni a nadie se haya atacado”, aclaró el magistrado Reyes, haciendo una evaluación de lo ocurrido durante las marchas.
Para el presidente de la Corte Constitucional, las imágenes que se registraron ese día muestran algo que no se puede negar a la luz de hoy, haciendo clara referencia a lo dicho por el presidente Gustavo Petro en los últimos días.
“El Presidente dijo que nunca los dos estados pudieron estar imposibilitados de movilizarse, es decir, entrar y salir, que podían hacerlo a placer entrar y salir. Eso no es cierto por las imágenes que vimos, es decir, creo que es necesario reconciliarnos con la verdad. Hubo desmanes, hubo abusos, hubo extralimitaciones, hubo manifestaciones violentas”, aseguró.
Por esto, hizo un llamado para que, en los próximos días, se discuta con calma todo lo que rodea la elección de la nueva fiscal de la nación, y evitar, a toda costa, los actos violentos.
Este mensaje se suma al enviado el pasado viernes por la Corte Suprema de Justicia que advirtió por la gravedad de los hechos vividos y pidió no minimizar la situación.
“La Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas”, advirtió el alto tribunal.
Por medio de un comunicado, la Corte Suprema rechazó tajantemente el asedio, bloqueo, amenazas e intimidaciones que se presentaron durante la jornada de protestas, que pusieron en grave riesgo la integridad de las personas que estaban dentro del Palacio. Recalca el alto tribunal que “la democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la Justicia”.
“En un Estado de derecho como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley. Todo conflicto o diferencia deben ser tramitados por medio de los pronunciamientos institucionales consagrados en el orden jurídico”, manifiesta el alto tribunal, en rechazo a todo lo ocurrido, advirtiendo que los bloqueos a las puertas de ingreso “afectan gravemente el derecho a la libertad de locomoción, ponen en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país”.
La manifestación del pasado jueves entró en un punto de tensión máxima después que se conociera la decisión de reprogramar la votación para elegir a la nueva fiscal general de la nación, puesto que ninguna de las ternadas alcanzó ni estuvo cerca de lograr los 16 votos que exige el reglamento.
“Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado”, asevera la comunicación. Y es que varios de los manifestantes presionaban a la Corte para que eligiera una fiscal general inmediatamente, mientras rechazaban el hecho de que la vicefiscal Martha Mancera asuma como fiscal general encargada a partir del próximo 13 de febrero.