Desde el mes de agosto, la concejal del partido liberal, María Victoria Vargas, con factura en mano, denunció los supuestos sobrecostos en un contrato que habría celebrado la Secretaria Distrital de Salud (SSD), por la compra de unos teléfonos, lo cual generó algunas dudas sobre el manejo de los dineros bajo el mando del secretario de salud Alejandro Gómez López.
Recientemente, la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) le declaró el incumplimiento parcial del contrato a la Secretaría Distrital de Salud, debido a la decisión del secretario de detener los pagos luego de las denuncias hechas por la concejal Vargas, lo cual revive la polémica sobre qué es realmente lo que sucede en la (SDS) con respecto a este contrato, pues es inusual que se le declare incumplimiento a una entidad del Estado en las operaciones que realizan por la BMC.
Juan Pablo Nova, abogado del contratista mediante el cual fueron obtenidos dichos bienes y servicios de tecnología, en diálogo con SEMANA, declaró que “en ningún momento se habrían presentado sobrecostos, entendiendo que este tipo de contratos se realizan sobre montos globales en los cuales se incluyen todos los costos directos, indirectos, servicios y riesgos, los cuales para el presente contrato están relacionados con software, hardware, equipos de comunicaciones, licenciamientos, obsolescencia, desabastecimiento, fluctuación de dólar, entre otros”.
El abogado indica que la denuncia realizada por la concejal María Victoria Vargas en el cabildo Distrital es un ejercicio de control político válido pero no contempla una serie de servicios conexos y que además hace parte de un contrato con más de 12 ítems. Indica además que dicho producto (teléfono IP) junto a los demás servicios conexos, no llegaría al costo de $3.128.999, de modo que es claro que frente a este ítem existe un margen positivo que no es propiamente de ganancia, sino de apalancamiento de los otros ítems del contrato, aspecto propio de estos negocios en los cuales existe esa relación marginal de costos entre ítems.
Lo cierto, es que las declaraciones hechas por el secretario Gómez y sus posteriores decisiones, como lo fue mandar a desinstalar los productos ya entregados mientras se esclarecía la situación, han sido uno de los focos de atención sobre este tema, puesto que, al ser un contrato Estatal, este no tendría la potestad de terminar o pausar el contrato, como supuestamente lo hizo tras dar sus declaraciones.
Algunos, como el abogado Nova, han calificado como “extrañas” las acciones que ha venido tomando el funcionario frente al tema, y se han cuestionado si en realidad han sido las más pertinentes por parte de la SDS.
“Él ha dicho cosas en medios sobre sus decisiones, tales como emitir instrucciones a las subredes de no utilizar los bienes recibidos o desinstalar los mismos, decisiones que ponen en riesgo el patrimonio del distrito y a los usuarios de la red hospitalaria, por ejemplo, nos preguntamos, hay unas UPS que son unos equipos de respaldo eléctrico, que están instalados a las unidades de neonatos, ¿Qué van a hacer? ¿Van a quitarle las UPS a esas unidades colocando en riesgo a los recién nacidos? Eso se sale de cualquier concepto de servicio público eficiente” agregó Nova.
Hoy ese contrato se encuentra declarado incumplido parcialmente por la parte de la Bolsa Mercantil de Colombia, quien afirma que la SDS ha incumplido el contrato por no pagar los bienes recibidos, situación que expone al Distrito a demandas, embargos y al pago de intereses por mora.
La historia de los supuestos sobrecostos que tiene en jaque a la Secretaría de Salud
La Secretaría de Salud de Bogotá sigue en el centro de las críticas por millonarios sobrecostos en contratos para la adquisición de varios elementos al interior de la entidad, situación que ha dejado muy mal parado al secretario de Salud, Alejandro Gómez.
En el mes de diciembre de 2021, la entidad adquirió, a través del Fondo Financiero Distrital de Salud, 22 digiturnos, cada uno por un valor de $ 102′822.258 de pesos sin IVA y 18 reguladores de energía (UPS 20 KVA), por un valor unitario de $ 57′924.985 de pesos.
Según denuncia la concejal del Partido Liberal, María Victoria Vargas Silva, no se entiende “por qué algunos de los elementos tecnológicos presentan un precio muy superior para los mismos elementos tecnológicos adquiridos en el contrato del mes de octubre de 2021, transcurridos tan solo dos meses”.
Estas compras se hicieron por medio del contrato de comisión 3123046 de 2021, por el cual la Secretaría Distrital de Salud aprobó la compra de equipos en la infraestructura TIC de las cuatro subredes, como parte de la implementación de la estrategia Transformación digital en salud.
Sobre este aspecto, el abogado Nova, indica que “los dos contratos no son comparables, si bien existe identidad en algunos ítems, sus condiciones de entrega, instalación, puesta en funcionamiento, garantías, mantenimiento y soporte, son diferentes. El primer contrato era por una vigencia no mayor a 3 meses, en el cual se hacía entrega en un punto determinado y en infraestructura nueva, en cambio el contrato actual, es por mas de tres años, el cual implica un alcance diferente de todos los servicios y por su extensión en el tiempo se asumen riesgos relacionados con la variación de la TRM y obsolescencia de los equipos, de modo que no es posible comparar de esa manera tan escueta los dos contratos”
La Secretaría de Salud comunicó el 24 de octubre que tomó la decisión de no hacer ningún pago del contrato firmado en diciembre de 2021 con la Unión Temporal Infraestructura a través de la Bolsa Mercantil de Colombia e iniciar todas las acciones judiciales que correspondan para la terminación del mismo., no obstante, a la fecha no ha iniciado ningún acción de orden contractual y por el contrario, el pasado 15 de noviembre la Bolsa Mercantil de Colombia declaró que la SDS ha incumplido parcialmente el contrato.
A hoy existe incertidumbre sobre si dicho contrato se ejecutará o no, pero lo que es claro es que si la entidad decide comprar nuevamente dichos bienes y servicios, lo tendrá que hacer sobre la realidad económica actual, dentro de la cual se encuentra una variación del dólar que sin lugar a dudas encarecerá dichos bienes y servicios, sin olvidar los grandes riesgos para, pacientes y personal de salud, de desinstalar unos equipos que hoy son vitales para la ciudadanía.