SEMANA habló con el exasesor de la Presidencia de la República Andrés Mayorquín y su esposa Karen Cuéllar, quienes son los protagonistas de un escándalo de contratación con entidades públicas que tiene conmocionado al país, caso en el que las autoridades investigan un supuesto tráfico de influencias.
Mayorquín envió un mensaje al presidente de la República, Iván Duque, en el que le ofreció disculpas, y a la jefa de gabinete, María Paula Correa, funcionaria que lo llevó a trabajar en la Casa de Nariño.
“Pido perdón al presidente Iván Duque también en a la jefe de Gabinete y al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, por este tsunami que se me ha venido encima, por actuaciones que de pronto yo he hecho y les ha terminado afectando, nunca pensé que esto se presentara de esta manera”, sostuvo Mayorquín.
Entre tanto, su esposa Karen Cuéllar, en el mismo sentido de Mayorquín, ofreció excusas a las personas que, según ella, confiaron en su trabajo y que le dieron la oportunidad de seguir ejerciendo sus labores.
“Sé que en todos estos hechos en los que yo algún tipo de incidencia, han venido a dañar su buen nombre, su gestión y han venido hacer inconvenientes para ellos”, recalcó Cuéllar.
Y sobre los contratos, indicó: “Resulta importante mencionar que no se ha dado claridad sobre el asunto, porque lo que se plantea es que una vez Andrés Mayorquín entró a la Presidencia de la República no me volví la súper contratista contratando con el Estado, eso no es así porque en febrero de 2002 fue vinculada al Fondo Nacional Económico y para septiembre de 2019 fui con culada a la Agencia de Desarrollo Rural”.
Agregó Cuellar: “También es importante aclarar que Andrés, no es cierto que una vez que Andrés se vinculó a la Presidencia de inmediato me volví la mega contratista y que los contratos salieron de la noche a la mañana, eso no es así, y las razones es que yo estuve trabajando y aprovechaba que las personas una vez eran citadas lo que yo hacía era acercarme, presentarme y decir que podía ayudar”.
No obstante, Karen Cuéllar hizo referencia al por qué en los procesos de contratación dijo que no tenía cónyuge, elemento que es materia de investigación por parte de las autoridades pertinentes, en donde se evalúa si existió o no una inhabilidad.
“Sobre ese tema quiero dar un parte de sinceridad y es que yo desconocía el tema de la ley contractual, en efecto ya después de todo esto de toda esta situación mediática, comprendí y entendí que yo no podía estar contratada en la Presidencia de la República, porque allí era donde laboraba mi esposo, en ese orden de ideas en los demás contratos no incurrí en ninguna inhabilidad, pero como lo indico esto es materia de investigación y en ese caso si la juventud me falló un poco por el conocimiento”, afirmó en diálogo con SEMANA.
Por otro lado, Andrés Mayorquín indicó que su trabajo es respaldado con múltiples estudios que ha desarrollado a lo largo de los años y negó tajantemente que sea “un lagarto”, buscando favorecerse o ayudar a su cónyuge para acceder a procesos de contratación con entidades públicas.
“Aquí lo qué hay es mérito, mi esposa tenía contratos antes de que yo llegara a la Presidencia, todo eso está, no somos lagartos, estoy mistando desde la evidencia, somos dos pelaos que queremos sacar adelante la vida y no lagartear nada ni que le regalen nada”, puntualizó Mayorquín.
Sumado a ese caso, que aún retumba en varios sectores del país por los multimillonarios contratos a los que accedió la esposa del exasesor Andrés Mayorquín -quien trabajaba en la oficina de la jefe de gabinete del presidente Iván Duque-, el director Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, habló sobre el requerimiento que se estaría alistando para que asista al Congreso y dé las respectivas explicaciones del caso.
En ese sentido, Muñoz fue enfático en manifestar que está dispuesto a asistir a la célula legislativa para responder cada una de las dudas que se puedan presentar por el caso Mayorquín y el de su cónyuge Karen Vaquiro Cuéllar, quien logró obtener aceleradamente 24 contratos con más de 15 entidades del Estado, los cuales se suscribieron en tan solo dos años y por valor de 1.245 millones de pesos.
“Sobre la pregunta de la situación de debate de control político, la ley quinta establece la citación a los ministros, pero en el pasado yo he sido invitado por el Congreso a la Comisión Primera; en dado caso que sea citado con mucho gusto ahí estaremos hablando, explicando, y hablar todo lo que se requiera en el honorable Congreso de la República”, dijo Muñoz.
Ese llamado a control político para Muñoz y la jefe de gabinete, María Paula Correa, lo estaría liderando la representante a la Cámara, Katherine Miranda.
“Ellos siempre dicen que no tenían conocimiento, esa es la excusa perfecta para fingir demencia frente a la corrupción que se ha presentado en el gobierno del presidente Iván Duque. Por eso solicitaremos control político para que María Paula Correa y Víctor Muñoz, en calidad de jefe de gabinete y del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre)”, manifestó Miranda.